Imagen de la Guardia Civil.
Desarticulan una red que empadronó a más de 400 inmigrantes de manera irregular en Seseña: 91 en el mismo domicilio
La Guardia Civil ha detenido a cuatro personas en relación a una trama que cobraba a cada persona entre 300 y 400 euros.
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La Guardia Civil ha detenido a cuatro personas acusadas de pertenecer a una red criminal a la que se le acusa de haber captado a más de 400 ciudadanos extranjeros en situación irregular para facilitarles, a cambio de una contraprestación económica, la documentación necesaria para regularizar su situación administrativa en nuestro país a través de padrones irregulares.
La investigación arrancó cuando el Instituto Armado detectó un incremento desproporcionado e inusual de solicitudes de empadronamiento en la localidad de Seseña (Toledo). En algunos domicilios figuraban empadronadas numerosas personas, llegando a registrarse hasta 91 empadronamientos en una misma vivienda.
Tras realizar un análisis pormenorizado de los expedientes de empadronamiento tramitados, la Guardia Civil comprobó que numerosas solicitudes habían sido efectuadas de forma reiterativa por las mismas personas o mediante contratos de arrendamiento en los que existían evidentes indicios de falsedad documental.
La investigación pudo determinar la existencia de una estructura organizada dedicada a captar ciudadanos extranjeros en situación irregular de diferentes nacionalidades, principalmente Marruecos, Túnez, Argelia y Egipto.
La trama cobraba entre 300 y 400 euros a cada persona por regularizar su situación administrativa en España.
Los principales métodos utilizados consistían en la falsificación de documentos y en la presentación de autorizaciones supuestamente firmadas por propietarios de viviendas, con el objetivo de obtener empadronamientos irregulares.
Los investigadores han podido recopilar múltiples denuncias y manifestaciones de víctimas, llegando a afectar a 400 personas.
Imagen de uno de los detenidos en el cuartel de la Guardia Civil de Seseña.
Voz de alarma municipal
Desde el Ayuntamiento de Seseña, el alcalde Jaime de Hita ha confirmado a EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha que la voz de alarma fue dada desde las oficinas municipales del padrón al detectar "posibles irregularidades" en algunos domicilios.
"Pusimos en alerta a los cuerpos y fuerzas de seguridad de que algo podría estar pasando", ha asegurado el primer edil, quien cree que "para llegar al éxito ha sido clave la colaboración entre Guardia Civil, Policía Local y Ayuntamiento en su conjunto".
De todas maneras, De Hita ha asegurado que los empadronamientos irregulares es una práctica que "no solo está afectando a Seseña" aunque en esta operación se haya destapado una trama de magnitud considerable.
"Vamos a aprobar una ordenanza, por recomendación de la Mancomunidad Sagra Alta, en la que se van a introducir cambios para que si se sobrepasan ciertos parámetros como el número de habitantes por metro cuadrado en un domicilio, nos salte una alarma", ha agregado.
En este sentido, ha recordado que desde las dependencias municipales a veces se hace complicado el control en municipios como el suyo donde se produce "un trasiego frenético" de padrones por el crecimiento demográfico.
La mayoría en 2025
Por su parte, el delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha, José Pablo Sabrido, ha puntualizado que "muchos" de estos empadronamientos, "más del 50 %", tuvieron lugar "antes del 31 de diciembre de 2025 o antes del 1 de enero de 2026".
De ahí que haya querido dejar claro que esta operación "no es contra el proceso de regularización", sino que busca "esclarecer empadronamientos ilegales" detectados en el municipio sagreño.
Sabrido, que ha respondido a los medios sobre esta actuación de la Guardia Civil en un acto de repulsa por los últimos asesinatos machistas, ha recordado que "en ningún caso la regularización contempla empadronamientos ilegales ni la regularización va a permitir que a través de ella se pueda haber cometido ningún tipo de delito".
No obstante, ha querido aclarar que se trata de "una competencia exclusivamente municipal" por lo que tiene que ser el Consistorio el que "deberá comprobar o haber comprobado si estos empadronamientos responden a la realidad o no".
"La Guardia Civil, en este caso, lo que está vigilando es que se cumpla la ley y que se cumpla la ley es bueno para todos, para los empadronados y para los no empadronados, y por supuesto para la regularización", ha sentenciado.
