Comisión de Secretarios y Subsecretarios el pasado 6 de septiembre.

Comisión de Secretarios y Subsecretarios el pasado 6 de septiembre. Presidencia del Gobierno

Política EL GOLPE SEPARATISTA

Cuatro exconsejeros autonómicos integran la Comisión que gestionará la Cataluña del 155

Forman parte de la Comisión de Secretarios de Estado y Subsecretarios, que administraría desde Madrid el día a día de la Generalitat.

Jorge Sáinz

La Comisión de Secretarios de Estado y Subsecretarios, presidida por la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, será el órgano que gestione la Generalitat si finalmente se aplica el artículo 155. El Gobierno, tal y como ha informado EL ESPAÑOL, entiende que es la solución menos traumática para asumir las funciones del presidente Carles Puigdemont y sus consellers, que perderían sus competencias. Esta fórmula todavía se negocia con el PSOE, pero todo indica que Moncloa se inclina por una intervención breve y elecciones autonómicas a corto plazo.

Fuentes del Gobierno explican a este diario que lo más importante es tener bien atada la gestión diaria de la administración autonómica. “No tiene nada que ver con la Administración central”, dicen estas fuentes. “La toma de decisiones, o la falta de ellas, tiene un impacto directo e inmediato en los ciudadanos”.

Aragón y Castilla La Mancha

En este compás de espera hasta las 10 de la mañana del jueves, fecha en la que expira el plazo del requerimiento del Gobierno a Puigdemont, hay seis personas que pueden estar jugando un papel fundamental en la organización de esta Comisión como administración interina de Cataluña. Son cuatro exconsejeros autonómicos que ocupan actualmente tres secretarías de Estado y una subsecretaría. Hay además dos exalcaldes.

Se trata de Marcial Marín; secretario de Estado de Educación y exconsejero de Educación, Cultura y Deporte de Castilla La Mancha; Arturo Romaní, subsecretario de Defensa y exconsejero de Hacienda de Castilla La Mancha; Roberto Bermúdez de Castro, secretario de Estado para las Administraciones Territoriales y exconsejero de Presidencia, Justicia e Interior del Gobierno de Aragón; y Mario Garcés, secretario de Estado de Servicios Sociales e Igualdad y exconsejero de Hacienda y Administración Pública de Aragón.

En la Comisión también participan Agustín Conde; secretario de Estado de Defensa y exalcalde de Toledo; y José Enrique Fernández de Moya, que fue alcalde de Jaén y es secretario de Estado de Hacienda y por lo tanto responsable de la Agencia Tributaria. Fernández de Moya, por ejemplo, ya supervisa las cuentas de Cataluña y el pago de las nóminas a los funcionarios catalanes tras la intervención del Presupuesto de la Generalitat al amparo de la ley de Estabilidad Presupuestaria hace un mes.

Ellos tienen el conocimiento de la gestión autonómica y la municipal en el caso de los alcaldes. Su papel será clave a las órdenes de Sáenz de Santamaría para administrar la Generalitat en caso de 155. “Lo importante es que se garantice el normal funcionamiento de las instituciones”, dicen estas fuentes. “En las comunidades autónomas cada decisión del Gobierno repercute directamente en el funcionamiento diario de las escuelas o los hospitales”, añaden.

Los integrantes de la Comisión de Secretarios de Estado y Subsecretarios se harían responsables en Cataluña de las mismas carteras que ya ocupan en Madrid. Mientras que técnicos de todos los ministerios se desplazarían a Barcelona para supervisar la gestión sobre el terreno y reportar a la vicepresidenta. Todos los ministerios manejan ya documentación concreta de cómo asumir las competencias de la Generalitat en las áreas que les competen si finalmente se aplica el 155.

Un acuerdo único

Este artículo de la Constitución permite asumir total o parcialmente las competencias de Cataluña. No sólo las atribuciones que le corresponden al presidente de la Generalitat, sino también las finanzas, los Mossos, los medios de comunicación públicos, la Sanidad y la Educación. La gestión de todas estas áreas quedaría en manos de la Administración central.

Los detalles del 155 estarán en el acuerdo que adopte el Gobierno si Puigdemont no responde al requerimiento. Este plan será el que se vote en el Senado a principios de la próxima semana. Las medidas no entrarán en vigor hasta su aprobación por el pleno de la Cámara Alta. El presidente de la Generalitat tendrá en su mano desactivar todo el proceso convocando elecciones autonómicas.