La falta de denuncia del ministro limita la investigación policial de las escuchas en Interior

La ausencia de denuncia por parte del ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, tras la revelación de sus conversaciones con el ya ex jefe de la Oficina Antifraude de Cataluña, Daniel de Alfonso, está limitando las pesquisas iniciadas por la Comisaría General de Policía Judicial, según admiten fuentes de la investigación a EL ESPAÑOL. Pese a que el cuerpo ha destinado a varios efectivos para realizar esta investigación, los agentes se encuentran limitados en sus funciones por la inacción del ministro, que nueve días después de conocerse la noticia, todavía no ha presentado denuncia alguna en el juzgado.  

Según el artículo 201 del Código Penal, relacionado con el delito de revelación de secretos, "para proceder por los delitos previstos en este Capítulo, será necesaria denuncia de la persona agraviada". Pese a que Fernández Díaz sí ha censurado públicamente en varias ocasiones haber sido víctima de una conspiración con el ánimo de perjudicarle políticamente, ni él ni Daniel de Alfonso han presentado denuncia formal alguna que permita judicializar el caso.

En cualquier caso, el mismo artículo recoge también la posibilidad de que no sea necesaria una denuncia formal cuando el objeto de la investigación sea una "autoridad o funcionario público". En tal caso, sería la propia Fiscalía tras el informe previo de los agentes, la que de oficio debiera presentar la denuncia. Cosa que tampoco ha sucedido.

A falta de investigación

El pasado 22 de junio, el diario 'Público' desveló las grabaciones en las que el ministro del Interior aparece junto al ex responsable de la Agencia Anti Fraude catalana abordando investigaciones no judicializadas sobre adversarios políticos en Cataluña. Tras la publicación de las cintas, la Comisaría General de la Policía Judicial inició por orden de Fernández Díaz unas pesquisas para determinar cómo se realizó la grabación en su despacho.

Sin la denuncia del ministro, los encargados del caso admiten que solo pueden trabajar con fuentes abiertas, pesquisas sobre el terreno y bases de datos policiales, ya que para cualquier prueba más profunda, como una intervención telefónica, un registro o una investigación sobre los teléfonos de los intervinientes, necesita de una orden judicial, salvo que los datos sean entregados por el titular de forma voluntaria. 

A día de hoy, la Policía Judicial ni siquiera tiene en su poder el original de la grabación que se le realizó a los dos protagonistas en el Ministerio del Interior. El archivo primigenio es de gran interés para los investigadores en la medida de que, en caso de haberse grabado digitalmente, podría aportar metadatos relevantes para determinar el origen de los audios.

Barridos en la sede de Interior

De momento, varios agentes de la Policía Judicial se han personado este viernes en la sede de Interior para realizar diversas averiguaciones relacionadas con el caso. Uno de los trabajos realizados ha sido un barrido, si bien las fuentes consultadas recuerdan que el CNI ya realiza este tipo de actividades en todos los ministerios con una periodicidad mensual, aproximadamente. Este tipo de medidas de seguridad hacen improbable que el micro que captó las grabaciones estuviera instalado en el despacho de Fernández Díaz durante meses y remitiera las grabaciones por radiofrecuencia o vía telefónica.

El deseo de los investigadores, por tanto, se ha centrado principalmente en analizar el lugar para poder determinar si la grabación fue interior o exterior. Y en el caso de que se realizase desde dentro del edificio, poder acotar las pesquisas en torno a si se produjo con un elemento móvil o un sistema de grabación fijo.

El objetivo es contar con el mayor número de datos en el caso de que finalmente el caso acabe en un juzgado, extremo que por el momento no se ha producido. 'Publico' ha entregado las grabaciones publicadas a la Fiscalía después de no hacerlo ante la Policía.

Alegaba el medio de comunicación que los agentes no contaban con una orden judicial para llevárselas. Desde la investigación comprenden el derecho del medio a no entregárselas, pero justifican que se personaron en la redacción una vez que, desde el periódico, comunicaron su predisposición a aportarlas.