FlexiSpy, la app de los espías, podría tener los días contados en España

“Tienes derecho a saber”, es el lema que sostiene la actividad de FlexiSpy, una aplicación que permite al usuario leer los mensajes y escuchar las conversaciones de otro smartphone. “Descubre la verdad, espía su celular”, explica la página web de este software. Una tentación que no quedó al margen de políticos de la Asamblea de Madrid, que lo utilizaron presuntamente para seguir los pasos de sus compañeros, y que ahora podría tener los días contados en España.

La Asociación de Prevención y Estudios de Delitos, Abusos y Negligencias en Informática (APEDANICA) ha presentado una querella contra las personas jurídicas sobre las que se erige FlexiSpy. Según los datos a los que ha podido tener acceso EL ESPAÑOL, la compañía tiene sus raíces en el paraíso fiscal de las Islas Seychelles, y con la querella se pretende poner fin a una actividad que baila entre el limbo jurídico de nuestro país.

Noelia Martínez, exconcejal del PSOE en el Ayuntamiento de Madrid, sufrió las consecuencias de esta aplicación. En febrero de 2013 denunció que su teléfono móvil, un regalo del diputado también socialista José Cepeda, tenía instalado este troyano -un tipo de virus que permite acceder a los datos de otro terminal-. De acuerdo a un informe de Telefónica, tanto el smartphone de Noelia Martínez como el de José Cepeda eran propiedad de la Asamblea de Madrid. El caso todavía se encuentra en manos del Juzgado de Instrucción 11 de Madrid, donde ahora se ha presentado la querella contra FlexiSpy.

Una app para "proteger a los hijos"

“Proteger a los hijos” y “monitorizar a los empleados” son las actividades a las que hace referencia FlexiSpy en su web. Pero, según informaciones publicadas por el diario El Mundo, en la Asamblea de Madrid se utilizaron con fines muy distintos: José Cepeda habría utilizado este mismo medio para espiar a su exmujer y a la diputada del Partido Popular Ana Paula Vicente.

APEDANICA extiende la querella a “todos aquellos que resulten responsables, por acciones u omisiones que pudieran ser consecutivas de delito y, en especial, a las personas jurídicas que todavía no hayan sido imputadas”: “Los hechos que los querellantes promueven investigar no se centran en particulares y menos aún en las víctimas que tienen completa libertad para actuar como perjudicado”, advierte el texto.

Un centenar de teléfonos controlados

En la querella se pide que el el CNI, a través del Centro Criptológico Nacional, estudie la “actividad comercial y tecnológica” de FlexiSpy. Además se advierte que se preparan “acciones ante la Comisión Europea o ante la Defensora del Pueblo Europeo”. Para ello, la organización se basa en el artículo 197 del Código Penal, que castiga con penas de prisión actividades similares a las efectuadas por este troyano.

Según datos a los que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, al menos un centenar de smartphones en España estarían controlados por este software espía. “Su comercialización se realiza sin ningún tipo de control, ni siquiera fiscal”, advierte APEDANICA en la querella. Las tarifas de FlexiSpy, variando entre un paquete de servicios u otro, va desde los 99 a los 199 dólares al trimestre.

El espionaje a Cifuentes

El caso de espionaje con FlexiSpy no es el único conocido en la Comunidad de Madrid. Cristina Cifuentes también fue seguida por un detective privado en los meses previos a las elecciones autonómicas de mayo de 2015, en una trama que salpica a otros miembros del equipo popular madrileño.