"El presidente Putin utilizó los derechos LGTB como justificación parcial para la invasión a gran escala de Ucrania", dice Graeme Reid, experto independiente de la ONU sobre orientación sexual e identidad. Y es que en los últimos meses se ha visto cómo Rusia ha arremetido contra los derechos de las personas LGTB. En noviembre prohibió movimiento LGBT y lo declaró como una organización extremista, y algunas organizaciones en defensa de los DDHH han documentado la persecución de numerosos activistas del colectivo. 

Este experto, que ejerce al mismo tiempo como profesor invitado de estudios sobre LGTB en la Universidad de Yale, monitoriza la situación de los derechos de las personas lesbianas, gais, bisexuales, trans y otros colectivos en el mundo. Además, es el encargado de estudiar formas de proteger mejor a las personas que sufren violencia y discriminación por su orientación sexual o identidad de género, examinar la aplicación de los DDHH, sensibilizar sobre estas cuestiones y aconsejar a los Estados sobre las políticas que afectan al colectivo. 

Reid cuenta con una trayectoria profesional ligada estrechamente a la investigación y el activismo LGTB. Ha sido directora del Programa de Derechos LGTB de Human Rights Watch en Nueva York. Y antes Reid fue director fundadora de los Archivos de Gays y Lesbianas (ahora conocidos como The GALA Queer Archive) en la Universidad de Witwatersrand (Wits) y profesor de Estudios LGTB en la Universidad de Yale.

En una entrevista por videoconferencia con ENCLAVE ODS ha podido compartir su visión sobre los cambios coyunturales en lo relativo a los derechos LGTB que se están fraguando en algunas instituciones y Estados del mundo, y también ha habido espacio para comentar la ley trans aprobada hace un año en nuestro país. 

Estuvo en el equipo observador del programa de derechos LGTB de la ONU cuando se aprobó la ley trans, ¿España está en el camino correcto?

Ha sido un paso hacia adelante en el reconocimiento legal de género. Está claro que en el derecho internacional y europeo las personas transexuales no deben ser sometidas a un proceso desproporcionado o excesivamente oneroso para obtener el reconocimiento legal de género. Así que reconocemos esto como un progreso y que España se alinea con la legislación y el apoyo internacional y europeo.

Hasta el momento, no hay ni una veintena de países donde sea tan fácil cambiar legalmente de género…

Uno de los principales obstáculos para las personas transexuales es la plena participación en la sociedad, un obstáculo para conseguir empleaos, a lo que se suman las dificultades educativas. Todo ello se vincula con el reconocimiento legal de género.

La norma internacional es un procedimiento sencillo y barato basado en la autoidentificación. Y así se alivia la carga de las personas que son incapaces de operar con eficacia en la vida cotidiana sin tener documentos que reflejen con precisión su género. 

Hace un año, las palabras del papa Francisco dieron la vuelta al mundo: "Ser homosexual no es un delito", dijo en una entrevista para The Associated Press…

Creo que es difícil subestimar el impacto que el papa Francisco está teniendo en cuestiones como la moralidad, el cambio climático o la desigualdad económica; esto también se aplica a la discriminación por razón de sexo o género. 

¿Cree que la Iglesia católica está cambiando su posición con respecto a la homosexualidad?

Este reconocimiento, y el de la declaración Fiducia Supplicans que permite a los curas bendecir [en el sentido pastoral] los matrimonios homosexuales, no creo que eso vaya acompañado de ningún cambio teológico significativo o sustancial. Se trata más de aceptar a un individuo tal y oponerse a las sanciones penales y a la violencia.

Es decir, que para la Iglesia católica la homosexualidad no es un crimen, pero sigue siendo un pecado. 

¿Cómo evalúa la situación de los derechos LGTB en el mundo?

Han sido avances extremadamente positivos en muchos aspectos, sobre todo si echamos la vista 30 años atrás. Uno de los hitos es que están despenalizando gradualmente las conductas homosexuales en todo el mundo. Sin embargo, paralelamente, se está observando una serie de restricciones a la libertad de expresión, de reunión, de asociación… Y me parece que eso es particularmente preocupante en este momento.

¿En qué regiones se están logrando avances?

Es un panorama complicado. No me atrevo a decir esta o aquella región debido a la complejidad de la situación en diferentes partes del mundo. A menudo el continente africano, de donde yo vengo, parece ser uno en el que hay un retroceso contra los derechos LGTB.

