Los casos de corrupción que salpican al entorno de Pedro Sánchez.
El otoño judicial de Sánchez: el PSOE puede ser imputado por pagar la 'cloaca' de Leire y por su propia financiación ilegal
La corrupción complica el futuro del Gobierno y de un PSOE cuya imputación haría saltar por los aires la legislatura.
Más información: Se cumplen dos meses de la promesa de ZP de explicar sus joyas y crece el dinero recibido por su autodeclarado testaferro
El Gobierno de Pedro Sánchez alargará su calvario judicial este otoño bajo la sombra de una posible imputación del PSOE como persona jurídica en el caso Fontanera.
Ferraz pagó 125.000 euros al abogado Jacobo Teijelo, defensa ahora de Santos Cerdán e imputado en la causa, y 22.500 euros al letrado Ismael Oliver, que la Guardia Civil sostiene que tuvieron como destinataria a Leire Díez.
Estas facturas pagadas por el PSOE a los dos abogados relacionados con las cloacas pueden, en un futuro no muy lejano, suponer la imputación del partido en la causa por haber financiado las prácticas ilegales de Leire y Cerdán contra guardias civiles, fiscales y jueces incómodos para el Gobierno.
Sin embargo, esta no es la única causa que amenaza a Sánchez. También habrá novedades en las causas que investigan a José Luis Rodríguez Zapatero por el rescate de Plus Ultra y a Santos Cerdán, José Luis Ábalos y Koldo García por el amaño de contratos de obra pública.
La corrupción volverá a complicar el futuro de un PSOE, cuya imputación por haber financiado las cloacas de Leire Díez podría provocar el punto final a la legislatura.
Además, la Audiencia Nacional investiga en secreto la posible financiación ilegal del PSOE a través del petróleo venezolano. Víctor de Aldama declaró ante el juez Ismael Moreno que Sánchez financió su campaña a presidente de la Internacional Socialista con una operación de venta de crudo con Petróleos de Venezuela SA (PDVSA) por un valor de 250 millones de euros.
Según el empresario, Zapatero canalizó esa venta y parte del dinero también fue a financiar al PSOE. El juez Ismael Moreno investiga las cuentas de Ferraz tras haberse apreciado posibles irregularidades en las hojas de gastos de Ábalos y Koldo.
Los socios de Gobierno de Sánchez han colocado la financiación ilegal como la única línea roja que haría caer al Ejecutivo antes de la convocatoria de elecciones.
El propio Koldo García declaró en el Tribunal Supremo que cobró en billetes de 500 euros, los conocidos como "chistorras", contradiciendo así la versión del PSOE que negó que se hubiera realizado estos pagos.
Además, tal y como desveló en exclusiva EL ESPAÑOL, la propia contabilidad oficial del PSOE no refleja pagos por valor de 27.879 euros hallados por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en sus informes.
![Jose Luis Rodriguez Zapatero y Pedro Sánchez, junto a varias de las anotaciones en la agenda del expresidente.](["https:\/\/s3.elespanol.com\/k\/imgp\/cms\/elespanol\/11301399.jpg?p=w:320\/h:240&h=Zwl24kFJ"])
Por otro lado, la declaración de los directivos de Plus Ultra este septiembre apuntalarán de nuevo las gestiones de Zapatero para que la aerolínea fuera rescatada por el Gobierno.
El expresidente sigue, además, sin presentar la documentación que acredite la procedencia de las joyas que fueron encontradas por la Policía Nacional durante el registro de su despacho en Ferraz.
En un horizonte más lejano queda aún el juicio a Begoña Gómez, después de que el juez Juan Carlos Peinado cerrara la instrucción y enviara a la mujer del presidente del Gobierno al banquillo.
Zapatero y Plus Ultra
La primera gran causa que amenaza a Sánchez este otoño investiga si el rescate público de 53 millones de euros concedido a Plus Ultra en 2021 estuvo precedido por gestiones irregulares y si José Luis Rodríguez Zapatero medió y recibió contraprestaciones por su intervención.
El juez José Luis Calama atribuye de forma provisional al expresidente un papel central en una supuesta red de tráfico de influencias y blanqueo.
