883 personas fueron ejecutadas durante el año 2022 en 20 países, lo que supone un aumento del 53% respecto al año anterior, según ha indicado el nuevo informe anual sobre la pena de muerte de Amnistía Internacional publicado este martes. Las ejecuciones, que no incluyen las miles que se creen que se llevaron a cabo en China, estuvieron encabezadas por los países de Oriente Medio y el norte de África. 

“Los países de la región de Oriente Medio y el norte de África violaron el derecho internacional al aumentar las ejecuciones en 2022, revelando una cruel indiferencia hacia la vida humana”, afirmó en un comunicado Agnès Callamard, secretaria general de la oenegé.

El 90% de las ejecuciones conocidas que se produjeron en el último año, a excepción de las chinas, se llevaron a cabo en tres países de la región: Irán, Arabia Saudí, Egipto. En Irán aumentaron de 314 en 2021 a 576 en 2022. En Arabia Saudí, las cifras se triplicaron, pasando de 65 en 2021 a 196 en 2022, la cifra más alta registrada por Amnistía en este país en las últimas tres décadas. En Egipto, se ejecutaron 24 personas. 

“Arabia Saudí ejecutó la impresionante cifra de 81 personas en un sólo día. Más recientemente, en un intento desesperado de acabar con el levantamiento popular, Irán ha ejecutado a personas sólo por haber ejercido su derecho a protestar”, aclaró Callamard.

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Además de estos países, el uso de la pena de muerte siguió rodeado de secretismo en varios países del mundo. Según afirma este informe, en países como China, Corea del Norte o Vietnam no se conoce una cifra exacta, aunque hay constancia de que se aplica este tipo de penas de forma amplia. 

En el caso de China, Amnistía cree que aunque se desconoce el número real y preciso de personas que fueron ejecutadas durante el último año, sigue siendo el país con un mayor número de ejecuciones anuales del mundo, por delante de Irán, Arabia Saudí, Egipto y Estados Unidos. 

Sumado a todo ello, cinco países reanudaron la aplicación de la pena capital durante el año 2022: Afganistán, Palestina, Kuwait, Myanmar y Singapur. 

Pena capital por tráfico de drogas

Otro dato sombrío que destaca el informe es el número de personas ejecutadas por delitos de drogas, que se duplicó en comparación con el año anterior. Algo que, señalan desde Amnistía, contradice el derecho internacional de los derechos humanos, que establece que sólo se aplicará esta pena en aquellos delitos más graves, es decir, aquellos en los que hubo un homicidio intencional. 

 “Casi el 40% de todos los casos de pena capital fueron aplicados a personas imputadas con delitos relacionados con las drogas”, remarcó Beatriz Martos, responsable de la campaña contra la pena de muerte de Amnistía Internacional España. Y esto, añade, repercute sobre todo “a las personas de entornos desfavorecidos”.

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Según Amnistía, se documentaron ejecuciones por delitos de drogas en Arabia Saudí (57), China, Irán (255) y Singapur (11), que representaron el 37% del total de las ejecuciones mundiales en 2022.  

“Ya es hora de que los gobiernos y la ONU aumenten la presión sobre los responsables de estas violaciones flagrantes de los derechos humanos y garanticen el establecimiento de salvaguardias internacionales", afirmó Callamard. 

La nota positiva 

En un año en el que los datos empeoraron, también aparecieron ciertos brotes verdes. Un rayo de sol, como señala el informe. Cuatro países abolieron la pena de muerte durante el último año. Kazajistán promulgó una nueva ley que abolía la pena capital. En abril, entraron en vigor las reformas del Código Penal que revocaron esta práctica en Papúa Nueva Guinea. 

En Sierra Leona entró en vigor la Ley de Abolición de la Pena de Muerte en abril de 2022. Y en junio el presidente Faustin-Archange Touadéra de la República Centroafricana convirtió en ley un proyecto legislativo que abolía la pena de muerte y había aprobado el Parlamento nacional un mes antes. 

“Cuando tantos países siguen relegando la pena de muerte al vertedero de la historia, es hora de que otros sigan su ejemplo. Acciones brutales como las realizadas en países como Irán y Arabia Saudí, así como en China, Corea del Norte y Vietnam, son ya una minoría. Estos países deben adaptarse con urgencia a los tiempos, proteger los derechos humanos y hacer justicia en lugar de hacer ejecuciones”, afirmó Callamard.

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En total, indica el informe, el número de países que aplicaron la pena capital durante el año 2022 fueron 19. Esto es, un 10% de los 193 Estados miembros de las Naciones Unidas. 

Asimismo, durante el año anterior, dos países (Guinea Ecuatorial y Zambia) abolieron la pena capital para los delitos comunes. Este impulso positivo continuó en otros países como Liberia o Ghana, donde se adoptaron medidas legislativas hacia la abolición de la pena de muerte. Las autoridades de Sri Lanka y Maldivas declararon que no iban a recurrir a este tipo de penas y en el Parlamento malasio se presentaron proyectos de ley para abolir la muerte preceptiva. 

“Con 125 Estados miembro de la ONU —más que nunca— que piden una moratoria de las ejecuciones, Amnistía Internacional no ha sentido jamás tanta esperanza como ahora de que este abominable castigo puede ser relegado a los anales de la historia y de que va a ser así”, señaló la secretaria general de Amnistía. 

Y concluyó: “Las trágicas cifras de 2022, sin embargo, nos recuerdan que no podemos dormirnos en los laureles. Seguiremos haciendo campaña hasta que la pena de muerte quede abolida en todo el planeta”.