Susana Díaz, durante su rueda de prensa tras la Conferencia de Presidentes.

Susana Díaz, durante su rueda de prensa tras la Conferencia de Presidentes. EFE

Política CONFERENCIA DE PRESIDENTES

Díaz y el PSOE inician una campaña contra el "paraíso fiscal" de Madrid

La presidenta andaluza no quiere que "se produzcan paraísos fiscales dentro de nuestro territorio".

Daniel Basteiro Ana I. Gracia

El presidente de la Comunidad Valenciana, Ximo Puig, lo resume de forma muy sencilla. "Si en una hora y cuarenta minutos puedes pagar o no pagar, al final la gente prefiere no pagar". La mayoría de autonomías gobernadas por socialistas, lideradas por Andalucía, han aprovechado la Conferencia de Presidentes para lanzar una ofensiva contra la autonomía fiscal de algunas comunidades.

La campaña pone en el centro de la diana a Madrid, donde las elevadas bonificaciones fiscales hacen que en la práctica la mayoría de los residentes no pague el impuesto de Sociedades y Donaciones ni el de Patrimonio. Unido a que algunas empresas tienen su domicilio fiscal en Madrid pero sus actividades en otras regiones, se trata de una situación que está provocando la deslocalización de compañías a efecto de pago de impuestos y un efecto de dumping; es decir, una política agresiva que deja en peores condiciones para competir a otras autonomías, según los socialistas. 

Para Susana Díaz, la cesión a las autonomías de la gestión de los impuestos de Patrimonio y Sucesiones "se hizo aprisa y corriendo" y eso ha producido una gran disparidad en los tipos según las comunidades.

Por ejemplo, la Comunidad de Madrid bonifica el 99% del impuesto de Sucesiones y Donaciones y el 100% de Patrimonio menor de 2 millones de euros, por lo que la gran mayoría de contribuyentes se libra de pagar ambos. La región de Díaz impone el pago del Impuesto de Sucesiones a partir de los 250.000 euros por heredero, como ocurre en otras comunidades, aunque con complejos tramos y exenciones que varían de autonomía a autonomía. En Extremadura sólo están exentos de pagar impuestos los patrimonios de menos de 500.000 euros. "Hay gente que para poder heredar una casa la tiene que vender", denunció su presidente, Guillermo Fernández Vara.

¿Qué tiene que ver Madrid con esta reivindicación? Si está en boca de las comunidades socialistas no es porque haya hecho que sus ciudadanos paguen menos impuestos sino porque esos beneficios son consecuencia directa de una mejor posición relativa y un PIB mucho mayor por el mero hecho de ser la capital de España. "Madrid tiene casi 140% de renta per capita en relación al PIB y nosotros un 88%. Extremadura no llega al 70%", explicó Puig. 

A diferencia de lo que ocurre en Madrid, "en Valencia, todos los museos, menos uno, que tiene una pequeña aportación del Estado, los paga la comunidad autónoma", según el mismo presidente. "Hay más funcionarios en Madrid que todos los que están afiliados a la Seguridad Social en la provincia de Castellón", añadió.

Un estudio que influya en el nuevo modelo

Díaz quiere que se estudie cómo se gestionan esos impuestos y se halle una media. Si una comunidad está "muy por debajo" del tipo medio, y se concluye que está "hiperfinanciada", significará que "no tiene problemas para financiar los servicios públicos". Ese y no otro es el centro de la reivindicación, ya que los socialistas reclaman que el nuevo modelo de financiación autonómica asegure que los ciudadanos, independientemente de donde vivan, tengan derecho a una Educación, Sanidad o Dependencia en condiciones de igualdad.

Si las comunidades socialistas tienen mayor presión fiscal es porque parten de una posición peor que Madrid para financiar los servicios públicos, argumentan. Si autonomías como Madrid son capaces de bajar mucho los impuestos atrayendo además a contribuyentes de otras comunidades, el nuevo modelo de financiación debería corregirlo compensando a las regiones más desfavorecidas. Así se evitará también que "se produzcan paraísos fiscales dentro de nuestro territorio".

