“Como mucho tengo 1.000 euros. Si la fianza es mayor tengo que llamar a España”

Carles Puigdemont y los cuatro exconsellers que le acompañan llevan en Bruselas más de dos semanas, desde que el domingo 29 de octubre salieron de España en coche y cogieron en Marsella un avión con destino a Bélgica. Desde entonces, los miembros del Govern cesado se costean alimento, manutención, vivienda, traslados y asistencia letrada, con un importante gasto económico cuya fuente no ha sido explicada en público. Algo más raro todavía tras conocer las palabra de la exconsellera Meritxell Serret ante la Justicia belga “como mucho tengo 1.000 euros. Si la fianza es mayor, tengo que contactar con gente en España”.

El pasado 5 de noviembre, Puigdemont y los cuatro exconsejeros que le acompañan se presentaron de forma voluntaria ante el Tribunal de Primera Instancia de Bruselas. Allí, se pusieron “de forma voluntaria” a disposición de la Justicia belga tras conocer la Orden Europea de Detención y Entrega cursada contra ellos por España.

El acta de libertad de la exconsejera de Esquera Republicana, conocido por EL ESPAÑOL, refleja sus palabras ante el tribunal: “No estoy huyendo. Me he entregado voluntariamente a los servicios de policía esta mañana y me mantengo a disposición de la Justicia belga y de la española por videoconferencia, como siempre lo hubiera hecho”. Además de intentar despejar las sospechas sobre el riesgo de fuga, Serret mantuvo, según refleja el acta, que no había ningún motivo para temer “que la interesada pueda sustraerse a la acción de la justicia, ni que intente hacer desaparecer pruebas ni que intente actuar en connivencia con terceros”.

Decisión Judicial

Tras aportar al tribunal una dirección fija en Bélgica, “La interesada reitera que colaborará totalmente con la Justicia belga”. “Hasta ahora no hay ningún motivo para dudar de ello”, acota el juez instructor.

Es en ese momento cuando Serret advierte tribunal de que “dispone con ella de una fianza de máximo 1.000 euros. En caso de que la fianza fuera más elevada, necesitaría poder contactar con gente en España”. A renglón seguido, “sus asesores indican que la entrega de una fianza implicaría una detención de prisión, a la espera del pago de dicha fianza” por lo que a juicio de sus abogados “este hecho implicaría para la interesada unos daños irreparables”.

Tras la intervención de la exconsellera, el juez atendió sus argumentos. “No existen motivos por los que la interesada se sustraiga a la acción de la Justicia belga. El pago de una fianza parece ser innecesario. El compromiso de permanecer en una dirección fija, la comunicación de un número de teléfono móvil donde se la pueda localizar y la toma de contacto diario con la Policía Judicial Federal para notificar sus desplazamientos son garantías suficientes dentro del marco de la aplicación de la orden europea de detención”, concluye el juez, en un auto similar al del resto de los exconsellers trasladados a Bélgica y al delpropio Puigdemont.

La decisión del juez será válida hasta que haya una decisión final, cuando el expresidente catalán y sus compañeros se presenten de nuevo ante el juez para conocer si se activa o no la orden europea de detención dictada contra ellos por presuntos delitos de prevaricación, desobediencia, rebelión, sedición y malversación de caudales públicos.