Salida del Gran Premio de Europa de Fórmula 1 de Valencia en 2012.

Salida del Gran Premio de Europa de Fórmula 1 de Valencia en 2012. Efe / Biel Aliño

Comunitat Valenciana POLÍTICA

Fórmula 1 en Madrid, Copa América en Barcelona: Ayuso y Colau compran las citas que repudió Valencia

Madrid se suma a la estrategia de la Ciudad Condal de captar uno de los grandes eventos deportivos denostados por la izquierda valenciana.

30 abril, 2023 03:05
Valencia

El próximo mes de junio se cumplirán 11 años de la icónica fotografía que encabeza este artículo. Fue el último Gran Premio de Europa de Fórmula 1, el más recordado por los aficionados españoles al deporte. Lo ganó Fernando Alonso tras una carrera trepidante por el trazado urbano de Valencia. Era el broche a cinco años de celebración. Corría el año 2012.

La aventura del Gran Circo en la Capital del Turia tan solo duró un lustro. Eran tiempos de crisis y recortes, y el presidente valenciano Alberto Fabra (PP) no dudó en prescindir del "gran evento" impulsado por su antecesor y compañero de partido, Francisco Camps. La Fórmula 1, asociada al lujo, era un blanco fácil para la izquierda en unos tiempos que habían cambiado y eran ya de vacas flacas. 

El circuito recorría la Marina de Valencia, enclave que había acogido antes la Copa América de vela, otra gran cita deportiva repudiada por los posteriores gobiernos progresistas. Hoy se da la circunstancia de que ambos acontecimientos sí resultan atractivos para dirigentes tan dispares como Isabel Díaz Ayuso y Ada Colau, que los quieren para Madrid y Barcelona.

[El rugido de la Fórmula 1 se acerca a Madrid: un circuito urbano por Ifema que "gusta" a Domenicali]

El segundo ya es una realidad. Barcelona, señalada por la pérdida de inversiones tras el procés, pugnó hasta convertirse en sede de la Copa América de Vela de 2024, con el respaldo unánime de las fuerzas que gobiernan la Generalitat de Cataluña y el Ayuntamiento: ERC, Barcelona en Comú y el PSOE.

La izquierda quiso el evento y la izquierda consiguió la adjudicación del Emirates Team New Zealand. El equipo, en una extraña decisión, decidió ejercer de anfitrión en las antípodas de su sede, al considerar que el Gobierno neozelandés ofrecía poco para celebrar la competición en su país.

Valencia se asomó de forma discreta a la pugna. Contaba con las infraestructuras y la experiencia de haberla organizado en 2007 y 2008. Entonces la ciudad fue escogida por el Alinghi, el equipo de Suiza que había resultado ganador y necesitaba unas aguas en la que celebrar la prestigiosa competición. El mundo de la vela aplaudió de forma unánime tanto la organización de Valencia como la idoneidad de su constante viento para la práctica de este deporte.

Compromís, el partido del alcalde Joan Ribó, y los socialistas valencianos, formación del presidente Ximo Puig, concluyeron que no estaba claro el retorno de la inversión que debían realizar, y eso que partían con ventaja, al tener las obras náuticas ya construidas.

En Cataluña, en cambio, cifraron el retorno en la friolera de 1.000 millones de euros y pujaron con fuerza. A nadie se le escapa que la izquierda valenciana fue víctima en este proceso de su postura en el pasado, cuando la crítica a los grandes eventos fue un puntal de su argumentario contra el PP.

La Fórmula 1 fue mucho más contestada que la Copa América de Vela, y buena parte de la culpa la tuvo el inoportuno augurio del presidente Francisco Camps. El entonces líder del PP había prometido que organizar el gran premio no iba a costar "ni un euro" a los valencianos, todo a pesar de que requería crear buena parte del trazado e incluso construir un puente móvil para que los bólidos cruzaran la bahía. Los socialistas, cuando llegaron al poder y analizaron los pagos pendientes, cifraron el coste total en 98 millones de euros para el erario.

Muchos se acordaron de Camps estos días cuando escucharon el proyecto madrileño para lograr un Gran Premio semiurbano de Fórmula 1 en la capital. Lo impulsa José Vicente de los Mozos, presidente del Comité Ejecutivo de Ifema y de Renault España, que cifró el retorno anual en 500 millones de euros, y subrayó que se construiría con capital privado -al menos en parte-.

