En un escenario global convulso, donde ciertos liderazgos parecen haber claudicado ante el lenguaje de la violencia, la guerra y el aislamiento, la reciente XXXVI Cumbre Hispano-Portuguesa celebrada en La Rábida es un testimonio necesario de que las políticas cooperativas son la herramienta más poderosa para garantizar nuestra supervivencia.
Pero la firma de laAlianza por la Seguridad Climática no debe ser solo un gesto diplomático; debe ser un imperativo ético y operativo en un momento en que la ciencia nos advierte de que los esfuerzos actuales son insuficientes para limitar el calentamiento a 1,5 ºC y en el que ya estamos sufriendo las devastadoras consecuencias de la crisis climática.
Desde Greenpeace España-Portugal valoramos este paso como un reflejo de lo que venimos exigiendo desde hace años: la necesidad de pactos y acuerdos que trasciendan fronteras y colores políticos. La emergencia climática no es una cuestión de ideologías, sino de supervivencia colectiva.
Los desafíos biofísicos —sequías, incendios y tormentas— no entienden de mapas, de fronteras ni de competencias administrativas, y por ello la sintonía entre España y Portugal es una gran noticia que debería extenderse entre todas las administraciones de ambos países, su clase política y su ciudadanía, además de servir de ejemplo para otros países.
La verdadera seguridad no se construye con muros ni con armamento, sino garantizando una transición ecológica justa y democrática. Ya hemos visto lecciones prácticas de esta cooperación, como por ejemplo la solución bilateral ante la crisis energética derivada de la guerra en Ucrania, que, a través de la "excepción ibérica", demostró que sí se puede actuar sobre un mercado eléctrico disfuncional que vincula el precio de la electricidad al precio del gas.
Aunque no llegó a abordar la verdadera y necesaria reforma profunda del mercado eléctrico, protegió a millones de personas de la especulación fósil, generando un ahorro para las familias de más de 5.000 millones de euros.
Y también podemos recordar cómo, tras el apagón que afectó a la península, el Mercado Ibérico de la Electricidad (MIBEL) se "levantó" gracias a la robustez de las renovables, que conforman de manera mayoritaria el mix eléctrico de ambos países —representaron en 2025 el 56,6% en España y el 68% en Portugal—, demostrando que la soberanía energética reside en el sol y el viento compartidos, no en el gas importado ni en la energía nuclear, que ni estuvo ni se la espera para poder solventar la seguridad de suministro.
No olvidemos que, aunque Portugal no tiene centrales nucleares, algunas como la de Almaraz tienen claros impactos transfronterizos.
La Declaración de La Rábida apuesta por acelerar el despliegue de estas energías y fortalecer las interconexiones, pero, para que esta transición sea efectiva para frenar el cambio climático, debemos ser aún más ambiciosos en la mitigación y alcanzar la descarbonización total antes de 2040.
Sabemos que se avanza en la dirección correcta, pero necesitamos un cambio estructural bien profundo del modelo socioeconómico que elimine los subsidios a los combustibles fósiles y, aplicando de forma estricta el principio de "quien contamina paga", obligue a las grandes corporaciones a financiar la reparación de los daños que han causado y que siguen provocando.
Además de la transformación del modelo energético, el otro gran aliado debe ser el cambio del modelo agroalimentario. La declaración conjunta reconoce el papel estratégico de la agricultura y la pesca sostenibles. Como desde Greenpeace España-Portugal hemos propuesto en los borradores del Pacto de Estado para la emergencia climática en España, el sector primario puede y debe ser un sumidero de carbono.
La apuesta por la ganadería extensiva, las razas autóctonas y la agroecología no solo mitiga el cambio climático, sino que revitaliza el medio rural y previene incendios. Debemos huir de la "estigmatización" del campo y dar mucho más apoyo a quienes gestionan el territorio de forma responsable, alejándonos de la ganadería industrial, de la pesca destructiva y del regadío intensivo, que agotan y contaminan nuestras reservas hídricas.
