El presidente de Murcia.

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España EL JUEZ VELASCO LE ATRIBUYE DELITOS

El presidente de Murcia niega las acusaciones de fraude y cohecho: "No se puede condenar ni demostrar lo que nunca existió"

Pedro Antonio Sánchez se declara inocente de las acusaciones y se brinda a colaborar "para que todo se aclare cuanto antes".

Ana I. Gracia

El presidente de Murcia ha reaccionado de inmediato a los tres delitos que el juez Eloy Velasco le atribuye por supuestamente haber pagado irregularmente dinero público para trabajos de reputación online.

En una convocatoria pública de urgencia, Pedro Antonio Sánchez se ha vuelto a declarar inocente de todas las acusaciones. "No hay nada de nada. No lo hubo nunca. Nada. Y así lo he demostrado con más de una decena de certificados oficiales que acreditan que nunca se acordó, nunca se pactó, nunca se pagó, nunca hubo un presupuesto. Ni a esta empresa ni a cualquier otra".

Pese a que Sánchez reconoce que "esto no es agradable, pero estoy aquí para que nadie tenga ninguna duda", el presidente de Murcia se ofrece a "demostrar que nunca hubo nada. No se puede condenar lo que nunca existió". Antes de finalizar su comparecencia, el presidente murciano reconoció que sí recibió ofertas para hacer ese trabajo, "algunas muy insistentemente, con agresividad marcial", pero insiste en que nunca dedicó un euro del erario público a mejorar su imagen en Internet. 

La dirección nacional del PP ha hablado telefónicamente con Sánchez, que se ha limitado a corroborar su inocencia. "Ahora trabajaremos para que no quede ninguna duda de que nada se hizo mal. Eso es lo que se espera de mí y eso es lo que voy a hacer: probar las cosas. Hablamos de un supuesto contrato que nunca se pactó".

Reputación ante una imputación

El actual presidente de Murcia decidió contratar los servicios de reputación 'online' ofrecidos por Alejandro de Pedro porque temía las "consecuencias en su estima" ante una posible imputación penal en junio de 2014. Además, Sánchez, en ese momento consejero de Educación de la comunidad autónoma, pretendía postularse para presidente de la región así que decidió que De Pedro le realizara trabajos reputacionales personales con fondos públicos. Por ello pagó a De Pedro 3.000 euros mensuales.

Según el juez, Sánchez podría haber cometido un delito de fraude, por la concertación con empresas vinculadas a De Pedro en el amaño de contratos de formación para la Consejería de Educación tendentes a sufragar con dinero público previsto para formación de su departamento, cuando en realidad eran trabajos particulares en Internet y redes sociales para reformar su imagen de cara a su postulación como futuro presidente de Murcia.

Otro de los delitos de los que se le atribuye es el de cohecho, al pagar servicios de reputación online de carácter particular y personal a cambio de amañar futuros contratos públicos en materia de formación en su Consejería.

Por último, Velasco considera que hay indicios contra Sánchez de un delito de revelación de información reservada al proponer filtrar a personas no funcionarios información y documentación interna propia y pre contratativa que no podía revelar. Una vez que el Parlamento autonómico confirme que es aforado, el juez remitirá su exposición razonada ante el Tribunal Superior de Justicia de Murcia para que se decida allí si se le abre una investigación.

En el caso se la senadora Pilar Barreiro y exalcaldesa de Cartagena (Murcia), el juez tiene indicios de que habría cometido los mismos delitos que Sánchez, además del de malversación de caudales públicos y prevaricación continuada. Según Velasco, la actual senadora habría sufragado con dinero público previsto para las campañas de publicidad de Turismo en Cartagena una partida que en realidad iba dirigida al pago de trabajos particulares, como la creación de un diario digital en su localidad y los honorarios por los trabajos de un periodista para sufragarlos.

El instructor considera que el Supremo debe investigarla, entre otras cosas, por presuntamente haber instrumentalizado una secuencia continuada de resoluciones ejecutivas, decisorias y arbitrarias, por las que mes tras mes, aprobó un gasto indebido, sin formalizarse ni aprobarse ningún tipo de contrato o procedimiento negociado de respaldo, fraccionando con intención, un gasto irregular durante meses.