Corrupción: cuando el empresario se arrepiente pero el político no

Caso Pretoria: cinco empresarios arrepentidos. Caso Gürtel: otros cuatro delatores. Operación Púnica: el principal colaborador de Francisco Granados tira de la manta. Y en la financiación ilegal del PP valenciano, otros once empresarios han alcanzado un pacto con la Fiscalía con el objetivo de rebajar sus condenas de cárcel y reconocer las entregas de dinero al partido.

La figura del arrepentido judicial está de moda en las investigaciones contra la corrupción. Pero hay una constante en el camino del pacto con la Fiscalía. Una regla que se mantiene, hasta el momento, inviolable; no hay un solo político en activo que haya reconocido los hechos antes de llegar a juicio. Ni un solo cargo electo señalado por corrupción ha reconocido acusación alguna antes de verse sentado en el banquillo en los últimos grandes casos investigados en España.

¿El motivo? Abogados, fiscales e incluso imputados en distintas causas relacionadas con la corrupción coinciden en el diagnóstico a las preguntas de EL ESPAÑOL: mientras los empresarios tienen su trabajo y sus empresas como medio de vida, los políticos en activo dependen directamente de su cargo para mantener su nivel de ingresos. El reconocimiento explícito del delito supondría tanto su cese inmediato del cargo, y por tanto, del dinero que perciben cada mes de la Administración, como el fin de su carrera política. En el caso de los empresarios imputados, la mayoría de ellos puede seguir con su actividad siempre que las medidas judiciales y el pago de las debidas indemnizaciones se lo permitan. Por eso, el pacto se da mucho más con los corruptores que con los corruptos.

La carta púnica

La operación Púnica es uno de los ejemplos más recientes de la dicotomía entre empresarios y políticos a la hora de afrontar las consecuencias judiciales. Mientras el empresario David Marjaliza decidió colaborar con la Justicia y se ha convertido en una de las principales bazas de la Fiscalía a la hora de desentramar los manejos investigados en varios ayuntamientos de la Comunidad de Madrid, el exconsejero Francisco Granados clama una y otra vez por su inocencia pese a haber reconocido incluso su titularidad sobre el millón de euros que la Guardia Civil localizó sobre un armario en casa de sus suegros.

La pasada semana, Granados envió incluso una carta pública a Esperanza Aguirre en la que señalaba a la presidenta del PP madrileño por no haber defendido públicamente su inocencia. Granados señaló además a Aguirre al asegurar que nada se movía en el partido sin su consentimiento, en una referencia implícita a la presunta financiación ilegal del partido investigada en una de las causas.

Ese procedimiento se impulsó también cuando el empresario Marjaliza identificó varias de las iniciales localizadas en un diario de Granados, relacionadas con distintas cantidades. El exconsejero del PP, lejos de respaldar la versión de su anterior colaborador, ha mantenido varias veces que esas anotaciones responden únicamente a apuntes sobre asistencia a actos electorales y cuestiones similares. 

Pacto o atenuante

Unas veces, el pacto judicial con los arrepentidos se rubrica de forma oficial con la Fiscalía. La normativa española dicta que el ministerio público puede llegar a acuerdos de conformidad y evitar el juicio siempre que la pena del acusado sea inferior a seis años y éste reconozca el delito más grave del que se le acusa.

Gerardo Díaz Ferrán junto al último director de Viajes Marsans, Iván Losada. Zipi Efe

Por eso, los homicidios, el tráfico de drogas o las agresiones sexuales y otros delitos graves quedan fuera de este tipo de posibles pactos, pero no así los asuntos de guante blanco y delincuencia financiera. Eso sucedió por ejemplo con Gerardo Díaz Ferrán en el caso Marsans o cuando cuatro directivos de Caixa Penedés fueron condenados en 2014 a cinco años de prisión por repartirse 31 millones de euros en planes de pensiones.

En otros casos, la colaboración con la Justicia es una cuestión menos formal y reconocida, y se centra en conseguir una rebaja de grado en una posible condena. Es lo que se conoce jurídicamente como un atenuante. Esta estrategia empleó por ejemplo el empresario Francisco Correa en el arranque del juicio del caso Gürtel. El principal imputado en la causa reconoció los pagos a distintas personalidades del PP a cambio de concesiones públicas y su participación en la financiación del partido. Y lo hizo en el último momento, tras ocho años de investigación y con varias causas en su contra.

Junto a él, en esa misma causa declararon otros dos empresarios arrepentidos; Alfonso García Pozuelo, responsable de Constructora Hispánica y Jacobo Gordon, amigo personal de Alejandro Agag y que centró sus revelaciones en la manipulación de contratos en el Ayuntamiento de Majadahonda. Su testimonio se consolidó con un exconcejal que reconoció parte de los hechos: Roberto Fernández. No ha pasado, ni por la investigación ni por el juicio, un solo testimonio de políticos en activo que reconocerán alguno de los hechos. 

