La década de 2020 a 2030 se bautizó como la década de la acción, la última para cumplir los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030. A cinco años de llegar a la fecha marcada por la ONU, el mundo se enfrenta al desafío de acelerar los esfuerzos para garantizar que dichos objetivos sean una realidad.

Algunos de los problemas más urgentes que se tratan son el cambio climático, la desigualdad y el acceso a recursos básicos como la energía y el agua. En este contexto, las metas de transición energética en España son especialmente ambiciosas: el 74% de la electricidad en España debe provenir de fuentes renovables antes de 2030. Sin embargo, actualmente, estas representan el 47%, dejando una gran brecha por solventar en los próximos cinco años.

Por otro lado, el último informe sobre el estado de la pobreza de EAPN España en 2023 alertaba de que la pobreza energética afecta al 20,7% de la población española, lo que significa que una de cada seis personas no puede calentar su hogar durante el invierno ni enfriarlo en verano.

En este contexto, las energías renovables pueden ser la solución clave para minimizar este porcentaje, reduciendo los gastos de los hogares y avanzando en el cumplimiento del ODS 7: "Garantizar el acceso a una energía asequible, segura, sostenible y moderna para todos".

Para ello, como sociedad, debemos priorizar las energías verdes accesibles y eliminar las barreras que dificultan la transición energética, como las altas inversiones iniciales, la excesiva burocracia o la falta de incentivos para fomentar su implementación.

Además, España cuenta con un gran potencial para aprovechar la energía solar y liderar este cambio. Con más de 2.500 horas de sol al año, se posiciona como uno de los mercados más prometedores para impulsar la energía solar como una de las principales fuentes renovables del país.

La energía fotovoltaica, actualmente, es la forma más barata de generar electricidad que ha existido en la historia. Además, el coste de su instalación se ha reducido un 85% durante los últimos diez años y el objetivo que debemos tener las empresas del sector es seguir reduciendo el coste y las dificultades relacionadas con su implementación.

Por cada euro invertido en alternativas renovables, se generan entre tres y ocho euros de beneficios económicos, con un impacto positivo en áreas como la creación de empleo, la reducción de costes energéticos y el fortalecimiento de la economía sostenible.

En este punto, es importante destacar que, el plan de transición energética en España también contempla la importancia del almacenamiento, imprescindible para la gestión de la naturaleza intermitente de las energías renovables.

El almacenamiento asegura que la energía generada en los momentos de pico de producción pueda almacenarse y utilizarse cuando la producción es baja, asegurando así la estabilidad de la red.

Para cumplir con la Agenda 2030, España tiene como objetivo instalar 22,5 GW de capacidad de almacenamiento, entre baterías, energía hidroeléctrica bombeada y almacenamiento solar térmico. Sin embargo, actualmente, el país solo ha alcanzado los 3,9 GW.

La aceleración de la instalación de infraestructura de almacenamiento energético es fundamental por varios motivos. Por un lado, estabiliza la red eléctrica, permitiendo una mayor integración de energías renovables y reduciendo la dependencia de fuentes fósiles.

Por el otro, genera importantes ahorros económicos a largo plazo, al optimizar el consumo de energía y reducir costes. Para alcanzar estos beneficios, es imprescindible la colaboración público-privada y la creación de marcos regulatorios que incentiven su inversión.

Por todo ello, España tiene la oportunidad de liderar a Europa en la transición energética, demostrando cómo las soluciones renovables y accesibles pueden combatir la desigualdad social y, al mismo tiempo, impulsar el crecimiento económico.

*** Wouter Draijer es cofundador de SolarMente.