La Fiscalía pide archivar la causa contra García Ortiz alegando que "no hay pruebas" de que filtrara el correo clave

La Fiscalía ha pedido al Tribunal Supremo el archivo de la causa contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, y la fiscal provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, procesados por un presunto delito de revelación de secretos por las filtraciones relacionadas con el caso de Alberto González Amador al considerar que "no hay pruebas" de que el fiscal general tuviera acceso al correo en el que el abogado de este admitía dos delitos fiscales.

Además, el Ministerio Público denuncia que el juez instructor de la causa, Ángel Hurtado, ha obviado circunstancias clave e inferido otras "sin sustrato probatorio", como las supuestas órdenes desde Moncloa para llevar esta filtración a cabo.

La teniente fiscal del Supremo, María Ángeles Sánchez Conde, sigue así los pasos llevados a cabo por el propio García Ortiz, quien el pasado 6 de junio solicitaba el archivo de su caso a través de la Abogacía del Estado.

El juez del Supremo pone al fiscal general al borde del banquillo por filtrar datos tributarios de la pareja de Ayuso

"Fue el entorno de Ayuso el que filtró información usada en una campaña política", se defendió el fiscal general en un escrito presentado cuando la instrucción está cerca de finalizar tras ser imputado formalmente.

El recurso de la Fiscalía

Sánchez Conde defiende que el correo clave ya era conocido con antelación a que lo tuviera el fiscal general, por lo que ha recurrido la decisión de Hurtado, pidiendo el archivo de la causa y la exoneración de los dos fiscales procesados

Lo ha hecho acudiendo directamente a la Sala de Apelación, saltándose así la posible revisión del propio instructor. La fiscal ha elegido esta vía cargando directamente contra el magistrado, acusándolo de haber imputado a García Ortiz con afirmaciones "novedosas" que no se habían hecho a lo largo de la instrucción, como que los fiscales actuaron por indicaciones de Moncloa.

La 'número dos' de la Fiscalía alega que "el propio magistrado reconoce que con anterioridad a la presunta filtración del correo de 2 de febrero de 2024 por el fiscal general del Estado circulaba por los medios la existencia de un ofrecimiento de acuerdo por parte de González Amador de reconocer la comisión de dos delitos fiscales".

La juez propone juzgar a González Amador, novio de Ayuso, por fraude fiscal y falsedad documental

En este sentido, añade que los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil "también declararon que una pluralidad de personas conocían, con antelación a la presunta filtración del correo por el fiscal general del Estado, la existencia de ofrecimiento de acuerdo por parte de González Amador".

De hecho, acusa a Hurtado de usar un "argumento reduccionista" por deducir que las únicas "fuentes jurídicas" a las que hizo alusión la Cadena SER al informar del citado email la noche del 13 de marzo podían ser la Fiscalía o el abogado de González Amador, al que descartó en base al testimonio del propio letrado, Carlos Neira.

Sobre las presuntas indicaciones desde Moncloa

Destaca que "en ninguna de las múltiples resoluciones y actos procesales se hace alusión a la existencia de indicaciones recibidas de Presidencia del Gobierno por el fiscal general ni a que su actuación se viera comprometida por indicaciones externas".

Por tanto, "tal imputación se introduce ex novo" y "sin ningún sustrato probatorio" lo que acarrea una "clara indefensión de los investigados" porque en ningún momento se les ha preguntado ni informado de ello durante el procedimiento, como tampoco se ha propuesto ninguna prueba para acreditar o desvirtuar tal extremo.

Lo que la lleva a proclamar la "rotunda inexistencia de prueba sobre la remisión del correo desde la Fiscalía General".