"Las mujeres y sus hogares asumen la mayor carga económica, estimada entre el 44% y el 50% del costo total a país", recoge el documento. iStock
La violencia machista cuesta un 5% del PIB en Iberoamérica: "Casi en el 95% de los casos no llegan a los registros formales"
Un nuevo informe analiza 17 estudios y concluye que las mujeres y sus hogares asumen hasta la mitad del impacto económico de este tipo de violencia.
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La violencia contra las mujeres no solo destruye vidas, también erosiona economías enteras. En algunos países de América Latina y el Caribe, su impacto económico alcanza hasta el 5% del Producto Interior Bruto (PIB), una cifra que la sitúa como una crisis de derechos humanos y, además, como un problema estructural de desarrollo económico y social.
Así lo advierte el informe Medir para transformar: el coste de la violencia contra las mujeres en Iberoamérica, elaborado por la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB), la Iniciativa Iberoamericana para Prevenir y Eliminar la Violencia contra las Mujeres (IIPEVCM), CAF-Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe y el Fondo de Población de Naciones Unidas (UNFPA).
El estudio, coordinado por la economista experta en género Celina Santellán, revisa 17 investigaciones desarrolladas en Argentina, Bolivia, Colombia, Ecuador, España, México, Paraguay, Perú, Portugal y Uruguay con el objetivo de dotar a las instituciones iberoamericanas de herramientas técnicas para medir el impacto económico de la violencia machista y mejorar el diseño de políticas públicas.
Uno de los hallazgos más sorprendentes del informe es quien paga realmente las consecuencias económicas de la violencia. Pues, según recoge el documento, son las mujeres y sus hogares los que "asumen la mayor carga económica, estimada entre el 44% y el 50% del costo total del país".
La razón principal está en los gastos directos que afrontan las víctimas —desde atención sanitaria hasta procesos judiciales— y, sobre todo, en la pérdida de ingresos y oportunidades laborales derivadas de esta misma.
En contraste, el Estado aparece como "el actor que proporcionalmente menos costos absorbe", con apenas entre un 11% y un 13% del total.
En ese sentido, la investigación subraya que gran parte de los recursos públicos se destinan a respuestas reactivas y no a prevención, pese a que la violencia genera un fuerte impacto en sistemas de salud, justicia, seguridad y protección social.
Pero medir ese coste sigue siendo una tarea enormemente compleja, y el principal obstáculo es el subregistro.
Se estima que "entre el 87% y el 95% de los casos no llegan a los registros formales", lo que convierte a la violencia invisible en uno de los mayores desafíos metodológicos. Es decir, muchas mujeres nunca denuncian y, por tanto, los sistemas oficiales apenas capturan una parte del problema real.
El Estado aparece como "el actor que proporcionalmente menos costos absorbe", con apenas entre un 11% y un 13% del total. iStock
El informe identifica cuatro grandes metodologías para calcular el impacto económico de la violencia machista.
La más utilizada es el llamado "método contable", presente en más de la mitad de los estudios revisados. Esta estructura suma gastos directos —como sanitarios, judiciales o policiales— e indirectos, como la pérdida de productividad laboral.
"Es el enfoque predominante entre los estudios de costeo de la violencia contra las mujeres. Su lógica consiste en identificar los costos específicos generados y agregarlos en una estimación total", explica el informe.
Sin embargo, también tiene limitaciones importantes, ya que tiende a subestimar los costes reales al dejar fuera dimensiones difíciles de monetizar, como el sufrimiento psicológico, el miedo o la pérdida de calidad de vida.
Precisamente, uno de los aspectos más innovadores de algunos estudios recientes es el intento de cuantificar esos costes invisibles.
De ahí que investigaciones desarrolladas en España y México hayan incorporado metodologías para poner valor económico al dolor emocional, los traumas psicológicos o la pérdida de bienestar derivada de la violencia.
![Isabel Ceballos en una imagen de archivo.](["https:\/\/s3.elespanol.com\/2026\/03\/23\/actualidad\/1003744180948_262091480_320x180.jpg"])
El análisis también pone el foco en el impacto sobre las empresas y la economía productiva. De hecho, algunos trabajos realizados en Perú, Bolivia o Colombia demuestran que la violencia provoca ausentismo laboral, caída del rendimiento, rotación de personal y pérdida de productividad.
El informe destaca especialmente el concepto de "presentismo" o, en otras palabras, trabajadoras que acuden a sus empleos, pero cuya capacidad productiva se ve gravemente afectada por las secuelas físicas o psicológicas de la violencia.
En España, además, un estudio incluido en el informe aplicó por primera vez un análisis macroeconómico de tipo input-output para calcular cómo las pérdidas derivadas de violencia se propagan por toda la economía. La conclusión es que cada euro perdido provoca una pérdida total de 2,73 euros.
La investigación también evidencia importantes vacíos metodológicos. Aunque la violencia física y sexual aparece en prácticamente todos los estudios revisados, la violencia económica sigue siendo "la dimensión con menor cobertura metodológica".
Solo seis investigaciones incorporan de manera explícita formas de control económico, privación financiera o dependencia económica como factores con impacto monetario.
Otra gran carencia es la ausencia de un enfoque interseccional real. El documento reconoce que "ningún estudio operacionaliza el análisis interseccional", en sus resultados finales.
Pues, aunque muchos mencionan factores como la edad, la discapacidad, la etnia o la condición migratoria, prácticamente ninguno consigue desagregar los datos para mostrar cómo la violencia afecta de forma diferente a distintos grupos de mujeres.
![Imagen de archivo de una manifestante durante el 25N de 2024.](["https:\/\/s3.elespanol.com\/2025\/02\/12\/enclave-ods\/historias\/923668228_253060257_320x180.jpg"])
Además, la mayoría trabaja con una perspectiva anual, algo que, según advierte el informe, "impide capturar los costos acumulados de la violencia crónica. Y es que la violencia continuada deja secuelas a largo plazo en la salud física y mental, la educación de los hijos, las trayectorias laborales y la autonomía económica de las mujeres.
De hecho, varios estudios ya empiezan a incorporar los llamados costes intergeneracionales. En concreto, el informe recoge casos donde se han calculado gastos relacionados con el cuidado de hijos e hijas, el impacto de la salud infantil, el retraso escolar o incluso la inseguridad alimentaria derivada de la violencia en el hogar.
En Paraguay, por ejemplo, se cuantificaron más de 200.000 días de clase perdidos al año por hijos de mujeres víctimas de violencia.
Frente a este panorama, se reclama una transformación profunda de la forma en que los países recopilan y utilizan los datos.
Entre sus recomendaciones, propone "tratar el subregistro como una variable", incorporar los costes empresariales y de la productividad, adoptar una visión de largo plazo y publicar metodologías y bases de datos abiertas para facilitar la comparabilidad regional.
