Isabel Celaá, ministra portavoz del Gobierno, este viernes en Moncloa.

Isabel Celaá, ministra portavoz del Gobierno, este viernes en Moncloa. EFE

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El Gobierno recurre al TC para advertir a Torrent sobre nuevas resoluciones ilegales del Parlament

"Un Gobierno en funciones no es, ni mucho menos, un Gobierno disfuncional", advierte Celaá. 

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El Gobierno había advertido de que llevaría al Tribunal Constitucional las resoluciones en las que el Parlament de Cataluña se reafirmaba en la desobediencia, la reacción a la sentencia del procés y el llamamiento a que la Guardia Civil abandonase Cataluña. Sin embargo, esas resoluciones no pueden recurrirse sin que estén publicadas oficialmente en el boletín de la cámara autonómica. 

Desde la semana pasada, los días fueron pasando sin que el Parlament, que ya conocía la intención política del Gobierno, las llevase a su boletín. Pero el Gobierno no ha esperado a que eso ocurriera y ha decidido, en su lugar, recurrir dos resoluciones de julio en las que se defiende para Cataluña el derecho a la autodeterminación y se cuestiona al Rey. 

Así lo ha anunciado la portavoz del Gobierno, Isabel Celaá, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Los dos recursos, que técnicamente se conocen como incidentes de ejecución, son en realidad un aviso del Gobierno al Constitucional de que se están incumpliendo algunas de esas sentencias. El Gobierno pide al alto tribunal que suspenda los apartados concretos que a su juicio vulneran las sentencias y, además, que se requiera al president del Parlament, Roger Torrent, y los demás miembros de la Mesa de la cámara, para que eviten la tramitación de textos que puedan ser contrarios a la legalidad. 

Este último aspecto es nuclear en la estrategia del Gobierno, ya que Torrent y los demás miembros de la Mesa pasarán a ser advertidos de las graves consecuencias penales que tiene permitir que el Parlament apruebe resoluciones contra la legalidad constitucional, por más que no tengan efectos vinculantes o visibles. 

"La Generalitat es la única institución que tiene la llave para abrir la puerta de la excepcionalidad", ha dicho Celaá, que ha recordado los instrumentos que tiene el Gobierno para hacer que la legalidad se cumpla. 

La decisión de este viernes es una "clara advertencia a los miembros de la Mesa", en palabras de Luis Planas, ministro de Política Territorial en funciones, para que "se abstengan a cualquier actuación contraria" a la Constitución o se atengan a las consecuencias penales. 

Un Gobierno en funciones no es, ni mucho menos, un Gobierno disfuncional", ha advertido la portavoz del Gobierno. Por eso "el Gobierno está en las emergencias, en el Brexit, y con firmeza y proporcionalidad atenderá a la sentencia del procés".

Mientras se llevaba a cabo la rueda de prensa, trascendió que el Parlament había publicado finalmente las polémicas resoluciones de la semana pasada, que también serán recurridas. Según Planas, es la prueba de que en la cámara catalana se controlan los tiempos, probablemente para evitar que el Gobierno tomase decisiones sobre ellas este mismo viernes. Pero el ministro advirtió de que el Ejecutivo también se las sabe todas y actuará para evitar mayor inestabilidad institucional en Cataluña.