España

Marlaska nombra jefe de Policía Judicial en la GC al general que puso al frente del CITCO

El nombramiento de Ángel Alonso Miranda se produce a propuesta de la directora general de la Guardia Civil, María Gámez.

14 agosto, 2020 12:33

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El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha nombrado al general de división Ángel Alonso Miranda al frente del Mando de la Jefatura de Policía Judicial de la Guardia Civil. Hasta ahora era responsable del Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO).

El nombramiento, fechado el 7 de agosto y que publica este viernes el BOE, lleva la firma del ministro del Interior y se produce a propuesta de la directora general de la Guardia Civil, María Gámez, y con la conformidad del secretario de Estado de Seguridad, Rafael Pérez. El nuevo jefe de Policía Judicial empezará a ejercer su cargo a partir del 1 de septiembre.

A los pocos días de llegar en 2018 al Ministerio del Interior en la primera legislatura de Pedro Sánchez, Grande-Marlaska confió en el general jefe de la Zona de Galicia, Ángel Alonso Miranda, para relevar al comisario de la Policía José Luis Olivera al frente del CITCO, un organismo creado para tratar de coordinar las investigaciones de los diferentes cuerpos policiales del Estado.

Grande-Marlaska llevó a cabo una remodelación de la estructura de mando en un clima de tensión por relegar a la Guardia Civil, apostando por el comisario de la Policía José Antonio Rodríguez para un puesto clave en Interior, el de director del Gabinete de Coordinación y Estudios. El situar a un guardia civil en el CITCO, de hecho, se interpretó internamente como un intento de 'compensar' al Instituto Armado.

Relevo en la Policía

Dos años después, el general Ángel Alonso Miranda deja el CITCO para pasar al Mando de Policía Judicial, asumiendo una de las funciones más sensibles dentro de los cuerpos policiales por su relevancia a la hora de impulsar investigaciones de forma conjunta con fiscales y jueces.

La Policía Nacional, de hecho, también tiene vacante este puesto tras la reciente jubilación de Eloy Quirós al frente de la Comisaría General de Policía Judicial, y lo mismo ocurre en la Subdirección General de Recursos Humanos y Formación tras la salida de Pilar Allúe con destino a la Embajada de España en Roma.

La segunda legislatura de Pedro Sánchez en la Presidencia del Gobierno y con Fernando Grande-Marlaska repitiendo en el Ministerio del Interior ha estado marcada en su inicio por la crisis sanitaria del covid-19.

El de Grande-Marlaska ha sido uno de los departamentos que ha actuado como autoridad delegada cuando se decretó en marzo el estado de alarma. En este contexto se desató una polémica por el relevo de la cúpula de la Guardia Civil tras el cese fulminante del coronel Diego Pérez de los Cobos como jefe de la Comandancia de Madrid por la investigación judicial --luego archivada-- sobre la supuesta relación de la manifestación del 8M y el inicio de contagios de coronavirus.

Grande-Marlaska, que optó por la continuidad en la Policía Nacional, en esta nueva legislatura ha cambiado tanto al responsable al frente de la Dirección General de la Guardia Civil, eligiendo a María Gámez, como al 'número dos'. En este caso promocionó al general jefe de los Servicios de Información, Pablo Salas, para ocupar la Dirección Adjunta Operativa (DAO).

También ha elegido al general Félix Blázquez como nuevo Mando de Operaciones o ha confirmado en la Jefatura del Estado Mayor a José Manuel Santiago, que protagonizó una polémica por sus declaraciones en Moncloa a propósito de la persecución de bulos relacionados con la covid-19.

El anterior DAO, teniente general Laurentino Ceña, abandonó el cargo días antes de su jubilación en desacuerdo por el cese de Pérez de los Cobos. Este último, antes de la Comandancia de Madrid --que ocupa ahora David Blanes--, tuvo altas responsabilidades en el Ministerio del Interior -- a donde llegó con el socialista Alfredo Pérez Rubalcaba-- y también como coordinador del dispositivo policial para cumplir con el mandato judicial de impedir el referéndum independentista en Cataluña del 1 de octubre de 2017.