Comisión de Secretarios y Subsecretarios el pasado 6 de septiembre.

Comisión de Secretarios y Subsecretarios el pasado 6 de septiembre. Presidencia del Gobierno

Política EL GOLPE SEPARATISTA

Moncloa se inclina por que Soraya y los subsecretarios gestionen Cataluña desde Madrid

Gobierno y PSOE negocian un gobierno 'técnico' para administrar la Generalitat durante el menor tiempo posible si se aplica el 155.

Jorge Sáinz

El 155 será traumático. El Gobierno lo sabe y negocia con el PSOE hasta la última coma de un paquete de medidas inédito en la historia democrática de España. Moncloa va a insistir esta semana en el mensaje de que el 155 no es la suspensión de la autonomía catalana, sino la garantía de que sus instituciones se administren de acuerdo a la legalidad del Estatuto y la Constitución. El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, tiene hasta las 10 de la mañana del próximo jueves para desactivar cualquier declaración de independencia -presente o en diferido-. Si Puigdemont no responde al requerimiento o convoca elecciones autonómicas (la otra salida a su disposición), el Ejecutivo aprobará el 155 en un Consejo de Ministros extraordinario a finales de semana.   

Una de las incógnitas pendiente de despejar es quién o quienes ejercerán la autoridad en Cataluña. El Gobierno tiene previsto proponer el cese y la sustitución de Puigdemont y sus consellers. El PSOE ha admitido esa posibilidad este mismo lunes. La solución por la que se inclina ahora mismo Moncloa es que la administración de Cataluña quede en manos de un gobierno de subsecretarios coordinado por la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría desde Madrid.

Un delegado territorial

A la vicepresidenta, que también es ministra de Presidencia y para las Administraciones Territoriales, le corresponde la presidencia de la Comisión General de Secretarios de Estado y Subsecretarios de los distintos ministerios. Esta comisión estudia y prepara semanalmente los asuntos que se someten a la deliberación del Consejo de Ministros.

Los subsecretarios se harían responsables en Cataluña de las mismas carteras que ya ocupan en Madrid. Mientras que técnicos de todos los ministerios se desplazarían a Barcelona para supervisar la gestión sobre el terreno y reportar a los subsecretarios. La idea, según fuentes consultadas por EL ESPAÑOL, es que este consejo de gobierno no tome decisiones políticas y se limite a la gestión del día a día. La fórmula, que está a debate, indicaría que Gobierno y PSOE apuestan por una intervención temporalmente breve y encaminada a convocar elecciones lo antes posible. La opción de crear la figura de un delegado territorial o gobernador para Cataluña que aglutine esas competencias no está descartada, pero pierde fuerza ante la solución de los subsecretarios

Todos los ministerios manejan ya documentación concreta de cómo asumir las competencias de la Generalitat en las distintas áreas que les competen si finalmente se aplica el 155. Pero quedan flecos por resolver. Un alto cargo del Gobierno central reconocía estos días no hay 155 "duro o blando". "Se hace o no se hace", decía. "Otra cosa es el tiempo que se aplique". 

Este artículo de la Constitución permite asumir total o parcialmente las competencias de Cataluña. No sólo las atribuciones que le corresponden al presidente de la Generalitat, sino también las finanzas, los Mossos, los medios de comunicación públicos, la Sanidad, la Educación o, por ejemplo, la famosas delegaciones en el Exterior. La gestión de todas estas áreas quedaría en manos de la Administración central.

Mossos y orden público

El control de los Mossos y su convivencia con los agentes de la Policía y la Guardia Civil tras lo ocurrido el 1-O son otros de los aspectos clave en el desarrollo del 155. El borrador que maneja el Gobierno prevé dejar el orden público en manos de los Mossos, que responderían ante los mandos del Ministerio del Interior. La Policía y la Guardia Civil desplegados en Cataluña se encargarían de la vigilancia de infraestructuras y edificios oficiales.

Los detalles del 155 estarán en el acuerdo que adopte el Gobierno si Puigdemont no responde al requerimiento. Este plan será el que se vote en el Senado a principios de la próxima semana. Las medidas no entrarán en vigor hasta su aprobación por el pleno de la Cámara Alta. Puigdemont tendrá en su mano desactivar todo el proceso convocando elecciones autonómicas.