A petición de estos presidentes, en los próximos meses se elaborará un informe sobre "cómo se ejerce la corresponsabilidad fiscal en España", según se recoge en el documento final de conclusiones. Pero la referencia es genérica y no contiene un elemento fundamental para Díaz: vincular la armonización fiscal al nuevo sistema de financiación autonómica, que deberá cerrarse en este año.

Para Vara hay más problemas que tienen que ver con otros impuestos. "Mucha gente que está domiciliada fiscalmente en Madrid no vive en Madrid", por lo que debería analizarse también ese aspecto.

Oposición frontal de Madrid

La Comunidad de Madrid, que dirige Cristina Cifuentes, se opone frontalmente a ese planteamiento, ya que es la única autonomía que tiene bonificado el 100% del impuesto de patrimonio.

La líder madrileña ha defendido que "el modelo que funciona es el de Madrid" y se niega a subir impuestos a sus ciudadanos para beneficiar a otras regiones, intención velada que ve en el planteamiento de los socialistas. En su opinión, la propuesta lanzada por Susana Díaz sería "un retroceso" para la economía madrileña que, presume, "es el motor" de España.

Para lo único que serviría es, a juicio del Gobierno madrileño, para aumentar su contribución al Fondo de Garantía de los Servicios Públicos para el resto de España en el que el Ejecutivo regional que dirige Cifuentes aporta "más del 70%". 

La política fiscal es un "instrumento" que tienen las autonomías para "llevar a cabo" la "política económica", según ella. La Constitución "reconoce la asimetría fiscal" y las leyes permiten a su comunidad tener "autonomía" para tener la fiscalidad "más baja" del Estado, como reconoció, algo que da resultados "muy buenos" resultados en términos de crecimiento y generación de actividad económica. Según Cifuentes, la política fiscal tiene que ser "recaudatoria", pero otras autonomías entienden que tiene que ser "confiscatoria", algo con lo que no está de acuerdo su Gobierno.

Acuerdo en los plazos

El Gobierno, Mariano Rajoy, apenas tocó este asunto en su comparecencia. El jefe del Ejecutivo puso en valor el compromiso con todos los líderes autonómicos de cerrar durante el año 2017 un nuevo sistema de financiación autonómica más justo para todos. De momento, el acuerdo es un borrador que deberá desarrollarse en grupos de trabajo con representación de todas las autonomías y del Gobierno a lo largo de los próximos meses. 

En el acuerdo, el primero que cierra el Ejecutivo central con las comunidades autónomas en la presente legislatura, se ha incluido crear un comité compuesto por un experto asignado por cada región para avanzar en los acuerdos. La cita, que todos los presentes han descrito como provechosa, ha quedado deslucida por la ausencia dos de los diecisiete líderes autonómicos: el catalán Carles Puigdemont y el vasco Íñigo Urkullu. Los presidentes regionales presentes han advertido a Mariano Rajoy de que quieren que todos los acuerdos sean de forma "multilateral" y desechan que el Gobierno comience una negociación paralela única y exclusivamente con Cataluña.

Más Conferencias de Presidentes

Entre los acuerdos que ya han cerrado el Ejecutivo central y las autonomías se ha acordado una cita anual de esta misma Conferencia de Presidentes -que no se convocaba desde 2012-; elaborar una estrategia nacional frente al reto demográfico, constituir en tres meses el Consejo Nacional de Protección Civil y convocar en el Senado un pleno monográfico sobre Educación para que cada autonomía fije su posición. 
Además, en la Conferencia de Presidentes se ha cerrado un acuerdo de unidad de mercado para "avanzar en competitividad"; se han comprometido a desarrollar el reglamento para sacar adelante cuanto antes el bono social y que las autonomías intervengan en su implementación. Las autonomías han dado su palabra al Gobierno para abordar el tema de la violencia de género.