Los países asiáticos tienen que hacer progresos. Se han visto avances en Japón, Tailandia o Vietnam en diferentes áreas. En este último destaca el memorando del Ministerio de Salud para dejar claro que la sexualidad no es una enfermedad mental. En Nepal, por otro lado, se está progresando en la aceptación del matrimonio homosexual. Estas son algunas instantáneas. 

¿Cuál es la situación en África?

Hay dos aspectos a tomar en cuenta. Primero, está ganando fuerza un movimiento panafricano por los derechos LGTB: es mucho más visible y ruidoso dentro del continente. Y el rechazo o la retórica exacerbada contra las personas LGTB puede verse, en parte, como una medida del odio de un movimiento africano de personas que se han hecho oír mucho más a la hora de presionar por la igualdad de derechos.

Y en segundo lugar, en algunos países, como Uganda o más recientemente en Ghana, se ha dado un retroceso inconfundible con la promulgación de leyes anti-LGTB. Otros países siguen un rumbo correcto, despenalizando la homosexualidad, como los casos de Mozambique, Angola, Botswana, Mauricio o Seychelles. 

En Ghana, se está tramitando una ley anti-LGTB que contempla, entre otras cosas, una pena de prisión de hasta tres años a cualquier persona condenada por identificarse como LGTBQ+… ¿Hay posibilidad de aprobarse?

El Parlamento ya ha aprobado el texto, y ahora está sobre la mesa del presidente para su aprobación. Queda por ver si lo hará. Ha emitido una declaración en la que dice que entiende la preocupación mundial por el retroceso de los derechos humanos en Ghana y no bajo su mandato, lo que es una señal prometedora.

Además, no ha firmado otros dos proyectos de ley que han llegado a su despacho. Y creo que este es un punto importante a tener en cuenta, que fue el proyecto de ley de los miembros privados el que se presentó, principalmente, pero no exclusivamente, por miembros de la oposición. Y, como muchos países, es un año electoral en Ghana. Y, por lo tanto, se trata de un tema político muy candente.

Ha hablado del contexto, ¿cómo valora esta ley?

Es la ley más extrema del mundo. No solo en términos de su alcance, sino en términos de sus castigos. Se aplica si acabas de decir que eres gay o lesbiana; pero también si dices que apoyas a alguien que es gay o lesbiana, o mantienes un debate o discusión sobre asuntos LGTB. Todo eso sería ilegal, con sus consecuentes condenas. Algunas llegarían a los cinco años de prisión. 

¿Hay algún otro aspecto peligroso?

Sí, la obligación de denunciar a cualquiera que pensaras que pudiera ser LGTB. Eso significaría que ni los trabajadores de la salud estarían exentos ni tampoco los padres. ¿Qué tipo de sociedad crearías? ¿Te imaginas el tipo de chantaje que tendría lugar en un entorno como ese, con gente acusándose de ser esto o aquello? Crearía un clima y un entorno terribles en Ghana.

¿Queda esperanza de que no entre vigor?

La comunidad LGTB en Ghana está contra las cuerdas. Es una situación muy delicada. Creo que hay muchas esperanzas puestas en que el presidente no envíe el proyecto de ley. Hay varias razones técnicas para ello. No se han valorado adecuadamente las implicaciones financieras del proyecto de ley. Y el Tribunal Supremo ha sugerido que la ley contravendría la constitución ghanesa y las leyes internacionales de derechos humanos.

Hay indicios positivos, y creo que el papel que han desempeñado los grupos dentro de Ghana ha sido seguir muy de cerca lo que ocurre en el Parlamento. Pero se teme que aun si no se aprueba, se perpetúe un clima de inseguridad para las personas LGTB. 

Uganda aprobó la Ley contra la homosexualidad en mayo de 2023, donde se incluían condenas a penas de muerte. ¿Existe un peligro real de que se apliquen?

Uganda no ha ejecutado a nadie desde 2005. Esto indica que tenemos una especie de moratoria sobre las ejecuciones [el país se considera retencionista porque aplica "una práctica o política establecida contra la realización de ejecuciones"].

La inclusión de esa provisión la veo como algo simbólico. No estoy convencido de que la gravedad de la ley y de lo malo que es, y que no se aplique en la práctica no lo hace mejor. 

Desde su aprobación, ¿cómo ha evolucionado la situación?