Abordar las causas es vital, pero la crisis ya está aquí. La península ibérica es una de las áreas más vulnerables al cambio climático en Europa, con incendios forestales cada vez más graves, inundaciones cada vez más recurrentes y sequías estructurales, por lo que reforzar la cooperación ibérica en prevención, adaptación y gestión del territorio debe ser una prioridad.
Aquí, el bilateralismo ibérico brilla con ejemplos exitosos, como el Convenio de Albufeira para la gestión de las cuencas hidrográficas compartidas: en el actual contexto, esta cooperación debe reforzarse para garantizar caudales suficientes, proteger a los ecosistemas fluviales y responder a la creciente presión sobre los recursos hídricos en los dos países.
Esta colaboración técnica y política para coordinar caudales y responder a inundaciones es el modelo que debería inspirar también a la cogobernanza interna en España, superando los bloqueos entre el Gobierno central y las comunidades autónomas sobre quién debe ejecutar las obras pendientes.
La adaptación es una máxima prioridad para la seguridad y es especialmente urgente en una península cada vez más afectada por olas de calor extremo, estrés hídrico y fenómenos climáticos que golpean con fuerza tanto a Portugal como a España. Greenpeace celebra las medidas para la protección de las personas trabajadoras frente a las olas de calor tanto en la alianza luso-española como en las propuestas nacionales.
Estas políticas no pueden nacer de la improvisación y deben estar cimentadas en la mejor ciencia disponible. Un ejemplo reciente en el caso de España es el trabajo de la Oficina Nacional de Asesoramiento Científico (ONAC), que ha coordinado a más de 500 científicos e instituciones, entre ellos Greenpeace, para ofrecer medidas concretas para prevenir y adaptarse al cambio climático.
Paneles de expertos como este deben ser la brújula de toda acción política. No podemos permitir que la desinformación climática, señalada también en la Cumbre como un riesgo emergente, empañe la urgencia de actuar. La ciencia nos dice que la salud de los ecosistemas es la base de nuestra resiliencia; sin una naturaleza sana —bosques bien gestionados y océanos protegidos—, no habrá economía ni bienestar posible.
Sin embargo, la ambición política y el rigor científico necesitan el motor de la participación activa. La transición ecológica no puede ser solo un proceso impuesto "de arriba hacia abajo", sino que debe nacer de una democracia deliberativa robusta. La sociedad civil ibérica quiere y puede tomar las riendas de su futuro.
Solo abriendo espacios de diálogo real, donde se escuche la voz de los colectivos más vulnerables y se construyan consensos que trasciendan los ciclos electorales de cuatro años, lograremos que las políticas de la Alianza por la Seguridad Climática tengan la legitimidad y la justicia social necesarias para perdurar en el tiempo y blindarse ante los azotes del auge de los fascismos.
No podemos olvidar que la raíz del problema es un modelo de producción y consumo que choca con los límites del planeta. La alianza entre España y Portugal es un paso excelente hacia la seguridad climática, pero debe evitar caer en la autocomplacencia de la gestión de síntomas.
La crisis climática y de biodiversidad es un multiplicador de riesgos que amenaza la paz y la estabilidad. En un mundo que se fragmenta, la península ibérica debe seguir demostrando que la unión entre Estados, grupos políticos y sociedad civil es el camino, y que es, en esencia, un pacto por la vida y por las generaciones futuras.
España y Portugal han marcado el rumbo del multilateralismo climático en Europa; ahora es el momento de que toda la clase política, desde los ayuntamientos hasta la Unión Europea, coja el testigo, lidere en esa dirección y dé ejemplo, sabiendo que lo caro no es actuar, sino el coste inasumible de no hacerlo. La tarea es de todas y el futuro es ahora.
*** Eva Saldaña es directora ejecutiva de Greenpeace España y Portugal y Toni Melajoki Roseiro es director de la oficina de Greenpeace Portugal.