Primera paradoja de Sánchez: suspenderá a los diputados presos con PP y Cs en contra de sus socios

Meritxell Batet es una persona generalmente discreta e imperturbable, dos cualidades poco habituales. Y menos juntas. No se inmutó durante la campaña electoral cuando en debates televisados arremetieron con fuerza contra ella y su comunicación no suele tener grietas por las que se escapen las filtraciones.

Este martes, tras ser elegida presidenta del Congreso de los Diputados, combinó imperturbabilidad y discreción para abandonar la Cámara Baja sin decir ni cuándo será la primera reunión de la Mesa, el órgano que preside, ni qué opina sobre la suspensión de los cuatro presos independentistas a la que invita el Tribunal Supremo. Batet argumentó que tenía muchos informes que leer y una visita protocolaria al Palacio de la Zarzuela para ver al rey Felipe VI, que se producirá este miércoles. Sólo después podrá convocarse la reunión de la Mesa. 

En el PSOE se ha especulado mucho sobre qué hacer con Oriol Junqueras (ERC), Jordi Sànchez, Jordi Turull y Josep Rull (Junts per Catalunya), que se presentaron a las elecciones aunque estaban procesados por rebelión ante el Supremo. La ley de enjuiciamiento criminal dice que los procesados por delitos como esos que se encuentren en prisión provisional serán automáticamente suspendidos como parlamentarios. Y los cuatro adquirieron su condición de diputados este martes.

¿Qué pasará con ellos? "Claramente" serán suspendidos, dijo la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, este martes por la mañana, acogiéndose al reglamento del Congreso, mucho menos claro que la ley de enjuiciamiento criminal. Batet seguía sin pronunciarse. 

Pocos dudan en el PSOE de que los cuatro serán suspendidos de sus funciones, lo que no significará que pierdan el acta sino que no puedan ejercer sus funciones. En la práctica, serán cuatro votos menos en el Congreso que, además, podrían facilitar a Sánchez la investidura. Todo ello si Junqueras, Rull, Turull y Romeva no dimiten para que los siguientes en las listas electorales, que no tienen causas pendientes con la Justicia, los sustituyan.

La decisión la tomará la Mesa del Congreso que preside Batet. Este martes, la presidenta no se ha pronunciado ni sobre lo más obvio, que es avanzar que pedirá un informe jurídico a los letrados de la Cámara para conocer su parecer y tener todos los argumentos sobre la mesa antes de tomar una decisión. 

Las cuentas de la investidura

La materia es controvertida, para empezar porque Pedro Sánchez aspira a ser investido con el voto de partidos que creen que los diputados presos deberían poder ejercer sus funciones. 

Lo dice Unidas Podemos, que debería aportar 42 votos a la investidura de Sánchez. "En mi opinión todas las personas que se sientan en los escaños de la Cámara están ahí porque la ciudadanía ha querido que les representaran. Todos los diputados deberíamos poder ejercer nuestra función con libertad", dijo Pablo Iglesias, líder de Unidas Podemos. 

Lo dice el PNV, que aportaría seis. "Esta prisión provisional no tiene sentido. Deberían ejercer sus derechos libremente tal como haremos el resto de parlamentarios", en palabras de Aitor Esteban.

Además de a estos dos socios para la investidura, Sánchez necesitará al menos la abstención de ERC si no cambian las mayorías por la suspensión de los diputados. Y lo que opina ERC es conocido. 

Sánchez se enfrenta a una gran paradoja. Aunque en la Mesa del Congreso hay una mayoría progresista, ya que PSOE y Unidas Podemos tienen cinco de los nueve puestos, los socialistas muy probablemente acabarán votando con PP y Ciudadanos, que reclaman insistentemente la suspensión de los diputados presos. Los dos representantes de Unidas Podemos podrían votar en contra o abstenerse. 

De momento, Batet no suelta prenda. En su discurso, aseguró que la responsabilidad obliga a los diputados a ser "imparciales a la hora de proteger los derechos de todos los diputados y diputadas por igual. Sin embargo, el gobierno de la Cámara no debe, ni puede, ser neutral en todo aquello que afecte a la misión constitucional del Congreso".