Hemos visto casos de desalojo de viviendas, han aumentado los niveles de violencia y organizaciones LGTB no pueden operar abierta y eficazmente. Ha tenido un impacto muy severo en la libertad de asociación y de expresión. También se ha registrado un gran aumento de solicitantes de asilo ugandeses en países vecinos como Sudáfrica o Kenia.

Esto en realidad precedió a la ley. La Oficina Nacional de Organizaciones No Gubernamentales de Ugandaen realidad, la entidad responsable del registro de asociaciones en Uganda, había elaborado una lista de 22 organizaciones que estaban siendo investigadas, y varias ya habían sido prohibidas, incluida la organización paraguas Sexual Minorities Uganda.

En noviembre de 2023, el Tribunal Supremo ruso declaró "extremista" al "movimiento internacional LGTB y sus unidades estructurales". ¿Sigue de cerca los derechos del colectivo LGTB en ese país? 

La sentencia es significativa. Hay que detenerse a analizar cómo se caracteriza el movimiento LGTB. Se habla de una entidad "pública internacilal". En la práctica no existe esa entidad; es un caso de farsa. No ha sido hasta este pasado enero cuando el texto de la sentencia se hizo público, y en él se afirma que 281 "participantes activos" en el movimiento han sido identificados personalmente, pero no aclara cómo ni por quién.

Sabemos que ha habido multas administrativas, emitidas a personas por llevar o, mostrar banderas del arco iris, ya sea en redes sociales o en persona. El punto de esta ley es hacer que la gente se autocensure. Sucede lo mismo que en 2013, cuando se aprobó la primera ley de propaganda gay: hizo que la gente se sintiera muy intimidada e inhibida.

Ha llegado a afirmar que se emplea como un recurso político en Rusia y otros países gobernados por conservadores populistas…

Esa sentencia y la ley rusa de propaganda gay se utilizan políticamente dentro de Rusia para consolidar una base de apoyo conservadora. Y, al mismo tiempo, se emplea geopolíticamente para que Rusia se posicione como el tipo de supuesto defensor de los valores tradicionales. 

Rusia también ha estado utilizando para sofocar la oposición política mediante la designación de grupos como organizaciones extremistas. Y también los Testigos de Jehová, por supuesto, han estado durante años sujetos a la misma disposición y han sido perseguidos dentro de Rusia bajo la misma disposición. Así que no es nuevo. Es un viejo libro de jugadas, pero el objetivo de los cambios y los cambios, de acuerdo con la conveniencia política del momento.

¿Cómo operan ahora los activistas LGTB?

La mayoría de las organizaciones que trabajan sobre orientación e identidad sexual en Rusia se ven obligadas a trabajar clandestinamente porque no pueden operar abiertamente. Y las personas corren el riesgo de que se considere que participan en una organización extremista, en cuyo caso las consecuencias serían mucho más graves que una multa. De hecho, podrían enfrentarse a penas de hasta 12 años de prisión por participar activamente en una organización o financiar una organización designada como grupo extremista.

¿Es una especie de arma geopolítica?

Un momento extraordinario fue cuando los avances en torno a los derechos LGTB fueron utilizados por el presidente Putin como justificación parcial para la invasión a gran escala de Ucrania. ¿Cómo es posible que los derechos humanos de las personas LGTB, una minoría vulnerable, pueda adquirir este simbolismo, como si fuera de alguna manera una amenaza fundamental a la base misma de la sociedad rusa.

¿Se sigue instrumentalizando en el discurso?

En todos los aspectos es una afirmación absurda. Los derechos de las personas LGTB se han convertido en una especie de abreviatura de otras divisiones políticas. Así, en el ejemplo ruso, las prácticas homosexuales se ilustran como una consecuencia de la excesiva permisividad de Occidente. Y a nivel local, los ataques a las personas LGTB se utilizan para reforzar la posición política, algo que se acentúa en época de elecciones. 

En un artículo para Política Exterior escribiste que lo que motivan las medidas anti-LGTB no son conceptos como el de familia, cultura u ortodoxia religiosa, sino el derecho a decidir sobre el propio cuerpo…

Tampoco aplicaría esta afirmación solo a los derechos LGTB, está en la esencia misma de los DDHH. Se percibe en las restricciones a los derechos de las mujeres, como los reproductivos. Los Estados autoritarios o los Estados que se rigen por principios religiosos muy estrictos controlan tu autonomía corporal, es decir, quién puede tomar decisiones sobre tu cuerpo.