Cuentas pide que los partidos políticos tengan planes de saneamiento como las empresas

El Pleno del Tribunal de Cuentas ha presentado este viernes un informe en el que propone 44 reformas legales para mejorar la fiscalización de los partidos políticos y evitar el fraude en su financiación.

Entre otras medidas, el Tribunal pide que se obligue a los partidos políticos a aplicar un plan de saneamiento en sus cuentas, como las empresas. Plantea que ese plan se aplique en caso de registrar dos ejercicios consecutivos con resultado patrimonial negativo, para evitar así que entren en concurso de acreedores.

El órgano fiscalizador también ve conveniente imponer criterios más restrictivos a las fórmulas de financiación como el crowdfunding -que Podemos utiliza habitualmente en sus campañas electorales- para obligar a identificar a todos los donantes, limitar las aportaciones privadas a las fundaciones ligadas a partidos políticos y regular la publicidad electoral en Internet y en las redes sociales.

Estas recomendaciones están recogidas en la Moción relativa a la financiación, la actividad económico-financiera y el control de las formaciones políticas y de las fundaciones, que el Tribunal de Cuentas enviará a las Cortes y al Gobierno para que estudien la oportunidad de impulsar estas reformas.

El 'crowdfunding'

El paquete de medidas es fruto de la experiencia del Tribunal de Cuentas en el control de la financiación de los partidos y sus campañas electorales. La legislación mercantil establece que las empresas que registren un patrimonio negativo (es decir, cuando sus deudas son superiores a sus recursos) están en causa de disolución y, por tanto, deben entrar en concurso de acreedores.

En cambio, la Ley no prevé ninguna solución similar para los partidos políticos cuyas deudas y pérdidas superan ampliamente su patrimonio. El Tribunal de Cuentas propone que los partidos que acumulen dos ejercicios con patrimonio neto negativo sean obligados a aplicar un plan de saneamientos (que implicaría recortes en sus gastos) para reequilibrar sus cuentas.

El órgano fiscalizador explica que con esta propuesta pretende evitar que algunos partidos se vean abocados a declarar concurso de acreedores, cuando caen drásticamente sus ingresos por la pérdida de representación en las instituciones. Todo ello, teniendo en cuenta que la principal vía de financiación de los partidos son las subvenciones que reciben de la Administración.

Podemos fue pionero al introducir, en las elecciones europeas del 2014, la fórmula del crowdfunding para financiar su campaña mediante microcréditos de sus votantes. Pero el Tribunal de Cuentas advierte que esta fórmula, al no estar regulada, abre la puerta al fraude mediante donaciones que pueden vulnerar los límites establecidos por la Ley.

Deudas sin pagar

Por ello propone reformar la Ley para que todos los que financien partidos políticos mediante "donaciones y microcréditos online" se vean obligados a identificarse utilizando un certificado electrónico.

La reforma de la Ley Orgánica de Financiación de los Partidos Políticos (LOFPP) aprobada en 2015 ya prohibió que los bancos condonen total o parcialmente la deuda contraída por los partidos políticos. El Tribunal de Cuentas propone que esta prohibición se haga extensiva a todos los acreedores de los partidos: también a quien les haya concedido financiación con microcréditos mediante fórmulas de crowdfunding. 

En la actualidad, la LOFPP prohíbe a un particular realizar donaciones de más de 50.000 euros a una formación política, o de 10.000 euros si su dinero está destinado a una campaña electoral. El artículo 5.1 de esta Ley prohíbe además a los partidos aceptar donaciones de personas jurídicas (como empresas o asociaciones).

El Tribunal de Cuentas propone establecer el mismo techo para las fundaciones vinculadas a los partidos políticos, que en la actualidad pueden recibir donaciones de particulares superiores a los 50.000 euros y aceptar aportaciones de empresas. Las fundaciones ligadas a partidos declararon en 2018 haber recibido donaciones que suman más de 2,4 millones de euros (1,8 millones de particulares y 591.025 euros de personas jurídicas).

Publicidad en redes sociales

El órgano fiscalizador cree que ha quedado desfasada la Ley Orgánica de Régimen Electoral General (LOREG), que establece para los partidos un límite de gasto en publicidad exterior (como la cartelería), en prensa escrita y en radio, equivalente al 20% del techo de gasto autorizado a cada fuerza política.

El documento propone revisar estos límites y hacerlos extensivos a las nuevas fórmulas de publicidad, como las de Internet y redes sociales-, que cada vez tienen más peso en las campañas electorales.

La LOREG establece que computan como gastos de campaña electoral los correspondientes a publicidad y envío de papeletas por correo pero no, por ejemplo, el alquiler de autobuses para llevar a los afiliados a mitines, la realización de encuestas. También en este caso, el Tribunal de Cuentas pide que se revise el inventario de gastos electorales y se amplíe al período de precampaña.   

Del mismo modo, solicita que se busquen fórmulas alternativas al buzoneo electoral (el envío de las papeletas por correo), pues el votante siempre las tiene a su disposición en el colegio electoral. Toneladas de papel que se envían a millones de domicilios en cada campaña.

Por último, el órgano fiscalizador propone introducir en la LOFPP sanciones para los partidos que dejen de pagar su deuda a los bancos, superen el límite legal establecido en la aceptación de donaciones o incumplan la obligación de presentar su contabilidad electoral en el plazo previsto.