Dos migrantes paseando, en una imagen de archivo. Sevilla
La Junta eleva a 700 los menores migrantes que el Gobierno ha "colado" a Andalucía entre adultos
El Ejecutivo de Juanma Moreno asegura que esos traslados son "ilegales" puesto que se trata de menores de edad y denuncia ante la Justicia la cuestión.
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La Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, ha elevado a casi 700 los menores migrantes que el Gobierno central ha trasladado a Andalucía y de los que se ha tenido que hacer cargo.
Según fuentes del departamento que dirige Loles López, esos traslados, al tratarse de menores de edad, serían "ilegales". Por eso han llevado a la Justicia al Ejecutivo de Pedro Sánchez.
Entienden desde el Gobierno andaluz que el Ejecutivo central traslada a migrantes mayores de edad junto con los menores. De esta forma, cuando llegan a Andalucía y se comprueba su edad, hay que atender a los que resultan menores.
De esta forma, acusó Loles López el jueves al Gobierno central, ha colado "por la puerta de atrás" de la comunidad hasta 697 migrantes menores a los que tiene que atender la Junta de Andalucía.
A eso se suma el que el Gobierno de Pedro Sánchez "no los reconoce" como menores, por lo que tampoco aporta financiación para su sostenimiento, señalan fuentes del Gobierno andaluz a EL ESPAÑOL.
"Camuflados"
La consejera de Igualdad afeó el que los menores lleguen a Andalucía "camuflados" como adultos. Ante una pregunta del grupo Vox en el Parlamento de Andalucía, la consejera señaló que el Gobierno tampoco reconoce que traslada a esos menores.
Fuentes de su departamento señalan que, de hecho, si el Gobierno de Pedro Sánchez reconociera que está trasladando menores desde Canarias al resto de España, "estarían reconociendo un delito", por lo que no lo harán.
Loles López, la consejera de Igualdad, este jueves en el Parlamento de Andalucía. Sevilla
Así, la consejera de Igualdad, que tiene competencias sobre menores migrantes, no mayores, que son responsabilidad del Gobierno central, advirtió de que el Sistema de Protección de Menores de Andalucía "está en jaque" desde hace meses debido a las políticas migratorias del Gobierno de España "pactadas directamente con un prófugo de la Justicia".
"Al Ejecutivo le importa muy poco poner en riesgo la protección y la atención de los niños, solo antepone el interés político", lamentaba hace meses la consejera de Inclusión Social.
Esta situación ha llevado a la Junta a interponer un recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional (TC) contra el Real Decreto ley 2/2025, de 18 de marzo, que acuerda el reparto de menores migrantes entre comunidades autónomas, al entender que se ha producido con él por parte del Gobierno central una "invasión de competencias".
El Gobierno decidió dicho reparto de menores "sin diálogo y sin negociación" con las comunidades autónomas, que "al final somos las verdaderamente afectadas", remarcaba la Junta. "Andalucía es una tierra solidaria, de acogida, pero no podemos hacernos cargo de los menores a capricho del Gobierno y, sobre todo, sin los medios económicos necesarios para atender a esos menores como verdaderamente merecen".
![José Antonio Nieto, consejero de Justicia de Andalucía.](["https:\/\/s3.elespanol.com\/2025\/04\/09\/actualidad\/1003743705767_254601810_320x180.jpg"])
El objetivo de Andalucía es "garantizar una atención digna y de calidad a los menores, tanto a los que se van a trasladar como a los que ya forman parte del sistema de protección andaluz y evitar que se vean afectados por decisiones impuestas que no van acompañadas de recursos".
Desde la Junta explican que la norma estatal modifica la Ley Orgánica 4/2000 sobre derechos y libertades de los extranjeros en España e introduce una nueva regulación de la situación de los menores extranjeros no acompañados, su posible traslado entre las comunidades autónomas y los mecanismos de actuación ante situaciones migratorias excepcionales.
El Gobierno andaluz "pone en tela de juicio" la situación de "extraordinaria y urgente necesidad" que justifica la aprobación de este real decreto.
Así, asevera que, "si bien la crisis migratoria ha estado presente durante más de un año, ya existen mecanismos legales previos, como el Modelo de Gestión de Contingencias Migratorias para la Infancia y Adolescencia no acompañada aprobado en 2022", por lo que entiende que "no se justifica adecuadamente la urgencia de modificar la Ley Orgánica 4/2000".
La Junta de Andalucía considera también que el texto aprobado "extralimita las competencias estatales e invade las competencias exclusivas de la comunidad autónoma en materia de protección de menores, y vulnera los principios de autonomía y solidaridad entre las regiones al imponer criterios de reparto no equitativos".
Por otro lado, el Gobierno andaluz "cuestiona la suficiencia financiera del mecanismo propuesto para compensar a las comunidades autónomas por los costes de la sobreocupación por menores extranjeros no acompañados, al establecer la creación del fondo, pero no su regulación, provocando una situación de inseguridad jurídica contraria a lo establecido por la Constitución Española".
Con la presentación del recurso ante el Tribunal Constitucional, la Junta de Andalucía "defiende su autonomía competencial y demanda un trato equitativo para todas las comunidades que conforman el Estado español".
Además, pone el foco en "la necesidad de preservar la dignidad de los menores y garantizar sus derechos", por lo que muestra su "profundo rechazo a que se les trate como mercancía al servicio del interés político".
