Un menor migrante escoltado por la Guardia Civil y el Ejército, este miércoles.
El PP pide cambios en la Ley de Extranjería antes de recibir menores de Ceuta: quiere que la frontera no sea un coladero
Critican que el Gobierno "no sepa cuántos menores hay" y que ponga el peso del debate en si las CCAA "permiten o no que lleguen menas".
Más información: Ofensiva del PP por la crisis de Ceuta: pide habilitar el Senado en agosto e insta a Armengol a hacer lo mismo con el Congreso.
Ceuta ha pasado en apenas tres semanas de tener una presión migratoria creciente al desbordamiento total de sus sistemas de protección de menores.
Antes de julio atendía a unos 180 menores extranjeros no acompañados. El día 15 eran 213; el 25, 349; el 26, 380; y el 28, 471.
El último recuento cerrado facilitado a EL ESPAÑOL por Alberto Gaitán, consejero de Presidencia y Gobernación, eleva la cifra a 1.017, aunque el Gobierno ceutí baraja que pueda ascender a más de 1.100, ya que todavía quedan "miles de personas" deambulando en la ciudad.
Sólo entre el 25 de julio y el balance de 1.017, recuerda Gaitán, entraron en el sistema 668 menores, mientras que la capacidad ordinaria atribuida a Ceuta por el Gobierno es de 29 plazas.
La ocupación se encuentra un 3.407% por encima de la capacidad ordinaria.
La ciudad autónoma ha tenido que instalar de urgencia literas, habilitar un colegio para un centenar de niñas y acondicionar dos naves para dar cabida a la avalancha migratoria.
Ahora comienza una segunda fase: filiar a los menores recién llegados, determinar su edad, inscribirlos en el registro estatal, detectar situaciones de vulnerabilidad y trasladarlos a otras comunidades autónomas conforme a los principios de la Ley de Extranjería.
Ceuta conoce bien este procedimiento. Desde 2025 hasta el 30 y el 31 de julio la ciudad autónoma ya había enviado a la Península unos 660 menores.
Es en esa parte, en la derivación de los menas, donde hoy comienza el conflicto político.
![A la izquierda, el jefe del Gabinete de Presidencia, Diego Rubio, y a la derecha, la directora del Departamento de Seguridad Nacional, Loreto Gutiérrez.](["https:\/\/s3.elespanol.com\/k\/imgp\/cms\/elespanol\/11329833.jpg?p=w:320\/h:240&h=ajE2XmPR"])
El PP admite que la Ley de Extranjería obliga a sus gobiernos autonómicos a recibir a los menores que les sean asignados y asegura que cumplirá con las resoluciones.
"Las comunidades autónomas del Partido Popular siempre van a cumplir la ley", afirmó este miércoles Alma Ezcurra.
Sin embargo, Génova critica que Pedro Sánchez minimice las consecuencias para centrarse en discutir cuántos menores debe aceptar cada CCAA mientras que el Gobierno ni siquiera tiene la frontera controlada ni sabe el censo total de menores no acompañados.
Ezcurra, por tanto, ha reclamado un reparto "justo, con datos, bien dotado y planificado", y ha argumentado que no tiene sentido "hablar de repartos" si no hay cifras oficiales.
Los migrantes procedentes de Marruecos reaccionan al cruzar a Ceuta por mar, en la frontera entre el enclave español de Ceuta y Marruecos.
Fuentes de la dirección nacional del PP consultadas por EL ESPAÑOL sostienen, además, que antes de centrar el debate en cómo debe ser la respuesta en la distribución territorial, el Gobierno debe reforzar la legislación pertinente y garantizar la integridad de la frontera para evitar que esta se convierta en un coladero.
Por ejemplo, citan la Ley de Extranjería, una medida plagada de, a su juicio, "vacíos legales".
Uno de los puntos que cuestiona el PP es que la ley permite trasladar a personas indocumentadas cuya minoría de edad todavía no ha podido establecerse con seguridad. Esto obliga a la comunidad autónoma receptora a encargarse de averiguarlo.
"Eso es un peligro público. Cuando tú metes en un centro de menores a un tipo que al final acaba teniendo 20 años, ¿qué pasa con los niños que tienen 10 o 12? Hay que preservar el interés superior de esos niños", aseguran desde el PP.
![Menores inmigrantes no acompañados en la playa de Ceuta tras la entrada ilegal el pasado jueves.](["https:\/\/s3.elespanol.com\/k\/imgp\/cms\/elespanol\/11330196.jpg?p=w:320\/h:240&h=x8OEOLnZ"])
Y añaden: "En Madrid, por ejemplo, hay un 50% de enviados que, resulta, no son menores".
Gaitán corrobora que ese procedimiento es habitual.
"En nuestro caso, en Ceuta, todos los que pasamos a la Península van registrados, inscritos y con pruebas de edad, pero me consta que hay otras comunidades que no los envían tan documentados como nosotros".
El segundo punto de fricción tiene que ver con la distribución de los menas. El PP denuncia que el Gobierno aplica un doble rasero privilegiado con Cataluña y el País Vasco.
Menores inmigrantes no acompañados en la playa de Ceuta tras la entrada ilegal el pasado jueves.
En julio de 2025, cuando el Gobierno presentó el cálculo inicial para redistribuir hasta 3.975 menores desde Canarias, Ceuta y Melilla, Cataluña y el País Vasco obtuvieron una cuota obligatoria de cero, aunque Cataluña se ofreció después a acoger voluntariamente a 31.
La reforma de la Ley de Extranjería de ese mismo año introdujo criterios como la población, la renta, el desempleo, la dimensión de la red de protección y el esfuerzo previo de acogida para delimitar qué comunidades autónomas recibían más o menos menas.
