Las 10 grandes iniciativas para hacer frente a la Covid, congeladas por las vacaciones del Congreso

El Congreso de los Diputados mantiene congelados en la fase de enmiendas todos los reales decretos aprobados por el Gobierno desde que decretó el estado de alarma el 14 de marzo. Pedro Sánchez consiguió que el Parlamento refrendara cada medida que proponía para combatir la pandemia. Sin embargo, todos los grupos políticos que le brindaron sus votos para tramitar las leyes lo hicieron poniéndole una condición: debían tramitarse como proyectos de ley para que la oposición pudiera presentar mejoras durante la tramitación parlamentaria. 

PP, Vox y Ciudadanos solicitaron habilitar la Cámara en agosto para poder trabajar y avanzar sobre sus propuestas de mejora, pero PSOE y Podemos rechazaron la petición. El Parlamento celebró el último pleno el 29 de julio, cerró por vacaciones hasta septiembre y todos los proyectos -aunque ya han entrado en vigor- permanecen desde entonces congelados en la nevera parlamentaria hasta que se reanude la actividad. 

En concreto, hay medidas tan importantes como los ERTE o el ingreso mínimo vital cuyo plazo de enmiendas al articulado (el texto de supresión, modificación o adición que propone un diputado o un grupo para mejorar la ley en trámite) está abierto hasta el 2 de septiembre. El decreto para volver a la nueva normalidad cierra su plazo de enmiendas -este concreto es a la totalidad- el 9 de septiembre.

En este período de incubación permanece el plan de choque más ambicioso de los últimos tiempos, dotado de 200.000 millones de euros -el 20% del PIB- para paliar los efectos económicos de la pandemia. El presidente del Gobierno lo vendió a bombo y platillo: "Las empresas y el conjunto de nuestro tejido productivo deben sentirse protegidos", dijo.  El decreto incluía una moratoria del pago de hipotecas sobre la vivienda habitual para trabajadores y autónomos. En el debate parlamentario, el PP pidió, por ejemplo, que se eximiera a los autónomos del pago de las cuotas. 

Días después, el 27 de marzo, el Gobierno se vio obligado a aprobar un real decreto para hacer frente a la avalancha de ERTE que provocó el coronavirus. Ese proyecto, que prohibía de forma temporal los despidos, también está pendiente de las mejoras que introduzcan los grupos parlamentarios.

Agricultura

El tercer real decreto que está en tramitación es el que desarrolló un plan de rescate social dirigido a proteger a los más vulnerables, inquilinos, autónomos y pymes. El 7 de abril, el Consejo de Ministros aprobó una inyección económica para impulsar el empleo agrario, un revulsivo que permitiera garantizar la disponibilidad de mano de obra para hacer frente a las necesidades de agricultores y ganaderos. 

Cinco semanas después de decretar el estado de alarma, el Gobierno se vio obligado a aprobar un paquete de medidas para reforzar el apoyo a empresas y trabajadores. En ese real decreto, también convalidado por el Congreso y pendiente de cerrar las enmiendas que se presenten, introducía una opción extraordinaria para pagos fraccionados del Impuesto de sociedades para cifra de negocios inferior a seis millones de euros. 

Los 76 millones que el Ejecutivo lanzó para apoyar y defender la cultura llegó el 5 de mayo. Una semana después, el consejo de ministros aprobó una de las medidas estrella aprobadas durante la pandemia: los ERTE, que cubriría a 34 millones de trabajadores. El objetivo era prorrogarlos hasta el 30 de junio y adecuarlos a las empresas que reanuden su actividad y establecer una comisión de seguimiento. 

La medida estrella que se aprobó durante el estado de alarma fue el ingreso mínimo vital, un proyecto que nació con la vocación de beneficiar a 850.000 hogares. El Congreso la respaldó sin ningún voto en contra, aunque el PP adelantó por dónde irían sus enmiendas: trabajaría para vincularlo a la búsqueda activa de empleo y que se centre, sobre todo, en los afectados por el covid.  El objetivo del Gobierno era reducir en un 80% la pobreza extrema en España. A mediados de agosto, no se habían tramitado ni el 1% de las solicitudes. 

El Ejecutivo central levantó el estado de alarma el 21 de junio, tres meses después de su implantación. Once días antes, aprobó el real decreto de nueva normalidad que recogió las normas que debían regir la nueva vida de los ciudadanos. La iniciativa gubernamental salió adelante en el Parlamento a finales de junio por una amplísima mayoría: 265 síes, 77 noes y cinco abstenciones. El PP votó a favor, a cambio de introducir enmiendas "imprescindibles" como que Sanidad "siga asumiendo que es la máxima autoridad de salud pública". 

Los conservadores, además, reclaman planes de contingencia, medidas de refuerzo en puertos y aeropuertos, controlar la movilidad, fortalecer la sanidad exterior o crear una Oficina de Atención a las Víctimas del covid. Durante el debate, el ministro Salvador Illa se comprometió a agilizar el trámite de enmiendas para que se hiciera de la forma "más urgente posible".

Tramitación

De momento, la tramitación tendrá que esperar a que sus señorías vuelvan de vacaciones. En septiembre, cuando finalice este plazo, si algún grupo presenta alguna enmienda a la totalidad, se eleva al pleno. Después, cuando se agota el plazo de enmiendas parciales, se convoca ponencia y comisión, donde se debaten y se votan las enmiendas presentadas. 

Los grupos parlamentarios negocian todas las propuestas de modificación y trabajan sobre un dictamen final, que se puede votar en comisión -si tiene competencia legislativa plena- o elevarse al pleno. Una vez que recibe la bendición definitiva de la Cámara Baja, las iniciativas se envían al Senado que, si las modifica, se devuelven al Congreso para su aprobación definitiva.