Exteriores de la prisión de Puerto III, en el Puerto de Santa María.

Exteriores de la prisión de Puerto III, en el Puerto de Santa María.

España INSTITUCIONES PENITENCIARIAS

Suspendida una chirigota en Cádiz a la que iba a acudir un pederasta preso con permiso de Interior

Prisiones llegó a autorizar la salida de un condenado a 34 años por abusar sexualmente de menores a los que conocía en la comparsa.

31 mayo, 2022 21:17

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La Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, dependiente del Ministerio del Interior, autorizó para este jueves la salida de 15 presos de la cárcel de Puerto III (Cádiz) para permitirles actuar en el concurso oficial del Carnaval de Cádiz.

Entre esos reclusos, estaba un pederasta condenado a 34 años y 10 meses de cárcel por abusos sexuales a menores a los que conoció, precisamente, a través de una comparsa de la ciudad.

El revuelo generado en la ciudad ha provocado finalmente que se tenga que cancelar la actuación. Tal y como explican fuentes penitenciarias a EL ESPAÑOL, el pederasta se encontraba en régimen de segundo grado. Era la primera vez que se le concedía este permiso.

Los reclusos iban a actuar con su chirigota al inicio de la fase de semifinales del Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas (COAC).  Según relatan a EL ESPAÑOL diversas fuentes penitenciarias, Interior concedió esa polémica salida de presos, entre los que figuraba Domingo Pina, de 60 años de edad. Presidente de una peña de los carnavales de la ciudad, fue condenado por abusar sexualmente de cuatro menores.

Tal y como relató La Voz de Cádiz en 2018, Pina, que reconoció los hechos y aceptó la condena, aprovechaba su vinculación artística con los niños para terminar cometiendo los abusos sexuales. Siempre utilizaba el mismo modus operandi. Les conocía en los ensayos de una comparsa infantil en la que participaba y mantenía una actitud de padre o amigo. Una vez ganada su confianza, les llevaba a su casa, donde les hacía fotos y les sometía a tocamientos.

Incurrió, además, en actos de exhibicionismo, llegando a obligar a las víctimas a ver pornografía con él. Cuando conseguía sus objetivos les daba dinero y premios.

Estas prácticas también se producían en la comparsa en la que ensayaban. Cuando salían a alguna excursión les advertía de que no se lo dijeran a nadie porque eran amigos y todo debía quedar como un secreto compartido.

Pese a la concesión del permiso, el Ayuntamiento de la ciudad ha informado de que Instituciones Penitenciarias ha decidido cancelar la actuación de los presos de Puerto III.

Reinserción

"Esta iniciativa responde a una actividad de reinserción", explican desde el Ayuntamiento gaditano. Iban a actuar en la modalidad de chirigota bajo el nombre Adivina, adivinanza S.A. para cantar antes del inicio de la quinta sesión de semifinales.

No obstante, desde la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias se ha optado finalmente por retirar el permiso tras la polvareda levantada en la ciudad.

El consistorio dirigido por José María González 'Kichi' explica que se ha paralizado la actuación porque "se podría generar un ambiente hostil que conllevara una situación perjudicial para estos reclusos de cara a su reinserción social, objetivo prioritario por el que se iba a desarrollar dicho proyecto".

Cuando el centro penitenciario presentó la propuesta de esa salida de reinserción al Ayuntamiento, le informó de que entre los presos había personas condenadas por delitos menores y de tercer grado. No era esa, sin embargo, la situación en la que se encontraba Pina, condenado por abusos sexuales a menores. 

Tal y como relatan las fuentes consultadas, este pederasta se encontraba en un módulo denominado de respeto -que incluye un programa de intervención en valores, hábitos y actitudes-, al igual que el resto de agresores sexuales en el sistema penitenciario.

"Esta clase de internos suelen tener un comportamiento ejemplar, así que los informes sobre su actitud suelen ser positivos", subrayan las mismas fuentes.

Sin embargo, fue precisamente esto lo que ocurrió en el caso del crimen de Lardero, cuando Interior concedió el permiso al presunto asesino pese a que la Junta de Tratamiento había argumentado la conveniencia de mantenerle en segundo grado dado su perfil de delincuente reincidente en delitos de agresión sexual y asesinato.