Un juez imputa al director de la Policía por no dotar a los agentes de protección contra la Covid-19

La Audiencia Provincial de Madrid acaba de admitir a trámite una querella contra el director general de la Policía Nacional, Francisco Pardo, y la que fuera subdirectora general de Recursos Humanos y Formación del cuerpo, Pilar Allúe, que abandonó ese puesto el pasado verano para convertirse en la nueva consejera de Interior en la Embajada de España en Roma.

Ambos serán investigados por no haber proporcionado, presuntamente, material de protección frente a la Covid-19 a sus agentes y por desatender las peticiones planteadas por los delegados de Riesgos Laborales.

El juez entiende que ambos podrían haber incurrido en presuntos delitos contra la seguridad e higiene en el trabajo tipificados en los artículos 316 y 318 del Código Penal. La querella presentada por el sindicato Jupol, no había sido respaldada por la Fiscalía, tanto en primera instancia como en la propia apelación. 

Ahora el juez estima el recurso interpuesto por los abogados contra la decisión expuesta en un auto por el Juzgado de Instrucción N.º 34 de Madrid, que había decidido inadmitir la querella. El magistrado obliga así a reabrir el procedimiento al apreciar que podrían concurrir indicios de criminalidad contra los investigados.

No haber adoptado medidas

En la querella presentada, a cuyo contenido ha podido acceder EL ESPAÑOL, se acusa a ambos mandos de no haber adoptado las medidas de protección recomendadas expresamente en varios informes con los que se contaba desde el mes de enero de 2020, cuando los primeros ecos de la expansión del coronavirus llegaban ya desde el continente asiático.

Al no haber tomado medidas, señala la querella, tanto el director como la subdirectora general de Recursos Humanos habrían puesto "en peligro la vida, salud y seguridad de los agentes".

Igualmente, se habría incontestado innumerables solicitudes de instrucciones por parte de decenas de agentes. Estos "quedaron desprovistos de cualquier tipo de guía de actuación por parte de la superioridad, con los consecuentes casos de contagios que en las primeras semanas de la pandemia se produjeron en este Cuerpo".

En este sentido, en la querella se apunta a que posiblemente se habría ignorado el informe que el responsable del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales de la Policía redactó el 24 de enero de 2020. En él se especificaba los materiales que debían adquirirse y suministrarse a los agentes.

Del mismo modo, apunta el texto redactado por los abogados de Jupol, "multitud de solicitudes personales y de delegados de Prevención de Riesgos Laborales fueron ignoradas, acalladas, y por supuesto desatendidas".

Ahora, el director general de la Policía, Francisco Pardo, deberá declarar ante el Juez en calidad de investigado por un presunto delito contra la seguridad e higiene en el trabajo. Tendrá que responder acerca de las gestiones realizadas al inicio de la pandemia, y también deberá explicar por qué, según la querella admitida por el juez, no se dotó a los funcionarios "de los medios adecuados para garantizar su protección y su salud, así como por la falta de adopción de medidas organizativas en el mismo sentido".

Tres procedimientos

Es el tercer procedimiento que se abre contra el Director General de la Policía a lo largo de su mandato. Pardo tiene pendiente una declaración que realizará el próximo 9 de marzo ante la Audiencia Provincial de Barcelona por un posible delito contra los derechos de los agentes de la Policía Nacional durante los altercados vividos en las calles de Barcelona tras la sentencia del procés, en octubre del 2019.

Un procedimiento éste último en el que también se cita como investigado al Director Adjunto Operativo (DAO), José Ángel González, que, junto al Director General de la Policía, "tendrán que explicar ante un juez los criterios organizativos que pusieron en marcha en la Operación Ícaro, en la que resultaron heridos más de 300 agentes de la UIP (antidisturbios)".

Por otro lado, el Director General de la Policía declarará en calidad de investigado en un tercer procedimiento por presuntos delitos de coacciones y contra la libertad sindical por los hechos acaecidos durante la celebración de la concentración de Jusapol el pasado 16 de septiembre frente al Congreso de los Diputados.