Ignacio González, custodiado por guardias civiles el pasado miíercoles

Ignacio González, custodiado por guardias civiles el pasado miíercoles Ballesteros/Efe

España Operación Lezo

Los cinco caminos que han llevado a Ignacio González a la cárcel: mucho más que el Canal de Isabel II

Cuentas en el extranjero, detenciones en Brasil y Colombia, muestran la magnitud de la operación contra la corrupción madrileña.

Carlota Guindal Alejandro Requeijo Daniel Montero

Noticias relacionadas

La investigación a Ignacio González comenzó en el año 2015. Las sospechas de que habría creado un agujero al Canal de Isabel II que él mismo presidía pagando por empresas por un precio muy superior al real fueron cogiendo forma. La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y la Fiscalía Anticorrupción tiraron del hilo y descubrieron que se había pagado por un precio muy superior al real por empresas en el extranjero.

Dentro de la investigación, comenzaron a aflorar datos sobre la financiación ilegal del PP, pagos de comisiones a cambio de adjudicaciones, y blanqueo de capitales de González, junto a su mujer y su hermano, en el que salta de lleno el ático en torno al cual los investigadores indagan sobre quién pagó durante años el alquiler del inmueble que disfrutaba la familia González.

1)Trama del Canal de Isabel II

En este bloque la Guardia Civil investiga la compra de la empresa brasileña Emissao en el año 2013 por 31 millones de dólares cuando su valor real rondaría en los 10 millones de dólares. Se sospecha que el resto del dinero público fue desviado a Suiza y repartido entre varios de los investigados. La Comunidad de Madrid, ya con Cristina Cifuentes a la cabeza, denunció estos hechos al descubrir que el 75% de la operación se había pagado en una cuenta en Suiza.

La persona que ideó presuntamente esta operación, junto a otras, sería, según la investigación, Edmundo Rodríguez, presidente entonces de la sociedad colombiana Inassa, la filial sudamericana del Canal de Isabel II y a través de la cual se adquirió la sociedad brasileña. Para ello se utilizó como empresa pantalla otra sociedad uruguaya en un complejo operativo financiero. Por ello el juez ordenó también detenciones y registros en Colombia y Brasil. 

Dentro del Canal, también se investiga la explotación de un campo de golf en el centro de Madrid, dependiente del propio Canal que presidía González, a un consorcio integrado por tres sociedades, una de ellas denominada Tecnoconcret Proyectos e Ingeniería, actualmente presidida por José Antonio Clemente, y que sólo dispone de un trabajador.

Dos años después de la adjudicación, Pablo González, el hermano del exdirigente popular y también detenido en la Operación Lezo, compró más del 30% de las acciones de dicha empresa, quedándose un porcentaje similar un cuñado de de Ignacio González, José Juan Caballero. La Comunidad de Madrid, con Esperanza Aguirre a la cabeza, adjudicó la construcción del campo de golf a un consorcio de tres empresas, entre ellas Tecnoconcret. Todas ellas tenían la concesión para su explotación y para ello crearon otra sociedad, Green Canal Golf.

Se sospecha que Pablo González utilizó Tecnoconcret como una sociedad instrumental para cobrar parte de la adjudicación aunque en realidad no habría realizado ningún trabajo. Parte de ese dinero podría haber acabado, según las sospechas de los investigadores, en manos del expresidente de la Comunidad.

2) La financiación ilegal del PP

En este bloque se investiga el amaño de contratos en favor de la empresa Indra a cambio de que pagara parte de la campaña electoral de las elecciones autonómicas de 2011, cuando Ignacio González era secretario general del PP madrileño. Las adjudicaciones a esta empresa se habrían realizado a través de la Agencia de Informática y Comunicaciones (ICM) de la Comunidad de Madrid, cuyo máximo responsable era entonces José Martínez Nicolás.

