La consejera Catalina García.

La consejera Catalina García. EP Sevilla

Andalucía

La exconsejera de Salud Catalina García testifica en enero por el caso de los contratos exprés del SAS

Fuentes del TSJA desvelan que la extitular de Salud tendrá que comparecer ante el juez el 20 de enero.

Más información: Los gerentes del SAS apelan a la emergencia de la pandemia para respaldar los contratos exprés que se firmaron

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Las claves

La exconsejera de Salud, Catalina García, declarará como testigo el 20 de enero por los contratos exprés del Servicio Andaluz de Salud (SAS) durante la pandemia de Covid-19.

La investigación se centra en contratos firmados por vía de urgencia durante la emergencia sanitaria, cuya legalidad es cuestionada por el PSOE, pero defendida por la Junta de Andalucía.

Junto a García, también testificarán otros altos cargos de sanidad y Hacienda de la Junta, para explicar la inclusión de estos contratos entre los gastos de emergencia con control financiero permanente.

El Gobierno andaluz sostiene que todos los contratos exprés contaron con el aval legal necesario y fueron aprobados por intervención debido a la situación excepcional de la pandemia.

La exconsejera de Salud Catalina García, comparece ante el juez por el caso de los contratos exprés del Servicio Andaluz de Salud (SAS) en el marco de la pandemia de Covid-19 el próximo 20 de enero. Lo hará como testigo para hablar de su estapa como viceconsejera de Salud cuando Jesús Aguirre era el titular del departamento. 

Así lo han comunicado fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), que detallan que, además de la consejera, están llamados a testificar por petición de la fiscalía quienes estaban al frente de la sanidad andaluza cuando se firmaron parte de los contratos bajo investigación.

La exconsejera, hoy titular de Medio Ambiente, comparece en calidad de testigo mientras que esta semana pasaron ante el juez la gerente del SAS actual, Valle García, Miguel Ángel Guzmán (que cesó en 2022) y Diego Agustín Vargas (que estuvo al frente del organismo entre 2022 y 2023).

El caso surge de la denuncia del PSOE, que entiende que los contratos urgentes que se iniciaron durante la pandemia del Covid pueden ser constitutivos de algún tipo de delito.

Desde la Junta de Andalucía defienden que los contratos se firmaron por la vía de urgencia porque existía una emergencia sanitaria, que se extendió más allá del fin de la pandemia, puesto que el sistema sanitario se tensó sobremanera en esos dos años.

Visto bueno

Además, el Gobierno andaluz subraya que los contratos que se firmaron por ese procedimiento rápido tenían el visto bueno de la intervención y, por lo tanto, cuentan con el aval legal necesario.l

Sea como fuere, la consejera de Salud tendrá que declarar como testigo junto con Roberto Ochoa, exviceconsejero de Hacienda, consejería de la que depende la fiscalización de los contratos.

Fuentes del PSOE señalan que este caso ejemplifica la gestión de la Junta sobre la pública y entienden que les puede ayudar a desgastar al Gobierno de Juanma Moreno justo cuando quedan pocos meses para las elecciones.

"Tranquilidad"

Versión contraria en las filas del PP. Aseguran que hay "tranquilidad" puesto que el caso no esconde nada. Subrayan que todo se hizo de forma legal en el ámbito de la pandemia, momento de gran tensión que complicó las contrataciones y compras en mitad de la emergencia sanitaria.

A esto apelaron justamente la gerente y sugerentes del SAS cuando tuvieron que comparecer ante el juez esta semana. Señalaron que la situación de emergencia sanitaria provocó la forma de contratación abreviada.

En el caso de la citación de García y Ochoa, el propósito de Anticorrupción sería conocer de primera mano la versión de ambos protagonistas sobre la decisión de incorporar los contratos del SAS entre los gastos de emergencia ante el Covid que pasaban a control financiero permanente.