Trazado en interiores

Como informó EL ESPAÑOL, la institución ferial, en colaboración con la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento, está negociando con la FIA la organización del Gran Premio. Plantea un trazado con tramos interiores y exteriores gracias a los 13 pabellones de la institución ferial, que ofrecen unos 200.000 metros cuadrados.

"Es cierto que desde la Comunidad y el Ayuntamiento, junto con Ifema, lo que estamos haciendo es ver si existe la posibilidad. La Fórmula 1 es uno de los pocos grandes eventos internacionales que Madrid nunca ha acogido, y como tal, es una cuestión que conviene explorar", manifestó al respecto el alcalde de la ciudad, José Luis Martínez Almeida. "No habría un circuito de Fórmula 1 en el mundo como el de Madrid", aseveró la presidenta Isabel Díaz Ayuso, con mayor entusiasmo.

El sueño de Madrid es gozar de la repercusión mundial obtenida por trazados urbanos como el de Mónaco, que fue el pionero, o los más recientes y espectaculares de Jeddah (Arabia Saudí), Abu Dabi (Emiratos Árabes) o Marina Bay (Singapur).

Y en este selecto grupo irrumpió contra pronóstico la ciudad de Valencia entre 2008 y 2012. Fue una iniciativa impulsada en tiempos de bonanza que se materializó en mal momento, durante la fase más dura de la crisis del ladrillo. Aquel contraste entre pobreza y opulencia convirtió todo un éxito internacional en el principal objeto de ataque contra el PP.

El mayor icono de este fenómeno fue la foto de Camps y Rita Barberá al mando de un Ferrari. Amos políticos, en una exhibición de la marca en Cheste, rescataron en el circuito a los pilotos Fernando Alonso y Felipe Massa, que habían tenido un percance con su coche. También a Luca Cordero di Montezemolo, presidente de la prestigiosa marca. La imagen sirvió a la oposición para caricaturizarles.

La célebre imagen de Rita Barberá y Francisco Camps portando en un Ferrari a los pilotos del equipo en 2009.

La célebre imagen de Rita Barberá y Francisco Camps portando en un Ferrari a los pilotos del equipo en 2009.

En vista del coste que sí estaba teniendo para el erario la organización del Gran Premio, la izquierda valenciana impulsó una ofensiva judicial contra todos los organizadores. Las investigaciones fueron dilatadas en el tiempo y contaron con decenas de imputados, entre ellos el propio Francisco Camps. Pero quedaron en nada tras casi una década. De hecho, el de la Fórmula 1 es uno de los mayores chascos judiciales de la Comunidad Valenciana.

Hubo cuatro causas. La Fiscalía Anticorrupción inició la primera a finales de 2014 tras las denuncias presentadas por PSPV-PSOE e Izquierda Unida. Dispararon a lo más alto: al mismo Camps. Lo consideraban el responsable directo de las negociaciones con Bernie Ecclestone para traer el Gran Premio, y el ideólogo del contrato por el que la Generalitat se convirtió en avalista de Valmor, la empresa organizadora.

Todo archivado

La investigación recayó en el juzgado de Instrucción número 2 de Valencia, que acabó dividiéndola en dos piezas. Por un lado, la relativa a las negociaciones previas para traer a Valencia la Fórmula 1 junto a la decisión de gestionarlo a través de la firma privada Valmor Sports.

Por otro, la compra de Valmor por parte de la Generalitat Valenciana a través de la sociedad Circuito del Motor por 1 euro, en diciembre de 2011. Aquello supuso la asunción de una deuda de 40 millones.

Más tarde, la Fiscalía pidió que se indagara también en supuestos amaños en las adjudicaciones de contratos de Circuito del Motor a diferentes proveedores. Y, por último, en 2018, el juzgado de Instrucción 17 abrió otro procedimiento por los sobrecostes de 25 millones de euros en la construcción del circuito urbano.

Pero ningún delito de los imputados resultó probado, hasta el punto de que la Fiscalía retiró su acusación en varias de las causas y que la Generalitat Valenciana renunció a recurrir. Los investigadores concluyeron que las instituciones gestionaron el fallido de la manera menos lesiva posible.

Las costas procesales asumidas por la Administración autonómica, al fracasar en su ofensiva durante la actual presidencia de Ximo Puig, fueron de alrededor de un millón de euros.