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La instructora del Tribunal de Cuentas "duda" de "la legalidad" de las fianzas del Govern para el 'procés'

Pide que la Abogacía del Estado informe sobre si se puede garantizar con dinero público la responsabilidad de cargos que actuaron con dolo o culpa.

27 julio, 2021 11:56

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La delegada instructora del Tribunal de Cuentas Esperanza García Moreno tiene "dudas sobre la suficiencia y legalidad" de los avales presentados por el Instituto Catalán de Finanzas para hacer frente a la fianza solidaria de 5,4 millones de euros impuesta a los 34 exaltos cargos de la Generalitat de Cataluña que destinaron esa cuantía de fondos públicos a acciones en el extranjero para promover el proceso independentista catalán ('procés').

Tras ampliar en 48 horas el plazo concedido para la llegada de los avales, que debían haber sido recibidos antes de la medianoche del viernes, la instructora no ha tomado una decisión sobre si acepta o no los avales el ICF, una institución que pertenece a la propia Generalitat. Miembros del Tribunal de Cuentas han expresado en los últimos días sus reparos a que el ICF pueda hacer frente a fianzas impuestas por actuaciones que han perjudicado a la propia Generalitat, al suponer un menoscabo o deterioro millonario de su patrimonio.

García Moreno ha resuelto pedir al presidente de la Sección de Enjuiciamiento, el consejero José Manuel Suárez Robledano, que solicite a la Abogacía del Estado un informe sobre si una entidad perteneciente a la Generalitat puede o no amparar posibles responsabilidades contables por dolo o culpa grave.

Las dudas de la instructora

Según ha sabido EL ESPAÑOL, la delegada instructora considera necesario que la Abogacía del Estado, "a la mayor brevedad posible", presente un informe razonado sobre si "la prestación de aval con garantía de fondos públicos constituye el afianzamiento de las posibles responsabilidades contables" que investiga el Tribunal de Cuentas en relación con la promoción del 'procés' en el extranjero.

También se pide informe sobre si el principio de indemnidad que protege a los funcionarios públicos para que no resulten perjudicados por el ejercicio legítimo de sus cargos -principio al que hace referencia el decreto-ley de la Generalitat que crea un Fondo Complementario de Riesgos para hacer frente a las fianzas del 'procés'- se puede aplicar a los presuntos responsables de un menoscabo de fondos públicos cometido con dolo (intención) o culpa grave.

La delegada instructora pregunta, asimismo, si la jurisprudencia del Tribunal Supremo "ampara o no la indemnidad de los cargos y empleados públicos que actúen con dolo o culpa grave".

Por último, la instructora quiere saber si "en definitiva, nuestro sistema de responsabilidad contable permite que sea, directa o indirectamente, la propia entidad perjudicada, en este caso la comunidad autónoma de Cataluña, que representa a todos los integrantes del pueblo de Cataluña, la que garantice con dinero público la posible responsabilidad contable" de unos exaltos cargos que "pueden haber incurrido en responsabilidad contable por dolo o culpa grave".

El acta de liquidación provisional del expediente de enjuiciamiento que afecta a la acción exterior de la Generalitat concierne a los expresidentes catalanes Carles Puigdemont y Artur Mas; al exvicepresidente Oriol Junqueras y a los exconsejeros Raül Romeva, Andreu Mas-Colell y Francesc Homs.

Mas debería responder de 2,8 millones; Homs, de 2,9 millones; Puigdemont y Junqueras, de 1,9; Mas-Colell de 2,8 y Romeva, de 2,1 millones de euros. 

Al tratarse de una responsabilidad solidaria, todos ellos tienen la obligación común de hacerse cargo de la fianza y lo que cada uno entregue decrecerá el montante global al que deben hacer frente, hasta cubrir los 5,4 millones del erario catalán menoscabados.