Banco de peces en la Costa Brava.

Banco de peces en la Costa Brava. Eloi_Omella Istock

Historias

El Mediterráneo agotará su presupuesto de carbono en 2035 si no reduce las emisiones: la advertencia de los expertos

Los investigadores apuntan a que la inacción podría desencadenar un colapso climático y económico en una de las regiones más vulnerables del planeta.

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Mariana Goya
Publicada

La región mediterránea está en camino de agotar su presupuesto de carbono restante en 2035 si no se adoptan medidas urgentes para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero.

O, por lo menos, esta ha sido la conclusión de un nuevo informe elaborado por el Basque Centre for Climate Change (BC3) para la organización OceanCare.

Según el estudio, los países del Mediterráneo deberán recortar sus emisiones en torno a un 6% anual entre 2030 y 2050 para cumplir con los objetivos del Acuerdo de París y evitar los peores efectos del cambio climático.

El documento, titulado Remaining Carbon Budget Allocation to Mediterranean Countries, analiza cómo debería repartirse el presupuesto de carbono que queda disponible —es decir, la cantidad máxima de dióxido de carbono (CO₂) que puede emitirse a la atmósfera sin superar los límites de calentamiento global acordados internacionalmente— entre los 21 países signatarios del Convenio de Barcelona.

Y es que, de acuerdo con el estudio, el Mediterráneo se encuentra entre las regiones del mundo más afectadas por el cambio climático.

De hecho, el Centro Mediterráneo de Estudios Ambientales (CEAM, 2024) documenta que la temperatura superficial de este mar ha aumentado 1,5 °C en los últimos 40 años, con una tendencia de calentamiento acelerada en la última década. Y esta evolución amenaza tanto los ecosistemas marinos como el bienestar de las poblaciones humanas que dependen de ellos.

Peces en el mar Mediterráneo.

Peces en el mar Mediterráneo. Damocean Istock

El análisis señala que si las emisiones actuales se mantienen, el presupuesto de carbono regional se agotará en apenas una década.

En ese escenario, los países mediterráneos sobrepasarían los objetivos del Acuerdo de París, que establece el compromiso de limitar el aumento de la temperatura global "muy por debajo de los 2 °C" respecto a los niveles preindustriales y de "esforzarse por no superar 1,5 °C".

"Si las emisiones permanecen en los niveles de 2023, el presupuesto de carbono de la región se habrá consumido completamente en 2035", indica el informe. Para evitarlo, sería necesario reducir las emisiones un 6% anual, una tasa nunca antes registrada de forma sostenida.

El presupuesto de carbono

El estudio del BC3 examina cinco criterios posibles para distribuir el presupuesto de carbono restante entre los países mediterráneos: grandfathering (asignación proporcional a las emisiones pasadas), per capita (según población), per capita convergence (convergencia progresiva hacia una igualdad per cápita), equal cumulative per capita (igualdad acumulada per cápita a lo largo del tiempo) y ability to pay (capacidad económica de cada país para afrontar la transición).

Cada uno de estos enfoques refleja diferentes principios de equidad y viabilidad. Los criterios basados en población son más equitativos, pero implican redistribuciones drásticas del derecho a emitir, mientras que los basados en emisiones históricas resultan más viables políticamente, aunque perpetúan desigualdades.

Bajo el criterio de igualdad acumulada, algunos países, entre ellos Francia, Grecia, Italia y Eslovenia, ya han superado su presupuesto de carbono correspondiente hasta 2100, por lo que, según ese método, deberían detener completamente sus emisiones ya en 2031.

Por el contrario, el método grandfathering reparte el presupuesto de forma proporcional a las emisiones actuales, dando más margen a los grandes emisores, pero sin corregir los desequilibrios históricos.

En conjunto, el informe determina que, cualquiera que sea el criterio aplicado, todos los países mediterráneos deberán acelerar la reducción de sus emisiones a partir de 2030 a un ritmo mucho mayor del previsto en sus compromisos actuales.