El foco económico se encuentra en Análisis Relevante, la consultora de su antiguo amigo Julio Martínez Martínez. Zapatero cobró de esta sociedad cerca de 491.000 euros por labores de asesoramiento. Whathefav, empresa administrada por sus hijas, recibió otros 240.000 euros.
La investigación analiza, además, la comisión del 1% que Plus Ultra pactó por la financiación obtenida. Esa cantidad ascendía a 530.000 euros.
Los antiguos responsables de la compañía Julio Martínez Sola y Roberto Roselli han reconocido al juez en una carta que se emitieron facturas por trabajos que no existieron.
![20260528_zapatero y julito_16-9.png](["https:\/\/s3.elespanol.com\/k\/imgp\/cms\/elespanol\/11278776.jpg?p=w:320\/h:240&h=CBqk2fdi"])
El giro más relevante llegó en julio. Julio Martínez Martínez declaró que Zapatero marcaba los pasos de las gestiones y que conoció antes de su aprobación el informe favorable al rescate. El expresidente lo niega.
En su comparecencia del 17 de junio sostuvo que no habló con autoridades ni funcionarios para favorecer la ayuda, aunque admitió que llamó al Banco Santander para que recibiera a directivos de la aerolínea.
El otoño comenzará con dos interrogatorios decisivos. Martínez Sola y Roselli están citados como investigados los días 7 y 8 de septiembre. El juez también debe llamar a declarar a las hijas del expresidente, Alba y Laura Rodríguez Espinosa, y a su secretaria, Gertrudis Alcázar.
![Conversación de WhatsApp entre Gertrudis y Zapatero](["https:\/\/s3.elespanol.com\/k\/imgp\/cms\/elespanol\/11301459.jpg?p=w:320\/h:240&h=BtG_OWFF"])
Mientras tanto, la UDEF examina cuentas del entorno de Zapatero y el accionariado venezolano de Plus Ultra. La defensa ha recurrido esa ampliación y mantiene varias peticiones de nulidad.
Sigue abierta, además, la pieza sobre las joyas halladas en la caja fuerte de su despacho. Su procedencia aún no ha sido acreditada ante el juez pese a que el expresidente se comprometió a desvelar su origen en un máximo de 10 días en su declaración en la Audiencia Nacional.
Cloacas del PSOE
El llamado "caso Fontanera" investiga una supuesta estructura creada para obtener información comprometedora sobre jueces, fiscales y guardias civiles responsables de causas sensibles para el PSOE, el Gobierno y el entorno de Pedro Sánchez.
La Audiencia Nacional atribuye provisionalmente la dirección política a Santos Cerdán y sitúa a Leire Díez como coordinadora de las maniobras.
La causa ya concentra las diligencias que antes tramitaban por separado el juez Santiago Pedraz y un juzgado de Madrid. El último aceptó en agosto remitir sus actuaciones a la Audiencia Nacional.
La investigación abarca posibles delitos de organización criminal, cohecho, tráfico de influencias, malversación, prevaricación y falsedad documental.
![Leire Díez y Antonio Hernando](["https:\/\/s3.elespanol.com\/k\/imgp\/cms\/elespanol\/11302372.jpg?p=c:1282:961:nowe:184:0\/w:320\/h:240&h=PDotkjQM"])
El rastro del dinero acerca el procedimiento a Ferraz. El PSOE pagó al menos 125.000 euros al abogado Jacobo Teijelo y 27.225 a Ismael Oliver, equivalentes a 22.500 euros más IVA.
La hipótesis de la UCO sostiene que las notas de encargo pudieron simular servicios jurídicos y que parte de los fondos terminó en manos de Díez. Los letrados y el partido niegan cualquier irregularidad.
Pedraz ha autorizado el análisis de seis cuentas del PSOE, dentro de un rastreo mucho más amplio sobre sociedades, abogados y antiguos dirigentes.
También ordenó repetir el clonado del teléfono del expresidente de Correos Juan Manuel Serrano. Los agentes pretendían reconstruir sus miles de mensajes con Díez y comprobar quién conocía las actuaciones.
El 9 de septiembre declararán como investigados la gerente socialista, Ana María Fuentes, e Ismael Oliver. Fuentes firmó los encargos bajo sospecha y el juez examina si actuó como coautora o cooperadora de una falsedad.
