"Tengo las muelas picadas": el lenguaje en clave para hablar de mordidas de los detenidos en Almería por el 'caso mascarillas'

Solo tres minutos después de cerrar el contrato de la compra de mascarillas con un decreto, el ya expresidente de la Diputación de Almería, Javier Aureliano García, mandó un mensaje al grupo de Whatsapp llamado 'Naranjito' que tenía con el resto de la presunta trama: el emoticono de un diente.

Los investigadores de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil vieron en ese mensaje algo extraño. ¿Por qué un diente? ¿Qué significa?

Cuando siguieron leyendo los mensajes que se intercambiaban Javier Aureliano García y el resto de detenidos por este caso, dieron significado al diente porque los ahora investigados hacían numerosas referencias a dentaduras.

Las frases se repiten en el sumario del caso, que instruye el Juzgado de Instrucción número 1 de Almería: “Me tengo que hacer una limpieza”; “necesito empastarme dos muelas”; “tengo las muelas picadas”.

Para los investigadores, los ahora detenidos no estaban muy preocupados por su salud bucodental. Hablaban en clave sobre mordidas, comisiones de empresas por adjudicaciones de contratos públicos.

Chistorras

Sería, en este caso, el equivalente de las chistorras y los chorizos que la UCO detectó en el caso Koldo y Santos Cerdán. Esos presuntos corruptos parecían designar así al dinero cobrado; en el caso de Almería, con dientes.

El dinero que salía de las presuntas comisiones por contratos públicos -casi un millón, cree el juez, solo por la compra de mascarillas durante la pandemia- tendría en los hermanos del expresidente de la Diputación la forma de lavar ese capital.

Ese sería, señala el magistrado, el papel de los dos hermanos de García, un hombre y una mujer, empresarios almerienses que se habrían encargado, presuntamente, de 'lavar' el dinero fraudulento de la trama.

Este lenguaje en clave habría hecho posibles conversaciones sobre comisiones que, sin la investigación de la Guardia Civil, habrían pasado como simples comentarios en un grupo de Whatsapp.

La trama de las mascarillas se habría hecho con cerca de un millón de euros en sobrevestes, según el auto de 66 páginas. El caso, cabe recordar, tiene como inicio el contrato de compra de mascarillas que dio como resultado ese presunto beneficio. Pero luego se habría extendido a otros contratos públicos.

Para el juez es capital la participación en la trama del expresidente de la Diputación. La prueba estaría en el chat 'Naranjito' donde hablaban de dientes. Su conocimiento del lenguaje secreto y su participación en dichas conversaciones probarían que estaba al tanto de la cuestión, cree el magistrado.

El sumario también aclara el posible papel de Liria, quien fue vicepresidente de la Diputación, ya investigado en 2021 en este caso. Según el juez, sería intermediario en las presuntas comisiones. Recibía el dinero en efectivo, que luego repartía.

El auto también refleja el “interés desmedido” y el “nerviosismo” del expresidente en las horas previas a la adjudicación. Los mensajes con Liria se sucedían: “¿Y lo nuestro qué? Estoy nerviosismo”, habría escrito García, según la UCO.

Ese comportamiento, unido al “llamativo” uso de dinero en efectivo detectado por los agentes, ha despertado sospechas de posibles maniobras de blanqueo. La justicia investiga la compra de una parcela por 20.000 euros pagados íntegramente en metálico y la adquisición de una vivienda familiar sin movimientos bancarios que lo justifiquen.

El juez también aprecia indicios contra la hermana de García, titular de una cuenta con movimientos que podrían formar parte de la operativa.

Las pesquisas incluyen además el supuesto uso de las empresas Pulconal y OYC Servicios Urbanos como sociedades interpuestas para adjudicar contratos públicos de forma fraudulenta. La instrucción sostiene que varias personas actuaron como testaferros por orden del alcalde de Fines, Rodrigo Sánchez Simón, y su hijo.

Pulconal, en la que Liria comenzó a participar solo cuatro meses después de ser nombrado vicepresidente, obtuvo 16 contratos públicos, la mayoría en la Diputación. OYC recibió otros 17 contratos por un total de 1,1 millones de euros.

Para el juez, la compra de material sanitario no fue un hecho aislado, sino “una oportunidad más dentro de un sistema ilícito de adjudicaciones” que se habría consolidado durante años.