Iñaki Urdangarin y Diego Torres durante el juicio del Caso Nóos

Iñaki Urdangarin y Diego Torres durante el juicio del Caso Nóos Efe

Política

Así arrancó el fin de Iñaki Urdangarin

Un despilfarro millonario en un velódromo, cuatro contratos a dedo y la declaración de un arrepentido, los elementos clave que pusieron al cuñado del rey al borde de la cárcel.

Daniel Montero Alejandro Requeijo

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Iñaki Urdangarin tiene ya un pie en prisión. Algo que parecía imposible cuando el caso que le ha arrastrado al banquillo arrancó en noviembre de 2011. La llamada Operación Babel comenzó con registros en Madrid, Barcelona y Palma de Mallorca, y puso sobre la mesa una maraña de sociedades utilizadas por el entonces duque de Palma y su socio Diego Torres para derivar presuntamente fondos públicos. Pero el nombre de Iñaki Urdangarin estaba en boca de los investigadores desde mucho antes.

De hecho, la pieza que investiga los negocios de la hermana del actual rey es la pieza separada número 25 de un caso mucho más amplio, el llamado Palma Arena, que arrancó en agosto de 2008 con el nombre de operación Espada, hace ahora diez años. La investigación se centró entonces en el despilfarro y el desvío de fondos públicos en la construcción de un velódromo y centro deportivo. Y terminó sentando en el banquillo a la plana mayor del gobierno balear, con el presidente Jaume Matas a la cabeza. Las instalaciones fueron presupuestadas en 48 millones pero costaron más de 90. El desastre fue tal que la pista de ciclismo nunca se utilizó en competición por falta de homologación y el aparcamiento tenía un ascensor que daba directamente a un descampado. Solo el videomarcador costó 2,2 millones de euros.

Fue en el transcurso de esta pieza cuando los agentes de la Policía Nacional registraron por ejemplo el palacete que el presidente balear tenía en una de las zonas más privilegiadas de la ciudad. Una vivienda también investigada y que terminó siendo vendida para pagar responsabilidades judiciales. El grueso del caso cayó desde el primer momento en el Juzgado de Instrucción número 3 de Palma de Mallorca, cuyo titular es el juez José Castro. A su lado, el fiscal anticorrupción Pedro Horrach abrió un abanico de distintos frentes que se tradujo en más de 27 piezas separadas.

Primera denuncia: 2006

Este tandem puso sobre la mesa los pilares de la sentencia que se ha conocido hoy. Sin embargo, el nombre de Iñaki Urdangarin estaba en cuestión desde mucho antes. Fue en febrero de 2006 cuando un diputado del PSOE llamado Antonio Diéguez denunció ante el parlamento balear el contrato de 1,2 millones de euros que una fundación pública llamada Illesports había firmado con el duque de Palma.

La denuncia tuvo escaso eco. O al menos no la dimensión que el caso ha terminado adoptando. Bien por la intencionalidad, bien por el denunciante, o bien por el exceso celo con el que los medios de comunicación trataban todavía entonces los asuntos que afectaban directamente a la corona.

Poco a poco, el nombre del duque de Palma comenzó a escucharse cada vez con más fuerza entre policías, fiscales, políticos y periodistas como una de las personas vinculadas al fraude del Palma Arena. De hecho, un asunto le relacionaba desde el primer momento de forma tangencial con el velódromo; su intermediación en el patrocinio del equipo ciclista Illes Baleares, que pasó a llamarse así tras cesar el apoyo de Banesto.

Es en esa misma fecha, 2009, cuando Urdangarin es ascendido en Telefónica y nombrado para ocupar un puesto creado a imagen de sus necesidades: Presidente de la Comisión de Asuntos Públicos para Latinoamérica y Estados Unidos. Así que Urdangarin, la infanta Cristina y toda su familia se marcharon a Washington. Y desde el extranjero siguieron ya el devenir de la causa judicial. En aquellas fechas, los hombres de la Casa Real conocían ya el calado de sus operaciones al frente del Instituto Nóos y los posibles problemas derivados de ello. De hecho, el Conde de Fotao, abogado personal del Rey, había viajado en cuatro ocasiones a Barcelona desde 2004 para revisar los negocios del duque de Palma y darle una serie de directrices. Preocupaba en Zarzuela el modo en que la infanta Cristina y su pareja pensaban pagar el palacete que compraron en el barrio barcelonés de Pedralbes. Una vivienda que vendieron en 2015 por 6,9 millones de euros para abonar la fianza judicial.

Salida de España: 2009

El mismo mes que Urdangarin se marcha a vivir fuera de España (agosto de 2009), es detenido uno de los hombres clave en su caída, el medallista olímpico de vela ‘Pepote’ Ballester. Amigo de la infanta desde hacía años, Ballester terminó siendo director general de Deportes en el gobierno de Jaume Matas. Y sobre sus hombros recayeron desde el primer momento kilos de responsabilidad en el agujero generado por las obras del velódromo.

Tras ser detenido y señalado directamente por Matas en una de sus declaraciones judiciales en 2010, ‘Pepote’ Ballester alcanzó un pacto con la Fiscalía. Una reducción de pena si tiraba de la manta. La dirección era doble. Por un lado debía apuntalar la responsabilidad de Matas como responsable máximo del desfalco, y por otro, los amaños de concursos en los que se beneficiaba a dedo a la fundación Instituto Nóos, presidida por el duque de Palma.

Nació así la llamada operación Babel, la pieza que investiga directamente la maraña de empresas utilizadas presuntamente por Urdangarin y su socio Diego Torres para detraer fondos. El nombre responde a la cantidad de sociedades investigadas en lugares como Suiza o Antillas Holandesas, y cada tomo del sumario está adornado con una conocida obra del pintor belga Pieter Brueghel.

Fue el socio de Urdangarin quien conoció primero su imputación, el 11 de julio de 2011. La presión mediática se desplazó entonces la Casa Real por el papel que jugaba el yerno del rey en la trama y Zarzuela sacó el 12 de diciembre -cinco meses después- una nota en la que apartaba a Iñaki Urdangarin de sus funciones de representación al considerar que su comportamiento no había sido “ejemplar”.

Vuelta a Barcelona: 2012

La primera declaración para el duque de Palma como imputado se produjo el 6 de febrero de 2012. El cuñado del rey bajó la cuesta que lleva a los juzgados de Palma y aseguró ante la prensa que llegaba con la intención de “demostrar” su “inocencia”. Pero no lo consiguió. En su contra tenía ya la declaración de ‘Pepote’ Ballester en ese procedimiento. Le señalaba directamente como receptor de fondos públicos por medio de contratos firmados a dedo. Tampoco ayudó la entrevista que una semana después concedió Jaume Matas al programa Salvados, en la que reconocía que los contratos se le entregaban por ser familia del rey.

En septiembre de ese mismo año, los duques de Palma volvieron a España. Urdangarin dejó Telefónica de forma voluntaria y en diciembre de 2012, la Fiscalía solicitó para él y su socio una fianza solidaria de 8,1 millones de euros. A partir de ahí, el camino judicial se precipitó, con las consecuencias que hoy ya se conocen.