Una región en riesgo

El documento detalla que la cuenca mediterránea es considerada un "punto caliente" del cambio climático por su alta vulnerabilidad y densidad de población. Entre 1960 y 2023, la población de la región se duplicó y actualmente unos 540 millones de personas habitan en ella, un tercio de las cuales vive en zonas costeras.

Los impactos climáticos ya son visibles. En las últimas décadas, se ha registrado un incremento en la frecuencia e intensidad de fenómenos meteorológicos extremos como sequías, olas de calor, incendios y tormentas intensas.

Según los datos incluidos en el informe, en el periodo 1980-1999 no hubo ningún año con más de 20 desastres climáticos en los países del Convenio de Barcelona; desde el año 2000, esa cifra se ha superado de forma habitual.

Arrecife de coral en las Illes Medes.

Arrecife de coral en las Illes Medes. Eloi_Omella Istock

El aumento del nivel del mar, la escasez de agua dulce y la degradación de los ecosistemas marinos son algunos de los efectos más preocupantes.

En el norte de África, por ejemplo, se prevé una reducción de entre un 5% y un 40% en la disponibilidad de agua superficial hacia mediados de siglo, lo que podría provocar migraciones internas y transfronterizas.

El informe cita además los daños económicos asociados: bajo escenarios de altas emisiones, las pérdidas económicas podrían alcanzar el 6% del PIB en Francia y el 8% en Italia y Turquía hacia 2100, debido a sequías, inundaciones e incendios.

Al mismo tiempo, el análisis subraya la persistente dependencia de los combustibles fósiles en la región. Según la Agencia Internacional de la Energía (IEA, 2025), el 64% de la producción energética en los países mediterráneos proviene todavía de fuentes fósiles, una proporción que asciende al 76% si se incluye el consumo final.

Egipto, Libia e Israel destacan por su producción de gas y petróleo en alta mar. Egipto, segundo productor de gas fósil de África, consume un tercio del total continental. Su economía depende en gran medida de las exportaciones de combustibles fósiles, que se han incrementado desde el inicio de la guerra en Ucrania debido a las restricciones sobre el suministro ruso.

El informe advierte de que cumplir los objetivos climáticos exigirá dejar sin explotar una parte significativa de las reservas de combustibles fósiles. Esta circunstancia plantea riesgos financieros y sociales, especialmente en países cuya economía depende de la exportación de hidrocarburos.

Cooperación regional

Frente a este escenario, el informe destaca el papel del Convenio de Barcelona, firmado originalmente en 1976 y revisado en 1995, como una plataforma de cooperación clave para los países mediterráneos. Su objetivo es proteger el medio marino y la zona costera frente a la contaminación y promover el desarrollo sostenible en la región.

El documento propone que esta convención sea utilizada como marco para coordinar estrategias de descarbonización y definir un plan de acción regional.

"El Convenio de Barcelona puede servir como un marco esencial de diálogo y cooperación regional, fomentando un enfoque verdaderamente colectivo y ofreciendo una vía hacia el desarrollo de un plan de acción con beneficios compartidos", señala el informe.

En cualquier caso, la principal autora del informe, María Victoria Román, advierte de que el tiempo para una transición gradual ya ha pasado. "La procrastinación climática de los Estados nos aboca a acelerar la transición o afrontar las consecuencias del caos climático", afirma.

Por su parte, Carlos Bravo, especialista en políticas oceánicas de OceanCare, señala que "mantener el Mediterráneo por debajo de 1,5 °C es una misión imposible".

No obstante, insiste en que cumplir con el objetivo de no superar los 2 °C sigue siendo viable, aunque requiere que los países de la región "comiencen la transición para abandonar los combustibles fósiles de manera justa, ordenada y equitativa".

El estudio concluye que la falta de acción inmediata podría obligar a aplicar medidas de mitigación mucho más drásticas y costosas en el futuro, lo que comprometería tanto la estabilidad económica como la seguridad ambiental de la región.