Aquel día, un potente terremoto de magnitud 9,1 –el cuarto más intenso en 500 años–, producido a 130 kilómetros de la costa de Japón, hizo saltar todas las alarmas. El enorme temblor desplazó hasta 45.000 kilómetros cuadrados de superficie de tierra y provocó un tsunami con olas de hasta 15 metros de altura que alcanzó la costa nipona sin freno posible. El resultado: más de 2.000 desaparecidos, unas 20.000 muertes y casi medio millón de desplazados.

La catástrofe no terminó ahí. El seísmo fue detectado automáticamente por los sistemas de alerta de la planta nuclear de Fukushima Daiichi, en la ciudad de Okuma. Poco después, el gran tsunami provocado por el terremoto golpeó la zona donde se ubicaba, rompiendo sus diques de contención. La planta se inundó, se apagaron los reactores y los generadores diésel de emergencia que mantienen refrigerados los núcleos de la central se encendieron. Pero de nada sirvió.

En los días posteriores, el combustible nuclear se sobrecalentó y la planta sufrió dos explosiones en los reactores 1 y 3, así como del edificio del reactor 4. El material radiactivo se comenzó a filtrar a la atmósfera y se extendió por el Océano Pacífico, lo que a su vez generó una ola de evacuaciones y una zona de exclusión que crecía con el paso de los días. La magnitud del accidente fue tal que se calificó con el nivel 7 por la Agencia Internacional de la Energía Atómica, el más elevado y a la altura del otro gran desastre de nuestra era: el de la central nuclear de Chernobyl.

Evolución de la radiación en el aire en el entorno de Fukushima entre 2011 y 2020.

Las culpas tras aquel accidente han viajado de unos a otros. En un principio, se acusó a Tokyo Electric Power (TEPCO), el operador de la planta, de una respuesta confusa por no planificar el evento y no cumplir con los requisitos de seguridad. Sin embargo, un juicio celebrado en 2017 dio la razón a 137 de los evacuados que reclamaron pagos por los daños: la responsabilidad del desastre fue mitad del gobierno, mitad de TEPCO. Se dictaminó que se podría haber evitado si los reguladores gubernamentales hubieran ordenado la toma de medidas preventivas de seguridad.

12 años después de aquel desastre, perduran la catástrofe y el debate sobre cómo deshacerse de los residuos radiactivos mientras se produce el desmantelamiento de la central. Como también se mantiene la angustia de 37.000 personas que aún no han podido regresar a sus casas.

Durante estos años, el país nipón ha estado tratando las aguas residuales de la central de Fukushima. En este tiempo se ha acumulado en tanques gigantescos. Cada día, la central produce hasta 100 metros cúbicos de agua contaminada. No obstante, los más de 1,3 millones de metros cúbicos han llevado a las instalaciones al máximo de su almacenamiento.

Imágenes recientes de la central de Fukushima Daiichi (Japón) y estado de las unidades 1, 2, 3 y 4. TEPCO vía SINC

En principio, el complejo sistema ALPS de la planta de tratamiento de Fukushima Daiichi elimina la mayor parte de los isótopos radiactivos peligrosos (como el cesio o el estroncio). Sin embargo, no está tan claro con otros como el tritio, un isótopo del hidrógeno, que no pierde la mitad de su radiactividad hasta pasados más de 12 años.

Así las cosas, como informó Reuters, el gobierno japonés aprobó en abril de 2021 verter al mar las aguas residuales tratadas del accidente. Según los reguladores nipones, la liberación en el mar es segura, a pesar de que aún contenga rastros de tritio, y podría llevarse a cabo durante la primavera o, a más tardar, el verano de este año. No obstante, se hará de una forma controlada y gradual, lo que podrá llevar unos 40 años hasta completarse.

[El 'plan Fukushima' sigue adelante: verterán al mar miles de toneladas de agua con residuos radiactivos]

Según recoge un artículo de Science, aunque "la óptica es terrible", liberar el agua en el Océano Pacífico es lo correcto, asegura Nigel Marks, científico de materiales nucleares de la Universidad de Curtin, en un comunicado publicado por el Australian Science Media Centre. Al diluir estos residuos, la "radiactividad puede reducirse a niveles seguros" comparables a las exposiciones de radiografías médicas y viajes en avión.

El plan cuenta, además, con el respaldo y el visto bueno del Organismo Internacional de Energía Atómica. Según ha reconocido, las descargas controladas de agua al mar se utilizan habitualmente en las centrales nucleares en funcionamiento en el mundo y en la región asiática bajo las autorizaciones reglamentarias específicas basadas en evaluaciones de impacto ambiental y de seguridad.

Un plan que no convence

Ante la inminente puesta en marcha de este plan a lo largo de los próximos meses, China ha salido a la palestra para condenarlo, lo que se une a las repetidas quejas pasadas acerca del asunto. Para Mao Ning, portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, el comportamiento de Japón es "extremadamente irresponsable", como ha reconocido en una rueda de prensa diaria. 

El representante chino asegura que “la liberación por parte de Japón de agua contaminada con energía nuclear tratada de la planta de Fukushima es una preocupación para el medio ambiente marino mundial y la salud pública, que no es un asunto privado de la parte japonesa”. Además, ha dejado claro que “hasta que se logren una consulta y un acuerdo completos con los países vecinos y otras partes interesadas e instituciones internacionales relevantes, la parte japonesa no iniciará la descarga de agua contaminada con energía nuclear en el mar sin autorización”.

Además de China, el Foro de las Islas del Pacífico, una organización de casi 20 países y regiones, incluidos Australia y Nueva Zelanda, ha pedido que se posponga la descarga al océano por su impacto negativo en la industria pesquera. Estos últimos creen que la idea de verter estos residuos, aunque sea de manera controlada, va a crear desconfianza sobre los peces que pescan y venden posteriormente a los consumidores.