El caso Madeja ‘persigue’ a Zoido hasta Madrid

La gestión del hoy ministro Juan Ignacio Zoido como alcalde de Sevilla se distinguió de sus predecesores por la ausencia de posibles escándalos de corrupción. Sólo hubo uno en el que su gobierno se vio implicado: el supuesto "concierto" de varias empresas con Fitonovo -sociedad bajo investigación judicial- para hacerse con la adjudicación de un macrocontrato de 48 millones de euros para el mantenimiento de zonas verdes de la capital sevillana.

Hasta ahora, esta posible connivencia entre empresas –en la que además estaría supuestamente implicado un exalto cargo del gobierno local de Zoido al que cesó en su día, y un funcionario del Ayuntamiento de Sevilla- se estaba investigando desde la sede judicial de Sevilla. Pero desde este mismo mes, la causa ha dado un salto hasta el despacho del juez de la Audiencia Nacional José de la Mata, persiguiendo así al exalcalde sevillano hasta Madrid.

El caso Madeja tiene su origen en una investigación del Juzgado de Instrucción 6 de Sevilla en 2013, pero en septiembre de 2015 y dada la presunta magnitud de la trama, la causa pasó a manos de la Audiencia Nacional. En la actualidad, hay casi un centenar de imputados y se investiga el pago de hasta 4,3 millones de euros en comisiones a cambio de la adjudicación de contratos públicos a través de una “organización criminal jerarquizada que tendría como centro” a la empresa Fitonovo.

Mientras el juez De la Mata continuaba con esta línea de investigación, en Sevilla se seguía instruyendo una pieza separada sobre el “indiciario concierto previo” de seis empresas “respecto de los contratos adjudicados por el Ayuntamiento de Sevilla lote 2 y lote 3 del macrocontrato 400/2012 del Servicio de Parques y Jardines”. Este concurso se realizó en el verano de 2012, cuando el gobierno local de Zoido llevaba poco más de un año con el bastón de mando.

Delito de maquinación

Pero, ¿qué ha pasado para que esta pieza judicial se vaya a investigar ahora en Madrid? La juez María Núñez Bolaños, que sustituyó a Mercedes Alaya, decidió en diciembre de 2016 -previa consulta a la UCO de la Guardia Civil- inhibirse del caso y trasladarlo al Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional al apreciar una “indudable conexidad” de los hechos que “justifica” su acumulación en este órgano.

El magistrado De la Mata ha asumido ahora la investigación de estas diligencias al considerar que forma parte del grueso de la instrucción, que no es más que la “concreta actuación fraudulenta desarrollada por Fitonovo para conseguir adjudicaciones de contratos públicos”. Esta decisión es contraria al criterio del fiscal que, a su juicio y aludiendo a la Ley de Enjuiciamiento Criminal, no es partidario de acumular delitos conexos.

Sin embargo, el instructor de la Audiencia Nacional lo tiene claro en el auto de 7 de abril que ha tenido acceso EL ESPAÑOL al señalar que su juzgado ya está investigando a los responsables de estas empresas por beneficiar, supuestamente, a Fitonovo de forma directa o a través de sus sociedades instrumentales. Esto, a priori, supondría la comisión de un presunto delito de maquinación para alteración de concurso público.

Conciertos irregulares

Pero, en concreto, ¿cuáles son los hechos investigados en la adjudicación del macrocontrato del exgobierno de Zoido? En el caso estarían implicadas las empresas Aldilop SL, Limpieza Lorca SL y Bremacons SL, que habrían “concertado” de forma previa con Fitonovo -y sus sociedades satélites Conversa SL y Zona Verde GC- o bien ceder su participación en los dos primeros casos, o bien adquirir la participación en el caso de Bremacons respecto a los contratos adjudicados.

El juez hace un detallado relato sobre la actuación de cada una de estas empresas en los hechos investigados y llega a concluir que Fitonovo “resultaría de manera importante favorecida” en el macrocontrato al hacerse con “tres lotes”. Y es, como recuerda, el modus operandi de Fitonovo pasaba por el “tráfico de influencias” mediante el soborno a funcionarios públicos o las “concurrencias ficticias con otras empresas, bien instrumentales con el conocimiento de los funcionarios encargados, bien ajenas mediante convenios entre ellas para repartirse el mercado”, como podría ser este caso.

Aunque no es un caso que afecte directamente a Zoido, sí cuestiona la gestión que desde el área de Parques y Jardines se realizó bajo su mandato -el entonces director de Medio Ambiente fue acusado de, presuntamente, haber aceptado el pago de una parte de un vehículo que adquirió en aquella época, aunque él lo negó- y deja en entredicho el control que se ejercía sobre los concursos y sus adjudicatarios.

Gregorio Serrano

Además, este caso podría reabrir otro hecho controvertido que se destapó durante la investigación del caso Madeja: el actual director general de la Dirección General de Tráfico y exconcejal en Sevilla Gregorio Serrano medió para que Fitonovo instalara un parque infantil en la Comandancia de la Guardia Civil de Montequinto (Dos Hermanas).

“Se me encendió una bombilla. Quería ayudar a la Guardia Civil en ese pequeño favor y les puse en contacto uno con otro”, llegó a decir Serrano durante una comisión de investigación que se celebró en el Ayuntamiento de Sevilla y después de que un empresario de Fitonovo relatara a la administración judicial que “el único contacto que tuve con algún político o funcionario antes del macrocontrato de 2012 (...) fue a instancias (...) del entonces teniente de alcalde del Ayuntamiento de Sevilla, don Gregorio Serrano y del general o autoridad que aparentemente mandaba en dicho cuartel de Montequinto”.

A Zoido se le suma así otro posible quebradero de cabeza más a los últimos acontecimientos que han sacudido a su Ministerio a cuenta de su relación con Serrano. El Ministerio del Interior habría cedido un piso de la Guardia Civil al director de la DGT con una reforma previa de más de 50.000 euros en la zona madrileña de Guzmán el Bueno. El aludido negó cualquier adjudicación.