![ana maría fuentes](["https:\/\/s3.elespanol.com\/k\/imgp\/cms\/elespanol\/10988478.jpg?p=w:320\/h:240&h=B6gbu8Tt"])
Un día después comparecerá Leonardo Marcos, exdirector de la Guardia Civil, por las posibles presiones sobre mandos de la UCO.
El PSOE no está investigado como persona jurídica. Esa posibilidad dependerá de que las diligencias acrediten que fondos de la formación financiaron delitos cometidos en su beneficio y de que el juez aprecie los requisitos exigidos para atribuirle responsabilidad penal.
Los informes bancarios y el análisis del móvil de Serrano marcarán ese horizonte las próximas semanas.
Obras Públicas
La pieza de obras públicas dentro de la gran investigación del "caso Koldo" busca descubrir si una red vinculada a Santos Cerdán, José Luis Ábalos y Koldo García alteró adjudicaciones del Ministerio de Transportes a cambio de comisiones.
El Tribunal Supremo remitió la causa a la Audiencia Nacional en febrero, después de que Ábalos renunciara al escaño y perdiera el aforamiento.
El juez Ismael Moreno examina 11 contratos de la etapa de Ábalos: cinco de Adif y seis de la Dirección General de Carreteras.
![José Luis Ábalos, Antonio Fernández y Koldo García en un fotomonaje con el Ministerio de Transportes de fondo.](["https:\/\/s3.elespanol.com\/k\/imgp\/cms\/elespanol\/10542074.jpg?p=w:320\/h:240&h=PJrJ4nBR"])
La Intervención General del Estado detectó irregularidades en sus expedientes, entre ellas valoraciones subjetivas y modificaciones económicas que ahora deben conectarse, en su caso, con decisiones concertadas.
La tesis de la UCO coloca a Cerdán en la cúspide de una trama que habría nacido en Navarra y después se extendió a la Administración central.
Servinabar, formalmente propiedad de Antxon Alonso, habría funcionado como vehículo para cobrar un 2% de determinadas obras adjudicadas a Acciona.
La constructora abonó a esa empresa 6,7 millones de euros, pagos que ambas compañías presentan como contraprestación por trabajos reales.
Los responsables de las empresas y los antiguos cargos públicos investigados niegan el pago de mordidas y defienden la legalidad de las licitaciones.
![Belén Cerdán León, hermana del exsecretario de Organización del PSOE.](["https:\/\/s3.elespanol.com\/k\/imgp\/cms\/elespanol\/11025910.jpg?p=w:320\/h:240&h=eC6W1s0j"])
La novedad del verano es el avance sobre el patrimonio de Cerdán. Un informe policial cifra en más de 323.000 euros los beneficios que él y su familia habrían recibido de Servinabar mediante salarios, viviendas, vehículos y gastos personales.
Moreno ha autorizado el acceso a cuentas del entorno familiar y ha reclamado expedientes tributarios de varias constructoras.
Durante los próximos meses, la UCO deberá entregar nuevos análisis bancarios, fiscales y contractuales. También está pendiente un informe sobre la adjudicación de los túneles de Belate.
La instrucción sigue abierta debido al volumen de dispositivos y documentación todavía sin examinar. La instrucción se ha ampliado hasta marzo de 2027. Esos trabajos determinarán si aparecen nuevos investigados y cómo avanza la causa.
Mascarillas
El caso Mascarillas nació de los contratos de emergencia firmados durante la pandemia con Soluciones de Gestión, una empresa vinculada al empresario Víctor de Aldama.
La trama obtuvo adjudicaciones de Puertos del Estado y Adif para suministrar 13 millones de mascarillas. El Tribunal Supremo considera probado que el grupo aprovechó la posición de José Luis Ábalos en Transportes para lucrarse y repartir contraprestaciones.
La primera pieza ya tiene sentencia firme. El Supremo condenó el 22 de junio a Ábalos a 24 años y tres meses de prisión y a Koldo García a 19 años y ocho meses por organización criminal, cohecho, tráfico de influencias y malversación. Ambos fueron absueltos de prevaricación, falsedad y uso de información privilegiada.
Aldama recibió cuatro años y seis meses por organización criminal y varios delitos de cohecho. El tribunal aplicó una atenuante muy cualificada por su confesión y colaboración, y suspendió el ingreso en prisión.
