Los líderes de Omnium y la ANC controlaron la protesta que sitió a los agentes

Los presidentes de la Asamblea Nacional Catalana y la plataforma independentista Omnuim controlaban la protesta que el pasado día 20 sitió durante horas a varios agentes de la Guardia Civil en la sede de la Conselleria de Hacienda de la Generalitat en Barcelona. Durante la protesta, que se saldó con tres coches del Instituto Armado destrozados y los agentes asediados durante horas por la muchedumbre, tanto Jordi Sánchez como Jordi Cuixart se “erigieron como interlocutores de la concentración, afirmando que podían mover a los miembros de la concentración para sus fines”.

Así lo recoge, según ha podido conocer EL ESPAÑOL, el atestado policial que investiga el suceso por presuntos delitos de sedición y daños. El informe, elaborado por la Unidad de Policía Judicial de la Guardia Civil de Cataluña refleja cómo los dos líderes independentistas trataron de negociar con los agentes retenidos “al menos cinco veces, planteando diferentes opciones que les convenían para sus fines políticos, pero nunca aceptando aquellas opciones que los especialistas en Seguridad Ciudadana proponían para evitar o disminuir los riesgos”.

Según el documento policial, los presidentes de las principales plataformas que promueven el referéndum y las protestas en la calle se arrogaron ante los agentes el control de la protesta, pero “nunca lo utilizaron para desconvocar o diluir una concentración que habían convocado y que estaba coaccionando e impidiendo a los agentes investigadores con las órdenes del juez”.

Más bien al contrario. “A las 00:13 [dos horas después de que terminaran los registros] tanto Sánchez como Cuixart ya en el exterior dirigiéndose a la multitud, les solicitaron que la movilización no se detuviera. Ambos se encontraban dirigiendo su alocución sobre uno de los vehículos oficiales de la Guardia Civil que habían sido dañados en la puerta del edificio de Economía, pidiendo la movilización permanente”

Así dejó tirados la jefa de los Mossos, Teresa Laplana, a los guardias civiles sitiados

María Peral

El atestado que recoge el testimonio de los agentes, al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, refleja que la responsable de la Policía catalana desoyó las reiteradas advertencias y peticiones de ayuda de la Benemérita. "No parecen una masa violenta", dijo.

Nada de uniformes

Según la declaración del responsable del operativo, fue a las 13:10 de ese mismo día cuando Jordi Sánchez se presentó a los agentes que registraban Hacienda, de la mano de un inspector de los Mossos como “el interlocutor válido de la concentración” e informa que “no puede permitir que acceda ningún vehículo ni persona uniformado con los detenidos hasta el edificio”. En ese momento, los agentes intentaban trasladar hasta las dependencias públicas a tres detenidos para registrar sus despachos.

En un primer momento y según esta versión, Sánchez se negó incluso a que los detenidos accedieran al edificio con los agentes uniformados. Así, los miembros del Instituto Armado ofrecieron dar entrada a los arrestados con agentes de paisano y coches sin rotular. Tampoco fue posible. El presidente de la ANC propuso entonces que los Guardias Civiles pasaran andando con los detenidos entre la multitud, gracias a un cordón de seguridad realizado por voluntarios independentistas. Una imagen que hubiera sido muy deseada entre los independentistas. “Finalmente se optó por no trasladar a los detenidos” declaró el responsable de seguridad del operativo.

“Ante la capacidad que mostraba el señor Sánchez para manejar a la masa” y según la declaración, los agentes le pidieron “que la gente se alejara cuatro metros de la puerta, de forma que los Mossos pudieran hacer un cerco alrededor de los vehículos para poder extraer las armas que había dentro. A esta propuesta el señor Sánchez se negó”.

Según los documentos policiales, remitidos al Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona, la negociación con Sánchez prolongó hasta alcanzar las 18 horas. A las 22.00 por ejemplo, el presidente de la ANC entró de nuevo en el edificio para informar a los agentes que fuera había “unas 60.000 personas” fuera y que pensaba “hacer un pasillo de unos 200 metros a través de la multitud para que pueda salir andando solo la comitiva judicial y nunca el personal de la Guardia Civil uniformado”. Algo a lo que los efectivos, de nuevo, se negaron, reclamando sin más paliativos que se disuelva la concentración.

Finalmente, fueron varias cargas policiales las que consiguieron despejar las puertas de las dependencias públicas para facilitar la salida de los agentes. La evacuación total llegó a las siete de la mañana del día siguiente.