Grupo de personas mayores.

Grupo de personas mayores. Europa Press

España

El Gobierno quiere perseguir el abandono de ancianos en residencias

La estrategia propone una mejora e implantación de nueva normativa específica de vigilancia, seguimiento e inspección de centros e instituciones para personas mayores. 

L.E | Agencias

El Gobierno quiere que se persiga el abandono de las obligaciones familiares y el ingreso en residencias de personas mayores en contra de su voluntad, según recoge el proyecto de la Estrategia Nacional de Personas Mayores 2018-2021 para un envejecimiento activo y para su buen trato.

La estrategia, a la que ha tenido acceso Europa Press, ha sido desarrollada por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y detalla a lo largo de 128 páginas cinco ejes de actuación acompañados de un diagnóstico y un procedimiento de evaluación y en ella no consta financiación para llevarla a cabo.

Además, propone una mejora e implantación de nueva normativa específica de vigilancia, seguimiento e inspección de centros e instituciones para personas mayores. Precisamente, el Defensor del Pueblo en funciones, Francisco Fernández Marugán pidió este martes en el Parlamento que se realice un seguimiento de estos centros para evitar casos de maltrato y tortura.

En relación con los malos tratos, la estrategia contempla una revisión de la legislación específica de protección de las personas mayores, concretamente de diversos artículos del Código Civil, del Código Penal y de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

Concretamente, propone legislar sobre el deber de atención especial de las notarías en la toma de decisiones sobre asuntos económicos, donaciones, testamentos y cualquier tipo de decisión que pudiera conllevar consecuencia negativas para el presente o futuro de cualquier persona mayor.

También plantea la agilización de los procedimientos judiciales; formación de fiscales especializados; solicitar del Ministerio Fiscal una posición más decidida en la búsqueda de pruebas y en el seguimiento de la ejecución de las sentencias; establecer un programa informático para que en los juzgados se puedan obtener datos sobre antecedentes de otras denuncias; instar a la Fiscalía General del Estado a que incluya en su memoria anual un apartado específico sobre malos tratos hacia las personas mayores; incrementar las plantillas de médicos forenses y mejorar la asistencia jurídica a las personas mayores.

En cuanto al agravamiento de penas, se refiere al maltrato como causa de desheredación, como delito de pena de cárcel y como causa de extinción de generación de pensión a terceros.

Teléfono contra el maltrato

Además, la estrategia contempla la implantación de un teléfono nacional para la orientación y el apoyo ante situaciones de malos tratos a personas mayores, que permanecerá activo 24 horas, los 365 días del año.

El objetivo de este servicio será recibir información sobre situaciones inadecuadas, proporcionar asesoramiento a las personas mayores, sus familiares, cuidadores, profesionales, amigos, vecinos o cualquier persona que tenga sospecha o sea testigo de una situación de malos tratos. Además, deberá ser accesible a personas mayores con discapacidad, según precisa el documento.

Asimismo, introduce el diseño de un protocolo ante situaciones de emergencia que garantice la disponibilidad inmediata de alojamientos para aquellas personas mayores que han tenido que abandonar su casa como consecuencia del maltrato.

Estas son algunas de las disposiciones incorporadas a la Estrategia, que recoge la puesta en marcha de un Plan contra los malos tratos que contemple la sensibilización e información a la sociedad, prevención, diagnóstico y abordaje, para combatir el maltrato en los ámbitos familiar, residencial o profesional, pidiendo a los poderes públicos "tolerancia cero" con el maltrato a los mayores.

Eliminar estereotipos

Atendiendo a la sensibilización de la población, uno de los objetivos de esta Estrategia es eliminar los estereotipos. Para ello, propone integrar en Primaria y Secundaria, programas con contenidos dedicados al conocimiento del proceso de envejecimiento; e impulsar la convivencia intergeneracional, tanto con visitas de los mayores a las aulas como de los alumnos a los centros de mayores. También dispone el control, denuncia y retirada de la publicidad "edadista".

La Estrategia incluye la puesta en marcha de una Comisión Nacional de vigilancia e implantación del buen trato a las personas mayores, con el objetivo de favorecer la coordinación de todas las actuaciones de las administraciones públicas y las entidades de diferentes ámbitos de intervención.

Por otro lado, el documento plantea otras acciones para promover el envejecimiento activo, la calidad de vida y la no discriminación de las personas mayores.

Así, contempla estudiar en profundidad los efectos que puede tener para la salud de las personas mayores el retraso en la edad de jubilación; potenciar cursos sobre el uso de las nuevas tecnologías, favoreciendo el diseño de dispositivos electrónicos sencillos; o impulsar las medidas necesarias por parte de las administraciones para que los mayores puedan envejecer en sus domicilios.

"Masculinización" del cuidado

Asimismo, teniendo en cuenta la perspectiva de género, plantea la "masculinización" del cuidado de las personas mayores, para que sea una tarea compartida por hombres y mujeres y mejorar las pensiones que reciben las mujeres.

También propone desestigmatizar a las personas mayores como conductores inseguros y promover el uso de las innovaciones tecnológicas en los vehículos a motor, así como medidas para fomentar la autonomía, mejorar la situación de los mayores con discapacidad o el apoyo a los cuidadores no profesionales.

La Estrategia se marca el horizonte de 2021 para cumplir con estas medidas. Según señala, el seguimiento de la Estrategia correrá a cargo de una Comisión Técnica Interministerial; de la Comisión de Directores y Directoras Generales de Personas Mayores de las Comunidades Autónomas; y del Consejo Estatal de las Personas Mayores. Como resultado de la evaluación se emitirá un informe cuando se cumpla la mitad del plazo y uno final en 2022.