Cada vez que usamos una plataforma, buscamos información, o aceptamos unas condiciones de uso, no solo estamos interactuando con tecnología. Estamos ejerciendo (o dejando de ejercer) derechos esenciales.

El derecho a la privacidad, a la no discriminación, a la participación o a la propia autonomía personal se juega hoy, en buena medida, en el entorno digital.

Y en ese mismo entorno la ciudadanía reacciona cuando percibe que esos derechos se ven afectados: lo hace comentando, compartiendo, organizándose o señalando prácticas que considera problemáticas.

El ministro Óscar López y Calissa Véliz, en Barcelona.

Basta con pensar en cómo se viralizan debates sobre cambios en las políticas de privacidad, el uso de datos personales o la moderación de contenidos, generando reacciones que reflejan preocupaciones concretas sobre los derechos digitales.

Los derechos necesitan algo más que formulaciones normativas: necesitan observación, seguimiento y capacidad de respuesta. Porque lo que no se mide, no se entiende bien. Y lo que no se entiende, rara vez se protege a tiempo.

Hemos avanzado mucho en el debate regulatorio y en la concienciación social sobre la importancia de los derechos digitales, pero seguimos teniendo una dificultad evidente para responder a preguntas como:

  • ¿Qué temas o preocupaciones emergen?
  • ¿Qué relatos ganan espacio?
  • ¿Qué emociones acompañan el debate?
  • ¿Qué riesgos relacionados con los derechos digitales se normalizan?
  • ¿Dónde aparecen señales de conflicto que convendría atender?

En otras palabras: sabemos que los derechos digitales importan, pero todavía no contamos con instrumentos para analizar el ecosistema en el que se ven tensionados.

Jon Hernández, divulgador tecnológico en su conferencia circular del Cámara Business Club de Alicante.

Este vacío no es menor. Porque la web no es solo un canal. Es ya un espacio donde se forman percepciones, se amplifican desigualdades, se consolidan sesgos y se redefine la relación entre ciudadanía, instituciones y tecnología.

La conversación digital puede contribuir a una sociedad más informada y participativa, pero también puede reproducir exclusiones, alimentar desinformación o erosionar la confianza pública.

Por eso, proteger derechos en la era digital exige una capacidad nueva: transformar ruido en evidencia útil.

Ahí es donde cobra sentido impulsar herramientas públicas capaces de ordenar, analizar y hacer inteligible esa conversación. Orientadas a comprender mejor el contexto en el que los derechos se ejercen, se disputan o se debilitan, y a ofrecer una base más sólida sobre la que tomar decisiones, comunicar mejor y actuar con mayor anticipación.

El logo de Meta.

DigiTrack nace con esa lógica. Se trata de una herramienta de monitorización de derechos digitales desarrollada en el Centro Singular de Investigación en Tecnologías Inteligentes (CiTIUS) de la Universidad de Santiago de Compostela, en colaboración con la Fundación Hermes, bajo el Observatorio de Derechos Digitales impulsado por Red.es.

Como herramienta pública de búsqueda y analítica sobre contenidos web relacionados con los derechos digitales, permite observar fuentes digitales abiertas, identificar temas emergentes, seguir su evolución temporal y estructurar una conversación que, por naturaleza, aparece dispersa.

Su valor no reside solo en la innovación técnica, sino en algo más importante: poner capacidades avanzadas de análisis al servicio del interés general.

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Y esta es una actividad plenamente alineada con los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

En primer lugar, con el ODS 16, porque no hay instituciones sólidas sin información de calidad, ni derechos efectivos sin capacidad de seguimiento y rendición de cuentas.

También con el ODS 10, porque la vulneración de derechos en el entorno digital no afecta por igual a todo el mundo: hay colectivos más expuestos a la exclusión, al sesgo o a la invisibilidad.

Con el ODS 9, porque necesitamos innovación útil, puesta a disposición de los ciudadanos.

Y con el ODS 17, porque los desafíos complejos de la transformación digital solo pueden abordarse mediante alianzas entre el sector público, la sociedad civil y otras entidades capaces de cooperar con eficacia.

Durante años, una parte de la conversación sobre digitalización se ha centrado en la eficiencia, la competitividad o la adopción tecnológica.

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Todo eso importa. Pero si queremos que la transición digital sea verdaderamente sostenible, necesitamos profundizar en cómo se protegen los derechos de la ciudadanía.

Y para responder a esta pregunta hacen falta evidencias, análisis y capacidad de lectura pública del entorno digital. Observar bien no es un gesto técnico menor, es una condición previa para gobernar mejor.

***David Losada co-creador e impulsor de DigiTrack.