Los abogados de Puigdemont, Paul Bekaert y Christophe Marchand, al término de la vista

Los abogados de Puigdemont, Paul Bekaert y Christophe Marchand, al término de la vista Yves Herman/Reuters

Política

Bélgica aplaza al 4 de diciembre la decisión sobre la entrega de Puigdemont

La Fiscalía pide que se ejecute la euroorden salvo para el delito de prevaricación.

La justicia belga ha decidido este viernes aplazar hasta el próximo 4 de diciembre su decisión sobre si entrega o no a España al ex presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont y a los cuatro exconsellers huidos con él a Bélgica, según han informado los abogados de la defensa.

Durante una vista en el Palacio de Justicia de Bruselas que ha durado apenas una hora, la Fiscalía belga ha pedido que se ejecute la euroorden emitida por la Audiencia Nacional contra Puigdemont salvo para el delito de prevaricación, ha dicho el abogado Christophe Marchand. Pero el juez ha decidido dar más tiempo a las partes para presentar sus argumentos.

"Hemos tenido una audiencia serena con el fiscal, que ha presentado sus peticiones. Vamos a examinar el litigio el 4 de diciembre", ha anunciado Marchand al término de la vista. "El fiscal ha pedido que se ejecute la orden europea de entrega salvo para un hecho, que es la prevaricación", ha explicado.

"Se ha tomado la decisión de aplazar el procedimiento al 4 de diciembre de 2017 con el fin de garantizar que todas las partes implicadas puedan preparar y clarificar su posición sobre la ejecución de las órdenes de entrega", ha informado la Fiscalía de Bruselas en un comunicado. El fiscal no ha querido hacer más precisiones alegando que los trámites de la euroorden se realizan a puerta cerrada.

La Fiscalía belga acepta la mayoría de los delitos

La juez Lamela había acusado a Puigdemont y los exconsellers de los delitos de prevaricación, desobediencia, rebelión y sedición. Una vez excluida la prevaricación, el fiscal considera que la tipificación del resto de delitos según el código penal belga se correspondería con las figuras de 'coalición de funcionarios' y 'desvío de fondos públicos'.

"Por lo demás, vamos a intercambiar argumentos escritos con ellos y volveremos más adelante", ha concluido Marchand. El 4 de diciembre se celebrará una nueva vista a puerta cerrada, pero tampoco es seguro que el juez vaya a decidir en esa fecha sobre la euroorden. Ni Puigdemont ni los exconsellers -Clara Ponsatí, Lluís Puig, Toni Comí y Meritxell Serret- se han dejado ver durante la vista.

Puigdemont no se ha dejado ver en el Palacio de Justicia de Bruselas

Puigdemont no se ha dejado ver en el Palacio de Justicia de Bruselas Yves Herman/Reuters

No obstante, la decisión de la Fiscalía significa que acepta la mayor parte de delitos que Lamela atribuye al expresidente catalán. Se trata de un paso importante porque ninguno de ellos figuraba en la lista de 32 infracciones de la euroorden que permiten una entrega casi inmediata. Si la justicia belga no hubiera reconocido la sedición y la rebelión, la euroorden habría sido rechazada.

Penas inferiores a las de España

El problema ahora es la diferencia de penas. El delito belga de 'coalición de funcionarios' está castigado con un máximo de seis meses de cárcel, frente a los 15 años de la sedición en España. La Fiscalía y el juez deberán examinar ahora si esta disonancia les plantea problemas. El otro delito, el de malversación, está reconocido tanto en Bélgica como en España. 

Los abogados de Puigdemont  -entre ellos el representante histórico de ETA en Bélgica, Paul Bekaert- piden al tribunal belga que rechace su entrega. Alegan que en España será sometido a un "juicio político". Es decir, que no se le persigue por hechos constitutivos de delito sino por sus ideas políticas independentistas. La denegación de un juicio justo constituye una vulneración de derechos fundamentales que justificaría tumbar la euroorden.

Puigdemont se encuentra en situación de libertad vigilada en Bélgica desde el pasado 5 de noviembre, a la espera de la decisión sobre la euroorden. No puede irse del país sin permiso del juez, ha debido comunicar un domicilio fijo en Bruselas y tiene que presentarse a la policía o la justicia cada vez que sea convocado. Según la normativa de la UE, la justicia belga dispone de un plazo máximo de 60 días para decidir sobre la entrega del expresidente catalán, prorrogables a 90 en casos extraordinarios.