La inyección letal, tal y como lo conocemos hoy, fue presentada por primera vez por el médico estadounidense Jay Chapman en 1977 en el estado de Oklahoma. Este método, afirmaba, era más barato y más humano que otros métodos que por aquel entonces se aplicaban como la electrocución o el gas letal. 

Un lustro después, en 1982, Texas fue el primer estado en administrar una dosis de inyección letal para ejecutar a Charles Brooks Jr. Desde entonces, este método de ejecución se ha convertido en el más habitual de Estados Unidos. “De las 22 ejecuciones judiciales acontecidas durante 2019 en este país, 20 lo fueron por inyección letal”, explica el Francisco López-Muñoz en un artículo publicado en The Conversation. 

Este procedimiento se ha extendido a otros países del mundo como China, Tailandia, Guatemala —aunque abolió la pena de muerte en casos civiles en 2017—, Taiwán, Maldivas, Nigeria o Vietnam. En el caso de Tailandia, donde Daniel Sancho sigue esperando el juicio, se adoptó la inyección letal en 2003, aunque no se ejecuta a ningún preso desde el año 2018. 

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Lo que más sorprende tras casi cinco décadas es que aún no exista un consenso sobre la combinación exacta de fármacos y dosis que se deben utilizar para la inyección letal. Para realizar la ejecución, el procedimiento consiste en atar al prisionero a una camilla acolchada como las que normalmente se utilizan en los hospitales para trasladar a los pacientes y después se le administra las sustancias químicas.  

Hasta finales de la primera década del siglo XXI, la inyección letal consistía principalmente en tres sustancias químicas, inyectadas en el siguiente orden, según la enciclopedia online Britannica: 

1. Tiopental sódico, un anestésico barbitúrico que induce una pérdida profunda del conocimiento en unos 20 segundos. 
2. Bromuro de pancuronio, un relajante muscular que, administrado en dosis suficientes, paraliza todos los músculos voluntarios del cuerpo. 
3. Cloruro de potasio, que induce un paro cardíaco irreversible. 

Si todo va según lo planeado, la ejecución se completa en cinco minutos y la muerte suele producirse en menos de dos minutos tras administrar la inyección letal. Sin embargo, en algunas ocasiones, este procedimiento se ha extendido hasta las dos horas. En 2009, por ejemplo, se tuvo que detener una ejecución en Ohio, ya que los verdugos no fueron capaces de encontrar una vena utilizable. 

Y es que, en el caso de Estados Unidos, los médicos no participan en las ejecuciones. “La Asociación Médica Americana establece, desde la perspectiva ética, que ningún médico debe participar en las ejecuciones, en ninguna manera, salvo en la certificación de la muerte del recluso”, indica López-Muñoz. 

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A todo estos problemas se ha unido la escasez de fármacos, por lo que los estados de Estados Unidos han adoptado nuevos métodos de inyección letal, varios de ellos con dudosa efectividad. Siete estados —Florida, Ohio, Oklahoma, Alabama, Virginia, Arkansas y Tennessee—, según el Centro de información sobre la pena de muerte de Washington, han utilizado el midazolam como primer medicamento en el protocolo de tres medicamentos. 

Entre otras ejecuciones fallidas con este medicamento están las de Clayton Lockett en abril de 2014 en Oklahoma; Ronald Smith en diciembre de 2016 en Alabama; o Kenneth Williams en abril de 2016 en Arkansas. En el caso del último reo, los testigos de la ejecución informaron tos, convulsiones y sacudidas.  Varios estudios han mostrado que  las inyecciones letales fallidas pueden infligir al prisionero dolor e indignidad innecesarios.

Por ello, López-Muñoz duda que aplicar una inyección letal sea un método ‘más humano’ que otros procedimientos de ejecución. Aun así, señala, “ya no se trata de pensar en protocolos ‘más humanos’, hecho éticamente reprobable también, sino de plantear abiertamente la abolición definitiva de la pena capital”.