La Guardia Civil ha desarrollado una operación conjunta con Colombia que ha permitido desarticular una organización criminal internacional que obligaba a mujeres colombianas a prostituirse en pisos privados de Toledo, A Coruña y Cáceres. El operativo ha terminado con siete detenidos, cuatro de ellos en España.

La organización usaba sicarios para extorsionar a los familiares de las víctimas, que aprovechando su vulnerabilidad eran engañadas con falsas promesas de trabajar en España como camareras. Lo que hacían eran llevarlas a pisos privados para que ejerciesen la prostitución, una actividad ilícita que hizo a la organización obtener entre 25.000 y 35.000 euros por cada una de ellas.

Según informa la agencia Europa Press, hay constancia de al menos 50 víctimas en los últimos cuatro años, que tenían entre 18 y 25 años. Estas eran obligadas a pagar mensualmente una cuota fruto de su explotación sexual.

Además, los miembros del grupo en Colombia amenazaban y utilizaban, incluso, la violencia contra familiares directos para acabar con cualquier reticencia de pago por parte de las víctimas. Este grupo era conocido como 'Los Pachelly', con fuertes vinculaciones a otros históricos clanes criminales como el 'Clan del Golfo'. A los detenidos se les imputan delitos de trata de seres humanos con fines de explotación sexual, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal.

'Operación Estorque'

Las detenciones se han producido en el marco de la 'Operación Estorque', que se inició gracias a la denuncia de una víctima de trata, ahora testigo protegida. Esta estaba vigilada 24 horas "bajo llave", al igual que las demás. Según el teniente Félix Durán, "aprovechó uno de los envíos de dinero que tenía que hacer para llamar a una persona". "Es la persona más valiente que he conocido en mucho tiempo".

Por su parte, la fiscal de Sala de Extranjería, Beatriz Sánchez, ha destacado el trabajo conjunto, expresando que, desde la pandemia, Colombia lidera la lista de países desde los que se captan más víctimas.

Hijo de una de las víctimas

Al mismo tiempo que se ejecutaban las actuaciones en ambos países, se consiguió trasladar de forma segura a España al hijo de una de las víctimas, en coordinación entre las autoridades colombianas y españolas con ONG e instituciones sociales. "La prioridad es la protección de las víctimas y, a partir de ahí, investigar y desarticular la trama", ha afirmado el coronel jefe de la Unidad Central Operativa (UCO), Alfonso López Malo.

En la fase de ejecución de la operación en España, se ha contado con la participación directa de agentes de la Policía Nacional de Colombia (DIJIN), de la misma manera que investigadores de la Sección de Trata de Seres Humanos de la UCO se trasladaron al país. La operación, dirigida por el Juzgado de Instrucción número 1 de Santiago de Compostela, se enmarca en el Plan de Actuación de la Guardia Civil contra la Trata de Seres Humanos. Además de agentes de la UCO y la DIJIN, han participado efectivos de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de Lugo, así como las Fiscalías de España y Colombia.