Los policías se oponen al acuerdo PSOE-Sumar: "Derogar la 'ley mordaza' beneficia a los violentos"

El acuerdo firmado por el PSOE y Sumar para un Gobierno de coalición liderado por Pedro Sánchez ha causado un profundo malestar entre policías y guardias civiles ante el compromiso adquirido por ambos partidos de derogar la Ley de Seguridad Ciudadana, más conocida como Ley mordaza.

A pesar de las reticencias iniciales por parte de los socialistas, Sumar llegó a arrancar lo que define como "un programa mucho más ambicioso" al socio mayoritario. Ese programa incluye, entre otras medidas, volver a intentar la supresión de la ley, vigente desde el año 2015 y cuya reforma ya se intentó abordar, sin éxito, la pasada legislatura. 

La norma en cuestión, aprobada por el Gobierno de Mariano Rajoy, persigue las manifestaciones no anunciada en instalaciones que ofrezcan servicios básicos a la comunidad; la celebración de espectáculos en contra de la prohibición dictada por la autoridad; la perturbación del orden frente a sedes de organismos oficiales, aunque no tengan actividad en ese momento; o el uso no autorizado de imágenes de miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, entre otras actuaciones.

La derogación de esta ley choca con la oposición frontal de los principales colectivos de la Policía Nacional. Desde el sindicato Jupol, Aarón Rivero, su secretario general, apunta que la supresión de esta ley "hará de España un país más inseguro". "Sólo beneficia a los manifestantes violentos y a los delincuentes y nos ata de pies y manos", añade.

Rivero ha aseverado que con esta reforma "los policías y guardias civiles tendrán más difícil, y en ocasiones casi imposible, llevar a cabo su labor, y quienes sufrirán las consecuencias serán los ciudadanos, que se verán perjudicados, ya que la voluntad de unos pocos será suficiente para recortar sus derechos y libertades".

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Es similar la reacción que ha generado la noticia en el Sindicato Unificado de Policía (SUP). "En cuestiones tan importantes como esta, están en juego la seguridad y el libre ejercicio de los de derechos que se pueden desarrollar en la vía pública", dice Jacobo Rodríguez, su portavoz.

"Si quieren reformar o derogar la ley, lo primero que tienen es que hablar con los sindicatos policiales, que somos los que sabemos qué problemas existen en las calles y no legislar en caliente. La seguridad de los españoles no es negociable con personas que aplauden cuando se patea a policías", prosiguen.

A renglón seguido, desde Jupol L insisten en que la modificación de la Ley de Seguridad Ciudadana "se produce en un contexto muy negativo para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, con efectivos desmoralizados y debilitados, en un escenario de violencia agravada y con una flagrante perdida del principio de autoridad".

Intento fallido

El pasado mes de marzo se produjo un punto de inflexión en las dificultades del Ejecutivo para sacar adelante medidas con sus socios. Entonces, el Gobierno no fue capaz de congregar el apoyo de todos sus aliados para derogar la ley mordaza y ERC y EH Bildu tumbaron la reforma.

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La modificación de la norma se fue al traste cuando el dictamen se votó en la Comisión de Interior. Con ella, caía además el compromiso más antiguo de los dos partidos de la coalición, que ahora vuelven a la carga con la misma promesa para el futuro gabinete que quieren conformar.

Tampoco a la Confederación Española de Policía (CEP) le ha dejado indiferente la noticia. "Reclamamos ser escuchados por el Ministerio del Interior. Queremos que se tengan también en cuenta los derechos de los profesionales de la seguridad pública y sus garantías físicas y jurídicas", aseguran.

Según datos del Ministerio del Interior, el año 2022 se produjeron más de 12.800 delitos de atentados contra agentes de la autoridad. Supusieron un incremento del 7,63% respecto al dato de 2021. Fue el año en que se registró la mayor cifra en ese sentido de los últimos 15 años.

A juicio de los expertos policiales, la tendencia "marca una peligrosa tendencia al alza sostenida durante los últimos seis años". En gran medida, porque durante 2023 los datos de agresiones a miembros de Policía Nacional y Guardia Civil se están manteniendo en niveles similares a los de 2022.

Para la CEP se trata de un "grave error" intentar reformar la ley. "Si se repite, volverá a generar un rechazo unánime entre los miembros de todo el colectivo policial, del que forman parte más de 225.000 servidores públicos de la Administración General del Estado, y a nivel autonómico y local".