España enfrenta un problema crónico con la corrupción, un desafío que persiste a pesar de los avances legislativos. Silvina Bacigalupo, presidenta de Transparencia Internacional España, advierte que el país sigue sin una estrategia eficaz para combatir este fenómeno. "Nos falta un plan nacional contra la corrupción, pero eso requiere consenso", explica, señalando que la polarización política impide tomar medidas contundentes.
A lo largo de los años, los casos de corrupción han puesto en evidencia fallos estructurales en el sistema. Aunque las instituciones de control existen, su efectividad se ve limitada por la falta de recursos y la influencia política en sus decisiones. Además, la legislación sobre la financiación de partidos sigue siendo un punto débil que favorece la opacidad y la falta de transparencia en la gestión pública.
Silvina Bacigalupo, presidenta de Transparency International España. Madrid
Uno de los problemas más evidentes es la contratación pública. Durante la pandemia, por ejemplo, se detectaron múltiples irregularidades en la gestión de proveedores, demostrando que el sistema sigue sin los controles adecuados. "La crisis sanitaria nos hizo ver que no tenemos bien controlados a los proveedores del Estado", comenta Bacigalupo. Para revertir esta situación, insiste en la necesidad de un compromiso político real que permita impulsar reformas efectivas y duraderas que fortalezcan la confianza en las instituciones.