![El exministro José Luis Ábalos durante su declaración ante el Tribunal Supremo.](["https:\/\/s3.elespanol.com\/k\/imgp\/cms\/elespanol\/11299678.jpg?p=w:320\/h:240&h=k6zTGeIs"])
La sentencia también dio por probados los pagos mensuales para gastos de Ábalos y las contrataciones de Jésica Rodríguez y Claudia Montes en empresas públicas.
El fallo no cierra todas las ramificaciones. Ábalos y Koldo han promovido incidentes de nulidad, paso previo a posibles recursos de amparo ante el Tribunal Constitucional.
La sentencia no admite recurso ordinario, por lo que la discusión se centrará en eventuales vulneraciones de derechos fundamentales.
La Audiencia Nacional mantiene abierta la instrucción contra empresarios, familiares y antiguos altos cargos que no fueron juzgados por el Supremo.
![Las certificaciones de Interior y Baleares, con similares términos y emitidos el mismo día.](["https:\/\/s3.elespanol.com\/k\/imgp\/cms\/elespanol\/10439679.jpg?p=w:320\/h:240&h=24Pwx59r"])
El juez Ismael Moreno investiga, entre otros extremos, los contratos de Canarias y Baleares, el suministro de Interior, el destino de los beneficios y posibles delitos fiscales o de blanqueo.
Koldo y Aldama también están investigados por las gestiones realizadas para que Soluciones de Gestión contratara con las islas.
Los próximos informes de la UCO deberán delimitar responsabilidades y permitirán decidir qué investigados quedan fuera y cuáles se encaminan al juicio.
Begoña Gómez
Begoña Gómez, la esposa de Pedro Sánchez, se encuentra a las puertas de un juicio con jurado por dos presuntos delitos: tráfico de influencias y malversación.
La causa analiza si aprovechó su relación con el presidente del Gobierno para impulsar su actividad en la Universidad Complutense y si utilizó recursos públicos, incluida su asesora en Moncloa, para fines vinculados a su cátedra.
El primer bloque se centra en la creación de la Cátedra de Transformación Social Competitiva, que Gómez codirigió desde 2020.
![.](["https:\/\/s3.elespanol.com\/k\/imgp\/cms\/elespanol\/11298340.jpg?p=w:320\/h:240&h=C6QSQ1Xr"])
El juez Juan Carlos Peinado considera que su posición pudo facilitar el acceso a responsables universitarios, empresas patrocinadoras y organismos públicos. La defensa sostiene que todas sus actuaciones fueron académicas y legítimas.
La malversación afecta principalmente al trabajo de Cristina Álvarez. La asesora utilizó su correo oficial para tratar con la universidad y con entidades colaboradoras.
También participó en gestiones relacionadas con el programa informático desarrollado para la cátedra. Las acusaciones sostienen que dedicó medios y tiempo público a intereses privados; ambas investigadas lo rechazan.
La Audiencia Provincial de Madrid avaló en julio que el procedimiento continuase ante un jurado, pero corrigió a Peinado.
Archivó los delitos de corrupción en los negocios y apropiación indebida, apartó de este juicio al empresario Juan Carlos Barrabés y levantó las medidas cautelares impuestas a Gómez.
La parte relativa a los contratos públicos de Barrabés seguirá por otra vía, con una pieza en manos de la Fiscalía Europea.
![Pedro Sánchez, junto a su mujer, Begoña Gómez, a su llegada al Palacio de Carlos V durante III Cumbre de la Comunidad Política Europea (CPE) realizan en Granada en 2023](["https:\/\/s3.elespanol.com\/k\/imgp\/cms\/elespanol\/11325604.jpg?p=w:320\/h:240&h=qFFwWkC5"])
La Fiscalía no acusa y solicita la absolución. Las acusaciones populares, coordinadas por Hazte Oír, reclaman 13 años de prisión para Gómez y seis para Álvarez.
La Complutense pide una responsabilidad civil provisional de 113.509,32 euros y la restitución del control del programa informático.
El calendario se reactivará en septiembre. El nuevo abogado de Gómez, Jaime Campaner, tiene hasta el día 8 para presentar su escrito de defensa.
Después deberá celebrarse una nueva audiencia preliminar y Peinado resolverá si abre definitivamente el juicio oral. Aún no existe fecha para el juicio ni se ha producido una declaración de culpabilidad.