La financiación ilegal del partido en ese año también está siendo investigada en el caso Púnica, instruida por el mismo juez, Eloy Velasco, y en la que ha sido esencial la documentación intervenida a quien fuera el tesorero, Beltrán Gutiérrez, entre ella un 'pendrive' con todos los datos de pagos a la formación.

3) Tren de Navalcarnero

Los investigadores tienen indicios de que la constructora OHL habría pagado una comisión de 1,4 millones de euros, ingresados en Suiza, por la adjudicación para la construcción del tren de Navalcarnero. El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco, la Fiscalía Anticorrupción y la Unidad Central Operativa (UCO) del Instituto Armado quieren saber si ese dinero acabó en manos de González.

La construcción para el tren de Navalcarnero se aprobó en el año 2008. Sin embargo, la compañía paralizó las obras tras un litigio con el Ejecutivo regional. OHL adelantó 165 millones de euros para arrancar las obras pero dos años después reclamó al gobierno madrileño la resolución del contrato después de que, según la propia compañía, no se les adelantara los 50 millones de euros comprometidos en el contrato de concesión, ni cumpliera con el compromiso de modificar el contrato de riesgo-tráfico a disponibilidad.

4) Blanqueo de capitales

Se investiga a González y varios miembros de su familia, entre ellos su mujer, Lourdes Cavero, su hermano Pablo y su padre Pablo González Liberal, de 90 años de edad. Los investigadores creen que llevaron a cabo diversas inversiones y operativas de préstamos ficticios para aflorar dinero que tendría oculto el exmandatario y que se sospecha proviene de la corrupción. Ampliaciones de capitales o creación de sociedades en el extranjero son alguno de los extremos que la Guardia Civil está analizando. 

5) Mercasa en Angola

Simultáneamente a las detenciones de Ignacio González y otras once personas más, la Audiencia Nacional desplegó el miércoles una segunda operación contra la corrupción, en este caso dirigida por el juez de la Audiencia Nacional José de La Mata. Se investigan operaciones irregulares del Consorcio Mercasa -del que es directivo el hermano de González- en Angola por lo que se realizaron registros y hay diez personas imputadas por corrupción en los negocios, cohecho, blanqueo de capitales y organización criminal.

Las actividades de esta entidad -actualmente consorcio Mercasa-Incatema-, formarían también parte de la amplia investigación que realiza Velasco y que incluye las diligencias por irregularidades en las filiales del Canal de Isabel II en Iberoamérica.

La sombra del ático

De forma paralela a la Operación Lezo esta investigación planea el famoso ático de González, que podría acabar incorporándose en esta causa. El 9 de marzo de 2016, el Juzgado de Instrucción número 5 de Estepona citó como investigado al expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González, a su mujer, Lourdes Cavero, y al presidente del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo, por el ático que tenía arrendado el exdirigente madrileño en la localidad malagueña de Estepona y que, posteriormente, pasó a ser de su propiedad.

Se trata de una investigación que arrancó en 2011 en tiempos del Ejecutivo socialista y que no ha estado exenta de polémica. Tras el cambio de Gobierno, el exministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, aseguró que se trató de una investigación “ilegal” por la que llegó a cesar de su puesto al comisario de Marbella que había iniciado las pesquisas.

Cinco años después, todavía con Fernández Díaz en el Ministerio, la jueza de Estepona accedió a la petición de la Fiscalía Anticorrupción de Málaga al entender que González podría haber incurrido en los delitos de cohecho y blanqueo de capitales. En el centro de la causa figura una sociedad llamada Coast Investors con sede en Delaware (EEUU) y un testaferro mexicano llamado Rudy Valner. González explicó que fue esta persona quien les vendió la casa por la que pagaron 770.000 euros en 2012. Según la versión del expresidente, los años anteriores habían estado pagando un alquiler mensual por la casa. La jueza indaga quién pagaba ese dinero todos los meses. La tesis policial de que el ex presidente de la Comunidad de Madrid controlaba el inmueble desde un paraíso fiscal.