Ésa es la "trampa" que denuncia el PP: la fórmula permitió que Cataluña y País Vasco quedaran fuera del reparto mientras el peso recaía sobre el resto.
![Decenas de inmigrantes en la playa de Ceuta.](["https:\/\/s3.elespanol.com\/k\/imgp\/cms\/elespanol\/11329835.jpg?p=w:320\/h:240&h=8yVfs8iG"])
El tercer punto que merece un reproche del PP de la Ley de Extranjería es la necesidad de una financiación estatal completa del mantenimiento económico de los menas desde que llegan hasta que se emancipan.
La Ley de Extranjería exige una financiación "suficiente" y creó para 2025 un fondo de 100 millones de euros destinado a compensar íntegramente los costes de sobreocupación causados por menores trasladados desde otra comunidad.
La norma, sin embargo, no garantiza expresamente una financiación permanente hasta la emancipación, que es la cobertura adicional reclamada por los populares.
![La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, este martes en Madrid.](["https:\/\/s3.elespanol.com\/k\/imgp\/cms\/elespanol\/11329437.jpg?p=w:320\/h:240&h=MpYjfc0F"])
Además de estos tres extremos, el PP registró el 16 de julio una proposición de ley orgánica para modificar la disposición adicional décima de la Ley de Extranjería y ampliar la devolución en frontera en Ceuta y Melilla.
La propuesta plantea devolver a quienes sean detectados o interceptados durante un intento de entrada irregular tanto en la línea fronteriza terrestre como en la marítima, con independencia de que hayan superado una valla u otro elemento físico; es decir, incluiría expresamente las entradas a nado.
La avalancha migratoria de Ceuta ha acelerado el debate hasta producir una paradoja: mientras el PP pretende adaptar la ley a las entradas marítimas, el Gobierno ha optado por adaptar físicamente la frontera marítima a la ley.
Aplicación del acuerdo bilateral
Las fuentes consultadas añaden que Sánchez debería activar el acuerdo que España y Marruecos firmaron en Rabat en marzo de 2007.
"Hay un acuerdo ratificado en 2013 que, en su artículo 5, dice que la primera vía es la repatriación de los menores con sus familias o con los servicios sociales del país de origen, en este caso Marruecos".
"Si estamos en el mejor momento de las relaciones bilaterales, como dice Sánchez, ejecutemos el acuerdo que tenemos suscrito y en vigor", reclaman.
El problema, no obstante, es que en la crisis de Ceuta de 2021 se aplicó el acuerdo de 2007 y se expulsaron a menores, no sólo a adultos.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez (d), que ha viajado hoy a Ceuta, acompañado por el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska (d), a su llegada al Palacio de la Asamblea saluda al presidente de Ceuta, Juan José Vivas (i).
El Tribunal Supremo, en respuesta, dijo que ello debía hacerse con garantías: informar a la Fiscalía, emitir un informe el del Consulado de Marruecos y, si el menor tiene edad y juicio para dar su opinión, expresarla libremente.
La repatriación, por tanto, sólo puede acordarse si responde al interés superior del menor y si existen condiciones adecuadas para su reunificación familiar o para que sea atendido por los servicios de protección del país de origen.
Si no se acredita, la vía normal es la tutela y protección en España, que es lo que ocurre en la inmensa mayoría de los casos.
"El problema que surge ahora es que el Gobierno no sólo no los tiene contados, sino que no está haciendo este proceso de informes", insiste el PP.
"Ni siquiera los tiene filiados. No sabe cuántos menores hay. No sabe su procedencia. No sabe su nombre. Y, cuando lo sabe, no sigue los pasos que debe en su acuerdo con Marruecos. Eso sí: Sánchez traslada ahora el debate a si las comunidades del PP permiten a o no la entrada a estos menores".
La oposición de Vox
Desde las comunidades del PP repiten la misma idea: "El cumplimiento de la ley está siempre por delante".
Sin embargo, recuerdan que ha habido sentencias que determinaron que el Gobierno de España hizo repartos "sin ningún tipo de motivación, extralimitándose de sus competencias y no respetando la ley".
Por tanto, actuarán "por todos los medios legales, jurídicos y políticos" para frenar el reparto de menores.
Algo similar propone Vox, que estos días ha mostrado su rechazo frontal al reparto de menas. Sin ir más lejos, el vicepresidente de Aragón, Alejandro Nolasco, ha reclamado cerrar la frontera y devolver a los inmigrantes "por donde han venido".
Santiago Abascal, líder del partido Vox, comparece ante los medios en Ceuta.
En Extremadura, Óscar Fernández promete oponerse "por tierra, mar y aire" mediante todos los instrumentos políticos, administrativos y judiciales a la llegada de los menas.
Vox reconoce, no obstante, que el reparto vigente es obligatorio. Las comunidades pueden recurrir cada resolución y solicitar su suspensión cautelar, pero no disponen de un derecho general de veto.
"Todo el mundo sabe que han entrado de manera ilegal. Habrá que negarse a acogerlos e interponer recursos o denuncias ante un Gobierno que colabora con la 'ilegalidad' de manera consciente", explican a EL ESPAÑOL fuentes del partido de Santiago Abascal.
"En cuanto lleguen deberemos comprobar su identidad, nacionalidad y su situación familiar. Estamos convencidos de que, en el 99% de los casos, el Gobierno deberá actuar para devolverlos".
Y zanjan: "Lo que pedimos es hacer todo lo que nunca nadie ha hecho: que con la ley en la mano se devuelva la pelota al tejado del Gobierno central para impulsar los procesos de deportación".
