Los 52 diputados de Vox no declaran sus "intereses" porque "sirven al interés superior de España"

Desde Santiago Abascal hasta el último de los ocupantes de un escaño por esta formación se acogen a una planilla idéntica para rellenar el documento al respecto, un texto que desde esta semana figura en la página web de la Cámara Baja. Allí cualquier ciudadano puede saber, por ejemplo, que Pedro Sánchez declara haber donado a la Obra social NUR los beneficios de su último libro o que Pablo Casado contribuye a Médicos Sin Fronteras y a Cruz Roja, además de ser socio del Ateneo de Palencia. 

Los parlamentarios de Vox, en cambio, contestan invariablemente lo mismo al primero de los requerimientos sobre sus actividades desarrolladas los cinco años anteriores a adquirir la condición de diputado: "Ninguna de las actividades desarrollada por mí durante los cinco años anteriores a la obtención del mandato parlamentario podrá condicionar mi actividad política, en tanto en cuanto esta se desarrollará siempre al servicio del interés superior de España y de los españoles, con lealtad a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico vigente, tal y como juré en la sesión constitutiva del Congreso de los Diputados". 

A cada diputado se le pide rellenar cuatro casillas. La primera sobre sus actividades en ese lustro previo a recoger el acta de parlamentario, "que puedan condicionar su actividad política o le hayan proporcionado ingresos económicos"; la segunda sobre las "donaciones, obsequios o beneficios" recibidos en ese periodo; la tercera sobre las "fundaciones y otras asociaciones" en las que haya participado o haya contribuido, en la actualidad o en los últimos cinco años, y la cuarta y última sobre "otros intereses a declarar". 

Declaración de bienes

Abascal y los suyos se remiten a "lo consignado en mis respectivas declaraciones de actividades y bienes formalizadas en el momento de acreditarme ante la cámara".

En esas declaraciones de actividades, bienes y rentas que desde hace años tienen que hacer públicas sus señorías sólo se consigna la actividad económica en el año anterior a ser diputado, con su correspondiente declaración por IRPF, así como el patrimonio, las acciones, préstamos o planes de pensiones y el saldo de las cuentas corrientes. Pero no, como ahora, la relación que cada diputado pueda tener con asociaciones o fundaciones.

Una declaración de bienes, la que todos los diputados hacen al principio de cada legislatura, que el presidente de Vox actualizó a finales de 2020 para incluir la adquisición el pasado verano, junto a su mujer, de un chalet en Madrid por valor de un millón de euros. La puesta al día no se había producido en octubre, cuando presentó su moción de censura contra Sánchez, como le reprochó durante el debate el presidente del Gobierno.

En cuanto a los regalos recibidos y a las asociaciones con las que se colabora, la planilla de Vox dice de nuevo lo mismo para sus 52 diputados. En el primer caso que "ninguno de especial consideración o valor. Exclusivamente los obsequios propios de la relación familiar, amistosa o social sin alcance material o económico relevante". Nada, insisten, "susceptible de condicionar mi práctica parlamentaria".

En este apartado la declaración de los dirigentes derechistas no dista mucho de la de muchos otros diputados. Por ejemplo la propia presidenta del Congreso, Meritxell Batet, declara "regalos procedentes de amigos y familiares. Propios de los usos y costumbres" que, recalca, "no han generado conflicto de interés", así como otros recibidos de manera "protocolaria" en razón de su cargo.

En el apartado de las asociaciones el enunciado único de Vox es aún más sintético: "Pequeñas aportaciones y tareas de voluntariado a entidades benéficas, de ayuda social y promoción cultural y educativa" sin especificar en ningún caso el nombre de las mismas. 

"Presunción de honorabilidad"

Este último requisito dentro del Código Ético de las Cortes fue aprobado en octubre por las Mesas del Congreso y el Senado, precisamente con el único voto en contra de Vox, la tercera fuerza del Parlamento español.

Aunque en realidad el Código fue aprobado en febrero de 2019, durante el mandato de la popular Ana Pastor como presidenta del Congreso, pero no llegó a aplicarse, al adelantarse a abril de aquel año las elecciones generales.

La formación derechista afirmó en otoño (en febrero de 2019 aún no tenía representación parlamentaria a nivel nacional) que ese Código Ético, que bebe de las recomendaciones del Grupo de Estados contra la Corrupción del Consejo de Europa (GRECO), suponía socavar "la presunción de honorabilidad de los miembros de las cámaras".

Un criterio que no comparte la mayoría de los grupos. Fuentes de varios de ellos consideran que es un requisito que redunda en beneficio de la "ejemplaridad" de los diputados, a los que cabe exigir, consideran, baremos más severos que al ciudadano corriente.