Once empresarios en un pacto masivo

La pieza que investiga la presunta financiación ilegal del PP en Valencia se ha convertido en el ejemplo más claro de los empresarios alcanzando un pacto para evitar mayores condenas. En esta causa, derivada de la operación Gürtel, once empresarios han reconocido ya los hechos y pactado con la Fiscalía. A los tres primeros (Alejandro Pons, José Francisco Beviá y Enrique Ortiz) se han sumado ahora el resto de los empresarios imputados.

En la pieza hay 20 altos cargos del Partido Popular imputados en distintos niveles de responsabilidad y presuntamente vinculados a los pagos en B. Nombres como Rafael Blasco –ya en prisión por desviar fondos destinados proyectos solidarios en África tras el testimonio de otro empresario arrepentido- o Gerardo Camps, exvicepresidente autonómico y diputado por Valencia. Ninguno de ellos ha tomado el mismo camino que los empresarios e insisten en su inocencia.

También en Valencia, otro arrepentido ha puesto contra las cuerdas al PP arrancando el llamado Caso Taula. Se trata de Marcos Benavent, cargo de confianza del partido y máximo responsable de la empresa pública Imelsa. Benavent se vio en el centro de la investigación cuando su exsuegro puso en circulación unas grabaciones en las que Benavent aparecía hablando de comisiones y manipulación de contratos con distintos cargos del partido. Fue después de la judicialización de esas cintas y con Benavent fuera de la vida pública cuando el reconocido “yonki del dinero” se convirtió en arrepentido y decidió colaborar con la Justicia.

El exgerente de Imelsa Marcos Benavent. Juan Carlos Cárdenas Efe

En Baleares, un caso similar se vive con el concejal popular Rodrigo de Santos. Tras ser protagonista en 2008 de una investigación y condenado por gastar dinero público en drogas y prostíbulos, se ha convertido en uno de los testigos claves de la adjudicación del hospital balear de Son Espases, el caso que uniría las piezas investigadas por la Audiencia Nacional sobre la financiación del PP con las investigadas en baleares.

En el caso Noos, fueron cinco los acuerdos alcanzados de forma oficial u oficiosa por el fiscal con los imputados. Cuatro de ellos se lograron con responsables públicos (Miguel Angel Bonet, Gonzalo Bernal, Jose Luis Ballester y Juan Carlos Joaquín Alina), pero una vez que todos estuvieron fuera de sus cargos de responsabilidad. El principal empresario captado fue Marco Antonio Tejeiro, asesor fiscal y responsable contable del exduque de Palma, Iñaki Urdangarin.

Un clima propenso al pacto

Los pactos con la Fiscalía son ya tan importantes en la estrategia procesal de la corrupción que algunos imputados se esfuerzan incluso por crear un clima social propenso a sus propios pactos. Es el caso por ejemplo del expresidente balear Jaume Matas. Desde su entorno se han aireado en varias ocasiones las negociaciones entre el exresponsable del PP y la Fiscalía para reducir sus posibles condenas. Se dio por cerrado incluso el acuerdo que afectaría a Iñaki Urdangarin y su socio Diego Torres, y aquel que tiene que ver con la adjudicación del hospital de Son Espases. El mismo en el que participa como testigo Rodrigo de Santos.

Ninguno de esos pactos se ha materializado todavía. De hecho, la Fiscalía lo ha desmentido en varias ocasiones.

Munar asume que cometió malversación y pagará 10.800 euros

Algo similar ha sucedido con María Antonia Munar, la expresidenta balear, ahora en prisión. Varios han sido los intentos de pacto con la Fiscalía que se filtraron y nunca llegaron a materializarse. Hasta el propio Urdangarin ha intentado alcanzar un acuerdo en varias ocasiones, siempre rotas por la pretensión del exduque de Palma de alcanzar una condena inferior a los dos años. Los cantos de sirena se han materialiado por ejemplo en los casos de Félix Millet y Jordi Montull, los dos principales imputados en el caso Palau, que tras devolver parte del dinero y mostrar arrepentimiento en el juicio obtendrán previsiblemente un atenuante en sus condenas.

En el caso más reciente, el que afecta a la presunta financiación ilegal de Convergencia Democrática de Cataluña (CDC) y conocido como Operación Petrum, cinco empresarios han reconocido ya los hechos que se les imputa, y dos de ellos han solicitado incluso el estatus de testigo protegido por miedo a represalias. Uno de ellos reconoció ante el juez que el propio Artur Mas, entonces presidente de la Generalitat, le organizó una reunión en su propio despacho con Germá Gordó, que según esta versión sería la persona encargada de canalizar las donaciones de distintos empresarios para el partido a cambio de adjudicaciones públicas en las zonas controladas por el partido. Más y Gordó, lejos de reconocer los hechos, no han sido siquiera imputados en el caso tras estos testimonios.