Rafael Catalá durante su intervención en laSexta

Rafael Catalá durante su intervención en laSexta

España

Rafael Catalá acelera la reforma del Código Penal y los jueces y fiscales rechazan su "intromisión"

Algunos profesionales han llegado a pedir su dimisión. "Tiene la obligación de fomentar la confianza en el poder judicial. 

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha asegurado que la Comisión General de Codificación tiene desde este viernes el encargo de trabajar en el estudio para una reforma del Código Penal y que, por tanto, el Gobierno presentará "en semanas" una primera propuesta al resto de grupos políticos.

Catalá ha subrayado que el Ejecutivo ha pedido a distintos expertos que inicien un periodo de reflexión tras conocerse este jueves la sentencia de nueve años de prisión para los cinco integrantes de 'la Manada' por un delito continuado de abuso sexual.

Todos los partidos políticos ven necesario revisar el Código Penal

"En 23 años (este tipo de delitos datan en el Código Penal desde 1995) la sociedad ha cambiado mucho y, en particular, en el compromiso por el respeto y en la intransigencia contra la violencia, sobre todo contra la de género", ha señalado el ministro de Justicia en una entrevista en laSexta Noche, recogida por Europa Press.

"La víctima nunca es responsable"

En este sentido, Catalá ha defendido que el Gobierno trabajará para que el Código Penal quede perfilado "de la mejor manera posible" de cara al futuro, y ha pedido estar "siempre" del lado de la víctima, que "nunca" es responsable de nada.

"Es verdad que los jueces tienen que estudiar mucha información y tienen que tratar de dictar una sentencia justa, y es lo que han intentado en este caso. Es un tema muy delicado diferenciar entre agresión o abuso en función de que haya o no violencia e intimidación", ha apuntado.

Acerca del magistrado Ricardo González, encargado de emitir el voto particular en el caso de 'la Manada' y que pide la absolución de los acusados, el responsable de la cartera de Justicia ha explicado que González ejerce su función jurisdiccional con "independencia" y que es el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) el organismo que debe actuar o no contra él. "Dejemos al CGPJ que ejerza sus funciones de autogobierno", ha indicado.

Por otro lado, Catalá ha afirmado que entiende que la sociedad critique las ciertas decisiones judiciales y ha apelado a la vía de recurso. "Vivimos en una sociedad democrática y entiendo la convulsión social en torno a un hecho tan mediático. Hay que garantizar la independencia de los jueces y que los ciudadanos puedan emitir sus opiniones sobre estos", ha agregado.

Tras las críticas que ha recibido por parte de la Asociación de Fiscales y de la asociación Juezas y Jueces para la Democracia (JJPD), Catalá ha defendido que un ministro de Justicia debe tener un papel "activo" y "dinámico", pero siempre con "absoluto respeto institucional". "Tener opinión desde el respeto está dentro de las reglas del juego y eso no altera mis funciones como ministro", ha argumentado.

Quejas de los jueces y fiscales

La Asociación de Fiscales ha señalado que las resoluciones judiciales, "aunque no se compartan", merecen "todo el respeto", ya que constituyen un "pilar fundamental" del Estado de Derecho y de la Democracia.

Así lo ha manifestado la asociación a través de un comunicado, tras la sentencia de 'la Manada', en la que la Audiencia de Navarra condena a los cinco jóvenes a nueve años de prisión por un delito continuado de abuso sexual, pero les absolvió del delito de agresión sexual y delito contra la intimidad de los que habían sido acusados.

En este sentido, la Asociación de Fiscales ha apuntado que las resoluciones judiciales se dictan por jueces profesionales e independientes tras la valoración "en conciencia" de la prueba practicada ante ellos en juicio y la aplicación técnica de las leyes emanadas del Parlamento a los hechos considerados probados.

La organización ha destacado que esta aplicación de la ley lleva, en ocasiones, a resultados que no son los esperados por el ciudadano. Por ello, ha recordado que la ley prevé un sistema de recursos para hacer valer las discrepancias con las resoluciones.

De la misma manera, la asociación ha señalado que las resoluciones de los tribunales que en su día decidan los recursos que se interpongan, estimen o no dichos recursos, deberán ser respetadas dentro del correcto funcionamiento de un Estado democrático.

De este modo, la Asociación de Fiscales lamenta la "facilidad" con la que, en tantas ocasiones, se desprecia la labor de los jueces y fiscales; se realizan juicios paralelos; se tiene la tentación de legislar a golpe de noticia; se realizan manifestaciones carentes de rigor; se produce la intromisión en la labor jurisdiccional de representantes políticos e institucionales; y, especialmente en este caso, las manifestaciones realizadas por el Ministro de Justicia, que "tiene como responsabilidad fomentar la confianza en las instituciones".

"Catalá debe dimitir"

La asociación progresista Juezas y Jueces para la Democracia ha sido especialmente dura con el ministro tras sus declaraciones y, en un comunicado, ha pedido directamente su dimisión."Tenemos que salir al paso de actuaciones o declaraciones desafortunadas [que] alientan la deslegitimación del poder judicial, cuanto más cuando provienen precisamente de responsables de los otros poderes, por lo que desde aquí pedimos la dimisión del Ministro de Justicia, D. Rafael Catalá Polo", resume el último párrafo del comunicado.

Por su parte, la Asociación Profesional de la Magistratura (APM) manifiesta en otra misiva que "ante los límites alcanzados por las reacciones de protesta contra la sentencia de la Audiencia Provincial de Navarra, hace un llamamiento, ante todo, a la confianza en el sistema jurídico constitucional. Asimismo al respeto personal y exige el cese de los graves ataques que están sufriendo los titulares del Poder Judicial".

"Este principio esencial merece particular respeto y protección por aquellas personas e instituciones que, por su función institucional, tienen una especial responsabilidad en la defensa del interés público y de la independencia judicial, principio básico del Estado de Derecho que garantiza la convivencia democrática, incluso cuando ello suponga contrariar la supuesta opinión pública. Esta obligación es especialmente predicable en los otros dos Poderes del Estado, es decir en los miembros del Gobierno (particularmente en el Ministro de Justicia) y en los representantes de la soberanía nacional", finaliza el comunicado de la APM.

Tras las críticas que ha recibido por parte de las asociaciones de jueces, así como de la de fiscales, Catalá ha defendido que un ministro de Justicia debe tener un papel "activo" y "dinámico", pero siempre con "absoluto respeto institucional". "Tener opinión desde el respeto está dentro de las reglas del juego y eso no altera mis funciones como ministro", ha argumentado.