Ángela Rodríguez 'Pam' y la ministra Irene Montero, el pasado martes durante la presentación de la Estrategia Estatal contra la Violencia Machista.

Ángela Rodríguez 'Pam' y la ministra Irene Montero, el pasado martes durante la presentación de la Estrategia Estatal contra la Violencia Machista.

España Violencia de género

El Gobierno, desbordado por los asesinatos, pone ya pulseras a excarcelados por el 'sí es sí'

Las medidas puestas en marcha para proteger a las víctimas chocan con la falta de medios policiales dispuestos por el Ministerio de Interior.

24 enero, 2023 03:11

La cifra de 17 mujeres asesinadas por sus parejas en dos meses, a falta de cerrar la última semana de enero, ha disparado todas las alarmas del Gobierno.

Mientras ya son más de 250 agresores sexuales beneficiados por la Ley del sólo sí es sí, se abre un nuevo frente en la gestión del Ministerio de Igualdad, el de la violencia machista, que muestra el abismo entre las declaraciones de intenciones y la falta de resultados de sus políticas.

Tras las dos últimas muertes registradas la pasada madrugada en Valladolid (donde un hombre ha asesinado a su novia y a su hija de ocho años), el Gobierno ha convocado para el próximo viernes el comité de crisis de violencia de género (del que también forman parte representantes de los ministerios de Justicia, Interior y las comunidades autónomas).

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Respecto al primero de los fuentes, el Observatorio Contra la Violencia de Género del Poder Judicial ha confirmado este lunes que ya se han comenzado a colocar las primeras pulseras electrónicas a los agresores sexuales que quedan en libertad vigilada a causa de la entrada en vigor de la Ley del sólo sí es sí.

El Obsevatorio del CGPJ ha recalcado la necesidad de que la Fiscalía y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado propongan el uso de dispositivos electrónicos en todos los casos de "especial relevancia". Estas pulseras permiten detectar si el agresor, tras ser excarcelado, se acerca a su víctima, para poner en marcha su dispositivo urgente de protección.

Se trata de una solución de emergencia, que debe ser supervisada por los jueces, ante la negativa del Ministerio de Igualdad a retocar el texto de la norma para frenar la sangría de rebajas de pena a agresores sexuales.

El ministro de Presidencia, Félix Bolaños, reconoció el pasado viernes en una entrevista que le "aterra" la posibilidad de que un violador excarcelado por esta Ley vuelva a reincidir. Sin embargo, el Gobierno está atenazado por la negativa de Igualdad a corregir el texto.

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Tanto la secretaria de Estado de Igualdad, Ángela Rodríguez Pam, como la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Victoria Rosell, han insistido este lunes en defender la vigencia de la Ley y han puesto el énfasis en la necesidad de formar a los jueces para que la apliquen correctamente.

Aunque comienda a resquebrajarse la unanimidad en defensa de esta norma. La candidata de Podemos a la Presidencia de Aragón, Maru Díaz, constató ayer lunes que la aplicación de la Ley del sólo sí es sí "está siendo dolorosa" y se ha convertido en una "tragedia". "Ni la vocación de la ley, ni del legislador era que pasara lo que está pasando", ha reconocido.

Pero la otra cuestión que ha puesto el foco en la gestión del Ministerio de Igualdad es la violencia machista, tras contabilizar seis mujeres asesinadas por sus parejas en lo que va de mes de enero.

El Gobierno ya reunió el comité de crisis de violencia de género el pasado mes de diciembre, mes en el que se disparó la estadística con 11 mujeres asesinadas por sus parejas. En aquel momento, las responsables del Ministerio de Igualdad apuntaron a la responsabilidad de Interior, al reclamar mayor eficacia en los protocolos policiales para proteger a las víctimas.

Falta de medios

Aunque esta medida choca con la falta de medios: como ha informado EL ESPAÑOL, el número de agentes de Policía Nacional y Guardia Civil destinados a las Unidades de Atención a la Familia y la Mujer (UFAM) es prácticamente el mismo que hace once años. 

El cometido de estas unidades es proteger a las casi 37.000 víctimas de violencia de género, clasificadas en los diferentes tipos de riesgo, así como a cerca de 9.000 niños de las parejas en riesgo. 

En la sesión del comité de crisis celebrada el pasado mes de diciembre, el ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, recuperó una propuesta que su departamento llevaba barajando varias semanas: la posibilidad de informar a las mujeres cuya nueva pareja tenga antecedentes por violencia de género. Sin embargo, esta medida ha chocado hasta ahora con importantes reparos jurídicos.

En las tres primeras semanas del año ya son seis las mujeres asesinadas por sus parejas. El último crimen se registró en la madrugada del lunes en Valladolid, donde un hombre mató a su novia, de 45 años, y a una niña de ocho años, hija de su primer matrimonio.

La condena del PP

El líder del PP ha condenado estos hechos y ha advertido que "queda mucho por hacer porque cada víctima nos hace sentir un fracaso como sociedad. La violencia de género es un problema de Estado y no debemos dar ni un paso atrás", ha señalado en un mensaje en su cuenta en Twitter.

A preguntas de EL ESPAÑOL, fuentes de la dirección del PP han incidido en la falta de respuestas del gobierno a esta lacra: "En la lucha contra la violencia de género estamos ante una devaluación del pacto de Estado, ese acuerdo enorme de toda la sociedad, se ha intentado teledirigir desde un ministerio donde no hay capacidad de escucha. No se está atendiendo con los agentes que de verdad luchan contra la violencia de género, se está focalizando más buscar culpables para eludir responsabilidades y si está derivando a cualquier cosa un fenómeno que tiene identidad propia".

Desde la calle Génova, las mismas fuentes recalcan que el problema de la violencia de género "no se está combatiendo bien, entre otras cosas por la descoordinación de los ministerios, que están más buscando a ver quién se le imputa la responsabilidad de cada crimen que luchar por esta lacra".

La ministra Irene Montero, Ángela Rodríguez Pam y Victoria Rosell presentaron el pasado viernes la "Estrategia estatal para combatir violencias machistas 2022-2025", que estará dotada con un presupuesto de 2.308 millones de euros.