El último informe del Grupo Intergubernamental de Expertos en Cambio Climático (IPCC) de Naciones Unidas alertaba de que estamos en el momento del “ahora o nunca”. Las emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) debían reducirse, como mínimo, un 43% para 2030 y pedían acciones inmediatas. La Unión Europea, ahora, va más allá y, entre otras cosas, acuerda eliminar los vehículos ligeros contaminantes a partir de 2035.

En la reunión que ha mantenido el Consejo Europeo de Medioambiente celebrado en Luxemburgo esta madrugada, se ha acordado incrementar la ambición climática comunitaria para reducir las emisiones de dióxido de carbono (CO2) en un 55% para 2030 con respecto a los niveles de 1990. Esto es algo que ya estaba recogido en el paquete legislativo Fit for 55%.

Con esta iniciativa acordada por los Veintisiete, los socios comunitarios remitirán al Parlamento Europeo una batería de expedientes que incluyen la revisión de varias normativas vigentes. Una de ellas será la Directiva de comercio de derechos de emisión, un instrumento de mercado mediante el que se fija un tope al CO2 en instalaciones o sectores clave.

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Como consecuencia, se pretende reformar o actualizar el Reglamento sobre las emisiones y absorciones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) por el uso de la tierra, y del Reglamento de estándares de CO2 para turismos y vehículos comerciales ligeros.

Teresa Ribera, vicepresidenta del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), ha recordado que “los textos aprobados son clave para mandar una señal adecuada a los actores económicos y sociales, para avanzar en la descarbonización de la economía, y para asegurar una transición ecológica justa y beneficiosa para todos”.

Transporte y uso de la tierra

Las emisiones del sector del transporte representan una parte muy relevante del total de GEI en la UE y el Consejo Europeo ha propuesto una revisión de los estándares de emisiones para turismos y furgonetas. Así, a partir de 2035, sólo podrán matricularse vehículos de este tipo que no emitan nada de CO2. Un compromiso alcanzado tras más de 16 horas de negociaciones.

Hasta entonces, el Consejo ha acordado elevar los objetivos de reducción de las emisiones de CO2 para 2030 en los vehículos de combustión: al 55% en el caso de los coches y al 50% en el de las furgonetas. No obstante, el Parlamento Europeo tendrá que negociar un compromiso definitivo para apoyar la prohibición total de los vehículos contaminantes a partir de 2035.

Además, también se ha alcanzado un acuerdo con relación a los usos del suelo, cambios en los usos del suelo y la silvicultura (LULUCF por sus siglas en inglés). Como recoge Europa Press, los ministros de Medio Ambiente acordaron un objetivo de absorciones equivalentes de 310 toneladas métricas de CO2 hasta 2030, lo que representa un aumento del 15% respecto a la actualidad. 

Además, cada Estado miembro deberá establecer un compromiso de absorción de emisiones de gases de efecto invernadero para el periodo 2026-2030. Por otra parte, los Veintisiete han mantenido la distribución de objetivos asignada a cada Estado miembro en la propuesta de la Comisión Europea relativa a este reglamento. 

España ha pedido que se dispusiera una bolsa de compensación que tuviera en cuenta los efectos del cambio climático en los objetivos de absorción de CO2, ante lo cual el Consejo acordó mejorar las flexibilidades para apoyar a los Estados miembros que tienen dificultades para cumplir sus objetivos por factores ajenos a su control.

Un nuevo comercio de emisiones en la UE

En Luxemburgo, el Consejo de Medio Ambiente ha aprobado la revisión de la Directiva 2003/87/CE, reguladora del Régimen de Comercio de Derechos de Emisión de la UE, para ajustarla al nuevo objetivo de reducción de emisiones del 55%. 

Entre otras cosas, los estados abogan por eliminar gradualmente la asignación gratuita de derechos a los operadores aéreos y a los sectores sujetos al Mecanismo de Ajuste en Frontera. Además, introducen mejoras en el mecanismo de control de precios del mercado de derechos de emisión para evitar variaciones extremas.

En esta revisión, los miembros comunitarios también abogan por extender el régimen de comercio de emisiones al transporte marítimo, evitando las fugas de carbono a puertos de terceros países. Aunque, como ha informado el MITECO, es particularmente relevante la inclusión del transporte terrestre y de la edificación en el comercio de CO2. 

Este objetivo se conseguirá con el nuevo Fondo Social para el Clima, que aportará una sólida cobertura a los hogares vulnerables, las Pymes y los usuarios de transporte en zonas rurales y remotas sin acceso a transporte público. Según recoge Europa Press, se establecerá de 2027 a 2032, coincidiendo con la entrada en vigor del sistema de comercio de emisiones para los sectores de la construcción y el transporte por carretera.