Agentes de la Guardia Civil.
Los guardias civiles exigen a Marlaska un aumento de la plantilla del Seprona ante la ola de incendios: "Ignora los avisos"
Jucil avisa del incremento de delitos medioambientales; Interpol sitúa a estos ilícitos penales como los terceros negocios más lucrativos del mundo.
Más información: Feijóo, Mañueco, Guardiola y Rueda piden la presencia del Ejército para frenar el fuego y disuadir a los pirómanos
La asociación mayoritaria de la Guardia Civil, Jucil, exige al Ministerio del Interior, bajo la dirección de Fernando Grande-Marlaska, incrementar los efectivos del Servicio de Protección a la naturaleza, más conocido como el Seprona.
Esta unidad, especializada en delitos medioambientales, resulta crucial para la investigación de, entre otras muchas funciones, los incendios que están asolando España de punta a punta.
"Lejos de ser un problema puntual, esta carencia se ha convertido en una crisis estructural que, año tras año, empeora dramáticamente, especialmente ante la actual ola de incendios forestales que arrasa el país", declaran desde Jucil.
Siguiendo en esta línea, aseguran que la cartera de Grande-Marlaska "ha ignorado reiteradamente" los avisos de la asociación y lo tildan de "imprudencia temeraria", teniendo en cuenta la espiral de incendios que azotan el país.
A ojos de Jucil, las plantillas del Seprona en España están "desbordadas, envejecidas e insuficientes para cubrir dignamente la extensa geografía nacional y la creciente complejidad de los delitos
medioambientales".
"La escasez de agentes dificulta seriamente las investigaciones necesarias para identificar y detener a los responsables. Impide una vigilancia eficaz y compromete la recogida de pruebas, dejando a muchos culpables sin castigo", agrega la asociación.
Doble de actuaciones
Lo cierto es que, atendiendo a los datos de las actuaciones del Seprona recogidas por Interior, ha incrementado notablemente sus intervenciones.
En 2019, se notificaron 3.818 infracciones penales. Sin embargo, las cifras en 2023 se dispararon y ascendieron a 6.532. Por otro lado, las sanciones administrativas se mantuvieron y rondan las 100.000.
Según Interpol, los delitos contra el medio ambiente ocupan el tercer puesto entre las actividades criminales más lucrativas, solo superados por el tráfico de drogas y la falsificación de documentos, y situándose incluso por delante de los relacionados con la trata de seres humanos.
