Las CCAA podrán recurrir al Supremo para avalar sus restricciones tras el fin del estado de alarma

El Gobierno se empeñó en decir que las Comunidades Autónomas "ya tienen todos los recursos en sus manos para decretar las restricciones que precisen" cuando decaiga el estado de alarma. Sin embargo, este último Consejo de Ministros anterior al 9 de mayo y, ante las quejas reiteradas de muchos de los Gobiernos autonómicos -incluidos varios socialistas- el Ejecutivo ha retocado las leyes, una vez más: ahora entra en liza el Tribunal Supremo, con un plazo urgente de sólo cinco días.

El Consejo de Ministros ha aprobado un real decreto, según fuentes de Moncloa, para que si un Tribunal Superior de Justicia autonómico deniega las medidas decretadas, el Ejecutivo regional recurra ante el Supremo directamente en casación, "y así unificar doctrina". Así lo ha confirmado Carmen Calvo, en su condición de ministra de la Presidencia, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

A partir del 9 de mayo, con el fin del estado de alarma, las CCAA tendrán que recurrir a los TSJ para que avalen sus restricciones por la pandemia del coronavirus. Algo que ya ocurrió durante este año y que provocó disparidades en las decisiones y los criterios de los tribunales que avalaron las restricciones en unas comunidades pero no en otras. Pero a partir de ahora, ante cualquier decisión negativa será recurrida directamente en casación ante la Sala Tercera del Tribunal Supremo.

En un intento de unificar los criterios, tal como explican las fuentes de Moncloa, el Consejo de Ministros aprobará este martes un decreto por el que, en caso de decisión negativa por parte de los Tribunales Superiores de Justicia de cada región, las CCAA podrán recurrir directamente al Tribunal Supremo. Se trata de un recurso de casación sumario que se crea para que el TS uniformice criterios y cree jurisprudencia.

"Como ministra de la Presidencia, el presidente me encargó trabajar hace ya un tiempo con los nueve ministerios implicados en la salida del estado de alarma", ha explicado Calvo. El plan es "tener una respuesta de salida al estado de alarma"; pero tendiendo en cuenta que "no salimos de la pandemia".

Así, Calvo ha explicado que su encargo era "articular una respuesta jurídica" para evitar mantener "la excepcionalidad como si fuera normalidad". Explicaba la vicepresidenta que "no está pensado el estado de alarma para mantenerse en el tiempo, sino para recuperar una situación de normalidad por la vía de la excepcionalidad". El Gobierno cree que, al igual que otros países de nuestro entorno, hay que transitar a otra situación "con eficacia, proporcionalidad, seguridad jurídica y transparencia".

"Marcar doctrina"

Calvo ha insistido en que las leyes actuales "dan a las CCAA los instrumentos necesarios para plantear limitaciones de derechos fundamentales sy libertades públicas", pero siempre bajo la "supervisión y autorización de las garantías jurisdiccionales", es decir, de los tribunales.

"Se pueden seguir tomando muchas decisiones de protección con la autorización de los tribunales". Pero este real decreto ley contempla el recurso de casación frente a las decisiones de los TSJ y la Audiencia Nacional, Así, el Tribunal Supremo, en su Sala Tercera dictará "la última palabra, porque unifica doctrina" ofreciendo seguridad jurídica y, "más importante, igualdad en los criterios", al marcar jurisprudencia.

La medida se parece a la propuesta que lanzó Edmundo Bal, portavoz de Ciudadanos en el Congreso y abogado del Estado, en las páginas de EL ESPAÑOL hace menos de un mes. En su caso, al líder de Cs proponía crear una Ley Marco sanitaria y que las decisiones jurisdiccionales las tomara la Audiencia Nacional y los recursos, como en este caso, fueran al Supremo.

Expertos consultados por la decisión del Gobierno anunciada este martes, creen que este decreto "no resuelve el problema" como proponía Ciudadanos. Según estos juristas, "la competencia para decidir en instancia a la Audiencia Nacional" era preferible.

El Ejecutivo ha forzado al Supremo a decidir en sólo cinco días, porque si no, se irían a más de cinco meses, admiten fuentes de Moncloa que en los últimos días se comunicó con el presidente del TS y del CGPJ, Carlos Lesmes. Los expertos afirman que esta decisión del Gobierno es una nueva presión a los ritmos de la Justicia. Sin ella, "el Supremo resolvería cuando ya se haya terminado la pandemia".

Otras medidas

El real decreto también incluye medidas económicas y sociales, entre ellas la renovación de las moratorias para los desahucios y los pagos de alquiler que anunció Pedro Sánchez hace casi un mes en el Congreso de los Diputados. "El Gobierno cree que los TSJ han actuado de modo garantista, además de acompañando y comprendiendo las decisiones restrictivas de los gobiernos autonómicos", ha dicho Calvo.

Además, se amplía también hasta el 9 de agosto, la sobreprotección en el ámbito de la violencia de género; la movilización de médicos jubilados para reforzar los servicios sanitarios; la ampliación del bono social, etcétera.