El Gobierno de Aragón privatiza la asesoría a las mujeres maltratadas

Veinte años después de la creación del Servicio de Atención a Mujeres Víctimas de Violencia (SAM), el Gobierno de Aragón ha decidido sacarlo a concurso. El SAM complementa al turno de oficio de violencia y presta un servicio fundamental para las mujeres en una situación vulnerable. Pertenece al Instituto Aragonés de la Mujer e incluye dos asesorías para cualquier mujer víctima de violencia: abusos sexuales, acoso laboral, violaciones, etc.

Desde el SAM se presta cualquier asesoría jurídica de esta índole excepto para las mujeres maltratadas por violencia machista, que lo presta otro servicio autonómico. Fuentes del Ejecutivo Autonómico aseguran para EL ESPAÑOL que pese a la licitación de ese servicio se mantienen las guardias en manos del Colegio de Abogados.

El Gobierno del socialista Javier Lambán, defiende la decisión interpretando un informe de la Intervención autonómica que recomienda sacar a concurso la asesoría jurídica para mujeres maltratas por violencia. Imperativo legal, dicen.

La licitación del asesoramiento jurídico según la Directora del Instituto Aragonés de la Mujer, Natalia Salvo, se debe a que “el Gobierno de Aragón tiene que atenerse a la legalidad vigente” expresó esta semana en las Cortes de Aragón.

¿IMPERATIVO LEGAL?

La justificación que alude el Gobierno de Javier Lambán (PSOE) se debe al cumplimiento de la Directiva Europea 2014/24/UE en materia de contratación, de la cual dimanó de una “Recomendación de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa”, sobre el efecto que tienen las nuevas Directivas Europeas en materia de contratación pública.

La justificación no es del todo exacta por parte del Gobierno autonómico ya que, en esa misma Directiva comunitaria, el artículo 10.3 excluye de la licitación a las asesorías jurídicas que sean prestadas por abogados profesionales. Varios sectores afectados entienden que se empieza a generar sospechas por el interés en la privatización, más allá del mero “imperativo legal”.

Según el Colegio de Abogados de Zaragoza, no es por financiación ya que el servicio le cuesta a las arcas autonómicas alrededor de 80.000€ al año. Explica el Decano del Colegio, Antonio Morán, para EL ESPAÑOL que “lo que busca el Gobierno autonómico es vender el servicio al mejor postor”.

De la misma opinión es Antonio Muñoz, coordinador del SAM en Zaragoza, quien hace pocos días en “El periódico de Aragón” mantenía su crítica al Gobierno de Javier Lambán. Muñoz considera que “se puede desoír a la Intervención autonómica, lo que sucede es que es una decisión política”. Y explica la verdadera intención, a su juicio, del Ejecutivo autonómico considerando que “las asistencias jurídicas son la parte rentable del servicio, y al Ejecutivo socialista le pueda interesar ganar algo con la privatización”.

PODEMOS Y EL PP SE UNEN

“No lo entendemos”, dice Violeta Barba, diputada de Podemos en las Cortes de Aragón. La diputada autonómica explica que “la asesoría jurídica asegura la tutela judicial efectiva al ser un servicio fundamental para las mujeres maltratadas por violencia y se presta desde lo público por el Colegio de Abogados”.

Las tesis defendidas por Podemos tienen su apoyo político por parte del Partido Popular. Fernando Ledesma, diputado del PP en las Cortes autonómicas piensa que “es un error y generará una peor prestación”.

No se entiende, explica Ledesma, qué busca el Gobierno de Lambán con esta decisión teniendo en cuenta que llegó al Gobierno esgrimiendo la emergencia social y el mantra de “las personas primero”.