Iglesias ampara al gerente y la tesorera de Podemos que subieron su sueldo con "complementos ficticios"

El próximo viernes, en menos de una semana, podrán explicarse ante el juez. Juanma del Olmo, secretario de Comunicación; Daniel de Frutos, tesorero y responsable de finanzas; y Rocío Esther Val, gerente de Podemos. Los tres están citados en calidad de investigados por el presunto delito de administración desleal después de que los dos últimos se subieran el sueldo "inventando complementos ficticios" para añadirse "a la nómina 600 euros mensuales" sin que lo aprobara la Ejecutiva del partido.

Tras la formación del Gobierno de coalición, Del Olmo mantiene su cargo orgánico al tiempo que es director de Estrategia y Comunicación de la Vicepresidencia segunda de Pablo Iglesias. Mientras y a pesar de la imputación y las acusaciones de haberse inflado la nómina, tanto De Frutos como Val siguen en sus cargos de tesorero y gerente de los morados.

La acusación de Carmona se produjo en el marco de la denuncia presentada por José Manuel Calvente, despedido junto a ella en diciembre de 2019. Este periódico ha tenido acceso al vídeo de la declaración de Carmona, que fue responsable de Cumplimiento Normativo de la formación morada hasta que fue despedida a principios de diciembre de 2019 junto a su compañero Calvente, entonces responsable de protección de datos.

Mónica Carmona, exabogada de Podemos, y Pablo Iglesias, secretario general del partido. E.E.

Los dos formaban parte del Comité de Cumplimiento, que coordinaba entonces Gloria Elizo, como jefa del aparato jurídico de Podemos, y en el que también estaban incluidos Denis Maguire; responsable económico-financiero; Pablo Manuel Fernández Alarcón, exgerente y pareja de Elizo; y los propios Daniel de Frutos y Rocío Esther Val. 

Según afirma Carmona en su declaración, a preguntas del juez Escalonilla, un alto cargo del partido "con conocimiento de los hechos por su responsabilidad, pero de quien debo mantener el anonimato", contactó con ella en octubre de 2019, para advertirle de que las investigaciones que tenían abiertas les iban a costar caro.

Así lo revela en su declaración judicial Mónica Carmona, exabogada del partido de Iglesias, ante el juez del 42 de Instrucción de Madrid, Juan José Escalonilla el pasado 28 de octubre. 

"Se dice que a José Manuel [Calvente] lo van a acusar de acoso sexual o laboral", recuerda, "y que desde febrero de 2019, a la abogada Marta Flor Núñez, que es la que le acusa, le habían subido la nómina en 210 euros mensuales, por un complemento de responsabilidad personal". Según Carmona, ese añadido a la nómina "no estaba justificado, porque sus funciones no habían cambiado, eran las mismas de las que ejercía con anterioridad".

"Complementos ficticios"

Además, este mismo informante le revela que "quien se ha aumentado el sueldo han sido el tesorero Dani de Frutos y la gerente [Rocío Esther Val], y me facilitan las nóminas". En ellas, la exabogada de la formación morada advierte que hay "dos complementos, uno de coordinación ejecutiva y otro de coordinación" que no constan en las tablas salariales de Podemos, "y que, por tanto, no podía cobrar nadie".

Según Carmona, "ellos mismos se subieron el sueldo", porque el partido busca "evitar agravios comparativos" y sólo se cobra en función de la categoría. Tal como indica la testigo, "eran complementos ficticios para justificar una subida de nómina de 600 euros mensuales". Y que ellos mismos habían decidido individualmente. Más tarde, a las preguntas del abogado de Podemos, Carmona se ratifica: "Eso lo tiene que aprobar la Ejecutiva del partido, y nunca lo hizo... no vas a decidir inventarte un complemento y encima ponértelo para ti".

Rocío Val, Juanma del Olmo (en el centro, con una camiseta de los 'papeles de Bárcenas') y Daniel de Frutos. E.E./EFE/E.P.

Ante la insistencia del letrado de la formación política, que trataba de desacreditarla con documentos, la extrabajadora de Podemos insiste en que el ejercicio 2019 fue un auténtico caos en el partido: "Era un hecho que no había presupuesto, lo que usted aporta", responde dirigiéndose al abogado morado, "es un borrador, porque los presupuestos los tendría que haber aprobado el Consejo Ciudadano Estatal [CCE], y no se sometieron a su aprobación".

Incluso, Carmona desafía a que el juzgado pida las actas de esas reuniones, o que el juez Escalonillas llame a declarar a todos los miembros del CCE, "ya verán cómo lo corroboran".

Despidos fulminantes 

Cuando fueron despedidos ambos, Carmona y Calvente, formaban parte del equipo jurídico del partido de Pablo Iglesias, concretamente en el departamento de Cumplimiento Normativo, ella como responsable y él como jefe de protección de datos. Ésas eran sus categorías hasta su despido, en diciembre de 2019, precisamente cuando investigaban estas y otras irregularidades.

"Teníamos que llevar nuestras investigaciones de manera sigilosa", admite Carmona en otro pasaje de su declaración, "porque dos de los implicados en las irregularidades eran nuestros superiores y miembros del Comité de Cumplimiento".

El pasado 28 de octubre, Carmona comparecía de manera telemática. La declaración duró más de tres horas, y la letrada destituida corroboró, a preguntas del juez Juan José Escalonilla, lo mismo que declaró Calvente en la ratificación de la denuncia, el pasado 29 de julio.

Entonces, el abogado de Podemos trató de acorralarlo acusándolo de que en su nómina también había complementos: "El mío era de responsabilidad personal, y ése sí está contemplado en las tablas", repuso el abogado despedido.

El propio José Manuel Calvente, además, tuvo que afrontar una falsa acusación de "acoso laboral con agravante de género", que fue lo que alegó Podemos para justificar su despido. Hace algo más de un mes, Podemos evitó el juicio oral acordando extrajudicialmente con Calvente la admisión de que no hubo conducta delictiva alguna.  

La supuesta víctima del acoso era otra de las abogadas de Podemos, Marta Flor Núñez, quien no sólo es la letrada de Dina Bousselham en el caso Tándem, sino que es una de las "al menos tres perceptores de sobresueldos irregulares" que investigaban Carmona y Calvente cuando fueron despedidos.